lunes, 20 de agosto de 2018 Actualizado a las 19:58

Medio ambiente: Gobierno saldó cuentas con los privados

por 1 enero, 2004

El 2003 se caracterizó porque el Gobierno selló acuerdos que mantenía pendientes hace años con particulares: se firmó el acuerdo con Tompkins y se dio luz verde a la expansión urbana. Además, se comenzará a discutir la reforma a la ley de bases del medio ambiente, que pretende tipificar la figura del delito ambiental.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

En el ámbito del medio ambiente, el 2003 se caracterizó por acuerdos sellados entre el Gobierno y particulares que se mantenían pendientes hace años. Así, que exista el mayor santuario de la naturaleza del país de origen privado o que se puedan emplazar zonas urbanas donde antes la ley lo prohibía, dejaron de ser propuestas, dando luz verde a las expectativas de los inversionistas.



El Gobierno firmó el acuerdo con el empresario ecologista Douglas Tompkins para crear el Parque Pumalín, conformado por 300 mil hectáreas de la Décima Región que se podrán conservar libre de explotación.



Aunque el proyecto fue firmado por el Gobierno, recientemente ha surgido una transitoria piedra de tope : senadores de derecha y DC quieren que se evalúen nuevamente las condiciones impuestas a la iniciativa debido a que, dicen, resta conectividad al país. Ello, pese a que se estipuló que los caminos del lugar deben ser de acceso público. El propio presidente Ricardo Lagos ha mostrado su negativa a convocar al Consejo de Seguridad Nacional para que se reestudie el proyecto.



Algunos ecologistas plantean que esto es sólo una pataleta por parte de los legisladores, y que ello no nubla una de las metas ambientales más importantes de la agenda verde del presidente Lagos: tener el 10 por ciento de los ecosistemas protegidos de aquí al 2006.



Expansión



Otra de las áreas ambientales controvertidas el 2003 fue la expansión urbana de la Región Metropolitana, aprobada a mediados de diciembre pasado. Los que ganaron con la posibilidad de emplazar zonas de desarrollo urbano condicionado en distintas comunas de la capital fueron los empresarios inmobiliarios y el Gobierno que cumplió con la meta de favorecer la inversión. A la vez, los ecologistas se quedaron sin uno de sus temas urbano-ambientales ancla.



La idea de la expansión de Santiago se instaló hace tres años en el Consejo Regional
como un tema sólo de carácter urbano, pero los ambientalistas incluyeron la variable ambiental para cuestionar la iniciativa. Alegan que daña el medio ambiente al vulnerar el Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana. Según ellos, el emplazamiento de centros habitacionales en predios agrícolas resta pulmones verdes a la capital, lo que va en desmedro de la salud de los capitalinos.



Los ganadores con esta expansión de los límites de la urbe son las empresas inmobiliarias y los dueños de terrenos, que hace años tenían programada la materialización de proyectos en distintas comunas de Santiago.



Ejemplo de ello es que el empresario Juan Cruzat valoraba hace tres años en 180 millones de dólares las tres mil hectáreas que tenía en Pudahuel. Hoy planea desarrollar junto a otros capitalistas el proyecto Valle de Lo Aguirre, con lo que doblaría el valor de los predios.



En Pirque, la familia Fontaine fue visionaria en el rubro inmobiliario, pues vendieron parte de los terrenos a un grupo económico malayo a mediados de los 90 con el fin de construir un megaproyecto habitacional. Se trata del fundo El Principal de 600 hectáreas que hoy ha subido su valor luego de la expansión.



Otra comuna favorecida por el plan de expansión es Calera de Tango. En ésta se venía amasando hace tiempo la idea de instalar núcleos urbanos en predios rurales. No se trata de grandes inversionistas, pero el municipio los apoya pues desarrolla integralmente la comuna con la garantía de que siga siendo un sector rural.



Para el futuro, se prevé que la pelea de ecologistas apuntará a la posible construcción en zonas de preservación ecológica de la capital, como la precordillera, donde ya hay una idea de emplazar proyectos urbanos por parte de Vivienda.



Ralco, un problema menos



El acuerdo definitivo de las familias pehuenches y Endesa en el marco de la construcción de la central Ralco también fue un hito étnico-ambiental que marcó el fin de una pelea que se extendió por una década.



El argumento del presidente Lagos de que Ralco solucionará la demanda eléctrica en el país primó ante el alegato de que la hidroeléctrica no cumplía con algunos puntos del Estudio de Impacto Ambiental, como lo determinó el Sexto Juzgado Civil de Santiago a mediados de año.



Las familias se desistieron de la medida y de acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al lograr un acuerdo que cumplía con las compensaciones requeridas: 77 hectáreas y 200 millones de pesos.



Ley de Bases al medio Ambiente



Otro de los puntos relevantes en materia medioambiental 2003 fue el anteproyecto de la
Ley de Bases del Medio Ambiente -actualmente en discusión-, que incluye entre otras cosas la tipificación de la figura del delito ambiental.



Lo más novedoso de la iniciativa es que con esa figura legal se puede "cerrar el círculo del sistema de protección de la legislación ambiental", lo que, según se explica en la propuesta, "es coherente con tratados y convenciones internacionales suscritas por Chile en materia de protección al medio ambiente". No tener tipificado este delito es una "carencia" de la Ley de Bases, si se compara con otras legislaciones ambientales de países como Estados Unidos o Alemania.



Las modificaciones que a la Ley 19.300, recogen básicamente las inquietudes del mundo empresarial respecto a la tramitación de los proyectos. Así, se redefinirán las propuestas que deben someterse a evaluación, lo que implica que los esfuerzos del aparato público se concentrarán en iniciativas de mayor envergadura o en las que podrían ocasionar mayor daño al ambiente.



Una de las áreas que ya ha generado oposición por parte de los partidos políticos es que se pretende disminuir el número de integrantes en las comisiones regionales del Medio Ambiente. Particularmente, se intenta restringir el poder de gobernadores y consejeros regionales.



Algunos miembros de esos organismos señalan que con ello se anularía el escaso poder de fiscalización de los proyectos ambientales evaluados, con lo que éstos se harían a la medida de lo que requiere el Gobierno y los empresarios promovedores de las iniciativas.



__________

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV

Plan Individual

Anual:
$89.900
Semestral:
$49.900
Trimestral:
$24.900
Mensual:
$9.900

Plan Empresa

Anual:
$700.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 1.200.000)

Semestral:
$400.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 600.000)

Trimestral:
$200.000

hasta 10 usuarios
(valor normal 300.000)

Mensual:
$80.000

Hasta 10 usuarios
(valor normal 100.000)