Si las predicciones se hubieran cumplido, este año habría estado marcado por la conmemoración número 30 del golpe de Estado. Sin embargo, los escándalos de corrupción y el involucramiento de parlamentarios en una red de pedofilia fueron la noticia. Pero no todo fue negativo: algunas crisis se transformaron en acuerdos.
Si bien a las crisis se les suele asociar con conceptos negativos, una de las más importantes que debió enfrentar el Gobierno -entre finales del año 2002 y comienzos del 2003-, debido al estallido de los casos coimas, MOP-GATE e Inverlink, resultó ser beneficiosa para el país.
Producto de estos escándalos de corrupción que remecieron a la clase política surgió un importante acuerdo entre la derecha y La Moneda que permitió generar una serie de proyectos legislativos destinados a modernizar las instituciones del Estado y, con ello, impedir la insipiente corrupción.
La debacle que se veía venir a partir de las denuncias realizadas por el empresario rancaguino Carlos Filippi, quien hizo pública la existencia de una supuesta red de contactos que le habría permitido la creación de un millonario negocio a través de la adjudicación de plantas de revisión técnica, fue contenida por el Gobierno con la ayuda de la oposición.
Quizás lo más importante del año, pero que claramente no ocupó tantas portadas como las crisis que lo generaron, fueron los proyectos de modernización, los que incluyeron, entre otros aspectos, la transparencia y financiamiento público de las campañas políticas, la reducción de los cargos de "exclusiva confianza" de más de cinco mil a casi 700 y la modernización del aparato público. Esto, incluido la obligatoriedad de los servicios públicos a dar respuesta a los ciudadanos en un plazo definido -y así terminar con las esperas eternas- y el proyecto de firma digital.
Esta poco habitual alianza entre el Gobierno y la derecha se produjo debido a que, por esos días, no sólo se destapó el llamado caso Coimas, sino que a partir de éste quedaron de manifiesto otras "irregularidades", pero esta vez en el ministerio de Obras Públicas. El polémico pago de sobresueldos, a través de una serie de triangulaciones efectuadas por la empresa GATE, terminó por involucrar y encarcelar por presuntos hechos de corrupción al ex ministro de la cartera, Carlos Cruz, entre otros funcionarios. El caso se sigue investigando en los tribunales de Justicia.
A ello se sumó el caso Inverlink, que, aunque estalló los últimos días de enero de 2003 cuando el Gobierno, la derecha y la Concertación suscribían el acuerdo para concretar la Agenda de Modernización y Transparencia, causó considerable revuelo tanto en el ámbito político como económico.
Estos fueron los principales hechos que motivaron que el Gobierno aceptara la ‘ayuda’ de la oposición para evitar el desprestigio de las instituciones, que estaba siendo puesto en duda desde todos los sectores políticos.
Acuerdo de gobernabilidad
El acuerdo legislativo alcanzado a toda velocidad a inicio de año favoreció políticamente a todos, aun cuando no se concretó con la misma rapidez ni eficiencia. Con ello, el Gobierno demostró que no estaba dispuesto a permitir que las instituciones del Estado comenzaran a ser socavadas por escándalos de corrupción y evitó que se pusiera en duda la gobernabilidad.
Para esto, el Ejecutivo necesitó la ayuda de Pablo Longueira -quien en ese entonces se encumbraba como el verdadero líder de la posición- precursor indiscutible del acuerdo, lo que le granjeó, meses después, que la opinión pública lo colocara en el selecto grupo de los cinco políticos con más futuro. La Moneda también agradeció el gesto de Longueira y, desde ahí, lo consideró un interlocutor válido para lograr el consenso en materias políticas y legislativas, posición que se comenzó a desdibujar paulatinamente a partir del segundo semestre del 2003.
Por otra parte, se generó un blindaje para el jefe de Estado que estaba comenzando a ser nombrado en el caso MOP-GATE. El rumor que circulaba soterradamente en el ambiente político era que si se ‘hilaba fino’ se podría haber llegado a la conclusión que durante su gestión como ministro de Obras Públicas tendría que haber conocido los sobresueldos.
Sin embargo, con el acuerdo, el discurso tanto de la Concertación como de la derecha se uniformó, quedando fuera de cualquier cuestionamiento la figura presidencial. Así fue generalizada la opinión de que el jefe de Estado nunca pudo conocer los hechos que afectaban al ministerio de Obras Públicas y que estaba fuera de toda duda su gestión en esa cartera. Esto, al menos en el ámbito político.
Aunque la Concertación fue la menos favorecida, la opinión pública también valoró que sus parlamentarios y dirigentes se prestaran para ‘corregir’ las deficiencias del Estado, que pudieran haber permitido que ocurrieran hechos "aislados" de corrupción y que concurrieran con sus votos y con el trabajo en consenso con la derecha para que se eviten estos hechos en el futuro.
Derechos Humanos: el fin de la luna de miel
Cuando comenzaba a terminar el semestre, y ya con todos los casos que dividían al país en tribunales, comenzó el fin de la tregua entre el Gobierno y la oposición.
Ni el escándalo que generó el 2001 el pago realizado por Investigaciones a informantes como Lenin Guardia, ni el escándalo generado el 2002, cuando el entonces jefe de la unidad de antinarcóticos de Iquique dio doping positivo, lograron sacar a Nelson Mery del mando de la Policía de Investigaciones. Esto, pese a la insistencia de la oposición, que se preguntaba qué "secretos" podría estar guardando el jefe policial para que el Ejecutivo lo respaldara con tanto ahínco.
Sin embargo, las denuncias de agrupaciones de detenidos desaparecidos de Linares y Parral, que lo sindicaron como "partícipe de la detención de personas que hoy están desaparecidas» y la denuncia en su contra de la ex presa política Odette Alegría, quien aseguró que durante su detención fue ultrajada por Mery, terminaron con su, hasta ese entonces, cerrado apoyo gubernamental.
Lo que comenzó con un firme respaldo del Gobierno, terminó por desvanecerse hasta que fue aceptada su renuncia a la jefatura de la Policía de Investigaciones, tras permanecer 12 años en el cargo.
Junto a esto, se logró uno de los objetivos permanentes de la derecha: un período límite para el cargo de director de la Policía de Investigaciones y, además, que este puesto fuera ocupado por alguien que hubiera hecho carrera en la institución. El Congreso una vez más legislaba en caliente iniciativas que fueron discutidas por años.
Pero el escándalo generado a mediados de año por el caso Mery también repercutió en los partidos de la Concertación, especialmente en el PPD y en el PS, colectividades que se debatieron entre el apoyo y la condena.
Así, mientras el recién asumido presidente del PS, Gonzalo Martner, pedía la salida de Mery o, en su defecto, el alejamiento de su cargo mientras la justicia investigaba los hechos, algunos parlamentarios de la colectividad hacían público su respaldo al jefe policial por su labor en la ayuda a la justicia para procesar y condenar a violadores de los derechos humanos.
Quizás fue el PPD la colectividad que tuvo la actitud más esquizofrénica frente al caso Mery. Mientras los diputados Laura Soto y Jorge Tarud oficiaron como abogados defensores de Odette Alegría, el abogado de la misma colectividad Jorge Mario Saavedra tomó la defensa de Mery. Así la directiva tomó una postura: un respaldo cerrado a quien patrocinaba a la denunciante y a quien defendía al denunciado.
Pero las acusaciones en contra Mery abrieron un nuevo debate respecto a los derechos humanos, el que había sido poco a poco olvidado por la opinión pública en medio de los escándalos de corrupción.
Fue el presidente de la UDI, Pablo Longueira, el primero en estremecer el ambiente político cuando en una entrevista televisiva aseguró que su colectividad se había reunido con familiares de detenidos desaparecidos y que preparaba una propuesta de derechos humanos. Esto a pocos meses de cumplirse 30 años del golpe de Estado.
De ahí en adelante, el ambiente político se movió por las críticas de la Concertación, conglomerado que aseguraba que la UDI no podía hacerse cargo de una propuesta de derechos humanos, pues había avalado las violaciones de éstos durante el régimen de Pinochet.
Los partidos y las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos comenzaron una carrera por presentar distintas propuestas para dar solución al tema. Finalmente, el 12 de agosto, el Presidente Lagos dio a conocer su propuesta, la que en teoría reunía los criterios de cada uno de los partidos.
Todo esto, en miras de lo que sería la conmemoración de los 30 años del golpe de Estado, el que se vivió -pese a los pronósticos más pesimistas- en un ambiente de relativa calma y plagado de gestos simbólicos.
30 años
Pese a que se temía que la conmemoración de los 30 años fuera una fecha donde se "santificaran" las figuras de Allende y de Pinochet, sólo hubo un consenso en todos los sectores políticos: Pinochet es un actor del pasado y que los errores de Allende no justificaron las violaciones a los derechos humanos posteriores. Todo esto con matices.
Aunque se preveía que el 11 de septiembre sería una de las fechas más violentas, el balance fue distinto: las marchas organizadas dieron un saldo positivo y sólo hubo desórdenes en la noche en algunas poblaciones.
La Moneda hizo dos actos conmemorativos, aunque sin duda el más impactante fue la reapertura de la puerta de Morandé 80, la que estuvo pensada en términos completamente audiovisuales: el Presidente Lagos saliendo por la puerta principal del edificio, recorriendo en silencio Moneda y Morandé hasta llegar a la nueva entrada, su solitaria figura haciendo un acusado contraste frente a las calles vacías y al silencio absoluto. Una imagen sobrecogedora cuyo efecto emotivo fue mejor que cualquier discurso.
El Congreso también quiso hacer un gesto simbólico, y tanto la Cámara de Diputados como el Senado prepararon un "nunca más" que nunca llegó a puerto, aunque la intención estuvo.
La derecha, en tanto, terminó de despegarse de la figura de Pinochet y si bien no participó e incluso en algunos casos criticó los homenajes a Salvador Allende, tampoco realizó actos a favor del golpe de Estado.
Así, Pinochet cumplió un nuevo aniversario solo, donde incluso el mundo militar se mantuvo al margen de cualquier acto conmemorativo, una de las principales preocupaciones del Gobierno por esos días.
La debacle de la derecha
Mientras todo parecía caminar viento en popa para la oposición y la Concertación se sumía en pequeñas peleas por asuntos legislativos, un inesperado golpe caló hondo en la derecha chilena.
La detención del empresario Claudio Spiniak y su procesamiento por participar en una supuesta red de pedofilia no habría pasado de ser un tema policial si no fuera porque la diputada de Renovación Nacional, Pía Guzmán, decidió denunciar la presunta intervención de dos parlamentarios de la Alianza por Chile -léase UDI- y uno de la Concertación en las orgías organizadas por el dueño del gimnasio Go Fitness. Con sus dichos, el tema repletó la agenda política desde el mes de octubre.
Pese a que la diputada nunca mencionó los nombres, éstos comenzaron a circular a sólo pocas horas de efectuadas sus declaraciones, lo que contribuyó a profundizar la ya prolongada crisis que atravesaba la derecha.
Las relaciones entre Renovación Nacional y la UDI se tensaron a tal punto que las dos reuniones realizadas entre las directivas de ambos partidos para enfrentar en conjunto las repercusiones del caso, fracasaron. Con ello comenzó una serie de dimes y diretes entre ambas colectividades.
Mientras la UDI cerraba filas en defensa de los senadores gremialistas aludidos -Carlos Bombal y Jovino Novoa- , con la presentación de una querella en contra de la diputada Guzmán, en la Concertación tomaron palco. Todo, a pesar de que los rumores en el mundo político y periodístico también hacían alusión a un senador del oficialismo.
La DC, a diferencia de la UDI, hizo oídos sordos a los rumores y decidió no darles crédito. De hecho, se descartaron de plano medidas como las asumidas por el gremialismo, lo que generó que la atención se centralizara en la tienda de Pablo Longueira, quien no sólo las emprendió contra la prensa, asegurando que su partido estaba siendo objeto de un "montaje", sino que también acusó a parlamentarios del PPD como Guido Girardi y María Antonieta Saa, como parte de la mencionada "operación política".
Los ataques de Longueira hacia los diputados presuntamente involucrados en el supuesto montaje, generaron -durante un corto lapso – una serie de entredichos entre la Concertación y la UDI. Sin embargo, después de un par de semanas el oficialismo quedó en silencio. La actitud asumida por la Concertación no fue casual. Se había evaluado la situación y se había concluido que los costos de mantenerse en los medios de comunicación por temas relativos al caso Spiniak eran demasiado altos. Dejarían que la UDI pagara la cuenta.
Paralelamente a los efectos políticos provocado por el caso Spiniak, los tribunales de Justicia intentaban hacer su labor. Luego de los polémicos dichos de la diputada de RN, el pleno de la Corte Suprema decidió nombrar a un ministro en visita para el caso -el 13 de octubre-. El juez Daniel Calvo se hizo cargo de la investigación, desplazando a la ministra Eleonora Domínguez que no logró avanzar en la resolución del caso, con bastante buenos auspicios debido a su "impecable" trayectoria en el Poder Judicial.
Poco duraron, eso sí, los elogios al trabajo del juez Calvo, ya que el magistrado se vio en la obligación de admitir que "hace algún tiempo acudí a un establecimiento sauna", aunque en la oportunidad no precisó que dicho local era gay, lo que sí mencionaba la revista Plan B y el periodista de Chilevisión Alejandro Guillier en un reportaje efectuado en base a declaraciones del ex administrador del sauna, Sebastián Rodríguez. Esto significó que semanas después fuera procesado Guillier y la plana ejecutiva del canal en el caso que abrió la Corte Suprema por la presunta "extorsión" de la que habría sido objeto el juez.
La Corte Suprema designó entonces al ministro Sergio Muñoz para seguir con el caso Spiniak, mientras Calvo se veía obligado a tomar unas extensas vacaciones. Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos del mundo político, ha sido imposible mantener el caso Spiniak en los tribunales. El aspecto que debería ser el más importante, el de los niños abusados, no ha sido precisamente el que ha ocupado las portadas y primeras planas de los medios de comunicación. Muy por el contrario, las disputas generadas al interior de la Alianza por Chile se llevaron todo el crédito en la prensa.
Candidato independiente vs. no hay candidato
La crisis generada al interior de la derecha y la nula posibilidad de los dos partidos de la Alianza de ponerse de acuerdo obligaron a su presidenciable, Joaquín Lavín, a tomar cartas en el asunto. Instó en varias oportunidades a los dirigentes de su conglomerado a retomar el trabajo político conjunto y dejar que sean los tribunales los que resuelvan el caso Spiniak. Al notar que no estaba siendo escuchado decidió ser más drástico y amenazó con tomar el camino propio, con miras a las elecciones presidenciales del 2005.
Aunque nunca se creyó que el alcalde de Santiago cumpliera su anuncio, éste sí logró su cometido. Las postergadas negociaciones, para conformar la plantilla municipal de la Alianza por Chile, fueron retomadas aunque sólo a nivel de secretarías generales. Si las reuniones entre Patricio Melero (UDI) y Renato Sepúlveda (RN) tendrán algún éxito está por verse, ya que se debe recordar que los presidentes de ambos partidos deberán visar los acuerdos a los que llegue en materia municipal.
Respecto de los costos, es difícil prever cuáles serán en términos políticos hasta que la justicia determine las distintas responsabilidades. Lo que sí está claro es que dentro de la UDI se produjo un fenómeno nunca antes visto. Las divergencias generadas por la forma como su timonel manejó el tema trascendieron a lo público. El liderazgo del titular gremialista fue puesto en duda e incluso se ha llegado a rumorear que podría ser reemplazado.
Probablemente, uno de los más perjudicados, pese a que por el momento no hay encuestas que revelen un fuerte deterioro de su popularidad, es Lavín. La concreción de su amenaza de tomar el camino propio, alejado de los partidos, le significó adelantar dos años la campaña presidencial y con ello ser "aún más" el blanco de las críticas opositoras.
Pero si bien la Concertación ha tomado palco frente a la crisis de la derecha, las negociaciones municipales no están mucho más avanzadas que en la Alianza. Por ahora, solo tiene "posibles candidatos" y mantiene su postura de no adelantar la carrera presidencial hasta después de las municipales. Eso sí, los partidos, cada vez que pueden, hacen gestos de apoyo a sus candidatos (as).
___________
VEA ADEMÁS
Ministros de Lagos llegaron en masa al Congreso a negociar
Justicia en el año viejo: Cuando los nuevos intocables pasaron por estrado
