Quienes conocen de cerca la agitada vida carcelaria de los más de treinta condenados por violaciones a los derechos humanos que habitan los pabellones Delta, Beta y Gamma del recinto penal, reconocen que por tratarse de internos »especiales» la autoridad del personal de Gendarmería se ve algo sobrepasada.
La pelea registrada en el interior del penal de Punta Peuco el pasado 25 de diciembre, que involucró a los condenados por el caso Degollados, José Fuentes Castro y Alejandro Sáez Maldonado, no sólo dejó el descubierto las rencillas que desunen hoy a quienes ayer sirvieron juntos a una institución, sino también que la prisión especial podría tener algunas "reglas propias".
Así al menos se desprende de las "razones" que desataron el round navideño, cuyos detalles El Mostrador.cl conoció al tener acceso al recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones por el sargento de Carabineros (r) José Fuentes, en el que denunció el riesgo para su integridad a causa de las permanentes amenazas de las que venia siendo objeto por parte de su "contrincante" el día de la pelea.
Quienes conocen de cerca la agitada vida carcelaria de los más de treinta condenados por violaciones a los derechos humanos que actualmente habitan los pabellones Delta, Beta y Gamma del recinto penal (el Alfa está vacío), reconocen que por tratarse de internos "especiales" la autoridad que en rigor debiera ejercer el personal de Gendarmería se ve algo sobrepasada y, con ello, lo que la ley establece respecto del sistema carcelario.
Una forma de vida que Fuentes Castro rechaza abiertamente, según sus cercanos, en coherencia con el proceso interno que vive a diario, tras varios años cumpliendo su condena perpetua por el degollamiento de los profesionales comunistas Santiago Nattino, Miguel Guerrero y José Manuel Parada, en marzo de 1985. Un ejercicio que le ha costado el repudio de sus compañeros de prisión condenados como él por delitos igual de graves.
El abogado de derechos humanos Nelson Caucoto admite que Fuentes Castro ha mostrado arrepentimiento y así ha querido expresarlo de distintas formas a los familiares de sus víctimas. "Es una persona que entiende como justa la condena que enfrenta y no reclama estar en libertad, sino cumplir su condena de manera digna", expresa el profesional.
Sería esa suerte de "reconversión" la que ha llevado al ex miembro de la Dicomcar ha colaborar con la justicia, pero también a reclamar una reclusión en Punta Peuco "ajustada a las normas establecidas por la ley". Una actitud por la que ha tenido que pagar un precio tan alto como la condena a prisión perpetua que purga en el penal especial: el desprecio de sus antiguos compañeros de armas. Una animadversión que el ex cabo 2° Alejandro Sáez, condenado por el mismo caso, materializó el día de navidad, después de varios intentos, según consta en la denuncia de Fuentes.
Sindicado como un "traidor", Fuentes ha tenido que lidiar con el hostigamiento por parte del resto de los internos, en especial de Sáez, aunque algunos han cambiado su actitud. En los cuatro recursos de protección que ha presentado ante la justicia, a los que El Mostrador.cl tuvo acceso, Fuentes ha venido denunciado una serie de actos de hostilidad, como a destrucción de un huerto que cultivaba o la vez en que colgaron e muñeco de un sapo en la puerta de su celda con ocasión de la visita conyugal a la que tienen derechos los internos. O las reiteradas veces en que, a sabiendas de su hipertensión, el ex Dicomcar Claudio Salazar, condenado por el caso degollados, le gritó en las duchas para asustarlo, sabiendo que sufre problemas al corazón.
Todos, hechos que Fuentes se preocupó de hacer ver ante Gendarmería, pero sin ser oído, como expresa en los cuatro recursos de protección que ha interpuesto ante la Corte, todos los cuales han sido declarados inadmisibles.
Los gendarmes
De acuerdo a lo expresado por el ex agente Dicomcar en los recursos que ha presentado a la fecha, la responsabilidad de la situación de inseguridad que vive ha recaído directamente en el personal de Gendarmería a cargo de Punta Peuco. Sus denuncias van desde el desconocimiento de sus derechos hasta la apropiación de especies que fueron donadas por Carabineros para aquellos funcionarios en retiro que purgan condenas en el recinto, uno de ellos el propio Fuentes Castro.
De los cuatro recursos interpuestos se desprende que el personal de gendarmería pudo verse superado por varios de los internos que, además de maltratar a los vigilantes "de obra y palabra" se sirven de ellos para distintas tareas que, por lo general, son retribuidas con bebidas alcohólicas. En el último recurso, Fuentes denunció que luego de la pelea con Sáez el día 25 de diciembre, la ingesta de tragos se extendió hasta de día 27. Dos días que, cada vez que se acabaron las botellas fue necesario llamar al taxista Luis Tapia para que llevara más pertrechos. Un servicio conocido por los vigilantes y que es ofertado con un llamativo slogan: "¿Está apurado? Tranquilo yo lo llevo".
En su recursos, Fuentes denuncia además que la negativa de los jueces se explica porque los gendarmes, en conocimiento de la salida de los documentos, se "han preocupado de demorar el ingreso a la espera de un sala cuya constitución no sea favorable. Inquietudes que el sargento en (R) hizo ver al Ministro Justicia, Luis Bates, según confirmaron a este medio altas fuentes de esa secretaría de Estado. En ese reclamo, Fuentes Castro acusa al director Nacional de Gendarmería, Juan Carlos Pérez de desoír sus denuncia contra los funcionarios de la institución que son responsables de la penal de Punta Peuco.
Cabe mencionar que en el recurso declarado inadmisible el 24 de febrero de 2003 por los ministros Gabriela Pérez, Víctor Montiglio y el abogado Gonzalo Figueroa, éstos instruyeron a Gendarmería resguardar la integridad de Fuentes Castro. En oficio N° 512 de ese año, los magistrados determinaron que "se impetren las medidas de seguridad necesarias para que la salud y la integridad física del recurrente, (…) no corran riesgo". Sólo resta aclarar que en estricto rigor, impetren significa ‘guardia sobre guardia’, esto es, que el guardia que cuida al recluso en "peligro", tenga sobre él a otro vigilante, cuestión que según Fuentes nunca se cumplió.
El malestar de Sáez y los otros
Las permanente denuncias sobre la anormalidades en el interior de Punta Peuco que Fuentes Castro ha venido realizando en su reclamos ante la justicia han provocado el rencor de internos y gendarmes. Al punto, según confiesan sus familiares, de que siempre es él al que las autoridades de penal le aplican sanciones administrativas.
Cercanos a Fuentes aseguran que en mayo de 2001 le "detectaron una sarna que nunca existió, todo para aislarlo durante varios días. En esa oportunidad, Alejandro Sáez aprovechó para sacar del penal una secadora que había sido donada por Carabineros". Sería esa la especie de cargo fiscal que Fuentes denunció como robada por su agresor el día de navidad, y a fin de cuentas una de las tantos "motivos" que tuvo para atacarlo de pies y puños. Pero no sólo eso.
Los internos de Punta Peuco lo acusan de haber colaborado con el juez Milton Juica en la investigación del caso Degollados entregando nombres y detalles de cómo se cometió el crimen. Más aún, lo sindican de haber dado nombres y chapas de cada uno de los uniformados de Carabineros, Ejército y la Fach que integraron el Comando Conjunto. Acusaciones que, aunque no fue posible corroborar, tienen al ex miembro del Dicomcar entre la espada y la pared. Su suerte, sólo dependerá de lo que hagan los responsables de poner las cosas en orden en Punta Peuco.
Este medio intentó obtener una versión de Gendarmería, pero tal como el viernes, se indicó que mientras los tribunales no resuelvan el asunto está en manos de la justicia.
