Los encausados serían los generales y ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias; los oficiales Juan Pérez Santillán y Marcelo Sandoval; el suboficial activo Nelson Román; los civiles Nelson Hernández, Raúl Lillo Gutiérrez y la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva.
El ministro en visita Alejandro Madrid, que sustancia el proceso por el homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, está preparado para dictar este lunes el primer gran golpe contra los funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), organismo que, a través de la Unidad Especial, operó a principios de los 90 obstruyendo la justicia en casos de derechos humanos.
Es así que, hasta el cierre de esta nota, para el 29 de diciembre estaban citados para notificarse de una ampliación de auto de procesamiento nueve personas que tienen distinta participación en el operativo que sacó a Berríos de Chile con destino a Uruguay, en octubre de 1991. Con esa acción se evitó que prestara declaración en el caso Letelier.
Fuentes ligadas al proceso dijeron que las personas serán notificadas en el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago. Hasta el lugar deberían concurrir los generales y ex directores de la DINE, Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias. Los oficiales Juan Pérez Santillán, mayor activo Marcelo Sandoval, el suboficial activo Nelson Román y los civiles Nelson Hernández y Raúl Lillo Gutiérrez. Estaría también en la lista la ex secretaria de la Unidad Especial, Erika Silva. Posiblemente también deberán concurrir al tribunal el mayor (r) Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa.
Según informaron fuentes cercanas a la investigación, el magistrado ya cuenta con todos los elementos para dictar auto de procesamiento por asociación ilícita para obstruir la justicia.
La resolución de Madrid termina por configurar definitivamente el andamiaje que se montó desde la más alta jerarquía del Ejército a principios de los 90 -cuando Augusto Pinochet era el comandante en Jefe- para ocultar en otros países a agentes vinculados a las violaciones a los derechos humanos y así evitar que declararan en varios procesos emblemáticos.
La llamada "operación silencio" comenzó en abril de 1991, cuando la DINE sacó de Chile al entonces capitán y ex agente de la CNI Luis Arturo Sanhueza Ros. Este agente fue ocultado en Argentina en momentos en que se le vinculaba con el homicidio del dirigente del MIR Jecar Negme y el empresario gastronómico Aurelio Sichel.
En septiembre del mismo año, abandonó el país el mayor Carlos Herrera Jiménez, hoy condenado por el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro.
En octubre del 91, Eugenio Berríos fue sacado por la misma Unidad Especial. El factor común en los tres casos fue que todos pasaron por una estadía en Montevideo, Uruguay.
Sin embargo, el químico no corrió la misma suerte que Sanhueza Ros y Herrera Jiménez. Según ha podido comprobar el ministro Madrid, Berríos fue asesinado por el jefe de la Unidad Especial, mayor (R) Arturo Silva -El Príncipe- entre fines de 1991 y principios de 1992. Los restos del químico fueron hallados en un balneario del mismo país en abril de 1995 con dos tiros en el cráneo.
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