La idea es incorporar la iniciativa popular en la generación de las leyes, con lo cual se permitiría que todas las inquietudes de la población sean debidamente recogidas por el Poder Legislativo. Para esto, se intentará fortalecer la sociedad civil con fondos públicos y con un mejor marco regulatorio.
El anunciado y postergado proyecto sobre "iniciativa popular" podría comenzar a ver luz este mes, cuando el Gobierno envíe el proyecto que requiere de una reforma constitucional y de otra ley que permitirá su ordenamiento jurídico al Congreso. El proyecto ya ha sido postergado en varias ocasiones, por lo que una de sus promotoras, la diputada PPD Carolina Tohá, aseguró que "el compromiso es mandarlo en enero, pero como esto ya se ha postergado tantas veces, creo que ya no hay excusa posible para no hacerlo".
El proyecto de "iniciativa popular" da a los ciudadanos la posibilidad de presentar leyes -con un número a determinar de firmas- y obligar al Congreso a pronunciarse sobre ellas. Además se establecerá como un "valor jurídico" la participación ciudadana.
"Este proyecto incluye una reforma constitucional que va a permitir la iniciativa popular de leyes, que es un instrumento que existe en otros países y que significa que los ciudadanos, a través de la recolección de firmas, pueden proponer proyectos al Congreso y obligarlos a pronunciarse sobre ellos. No los obliga a aprobarlos, los pueden rechazar", explicó la diputada.
El proyecto también contempla una ley que generará como valor jurídico la participación ciudadana, "cosa que hoy no existe", aseguró Tohá.
"Hoy en la ley de bases de la administración del Estado, de las obligaciones de los funcionarios públicos, a duras penas hay algunas obligaciones en términos de dar información a la gente, pero no hay obligaciones ni está declarado como un principio deseable, como algo a lo que se debiera propender", agregó.
Los proyectos
La construcción de este proyecto surgió a partir de propuestas al Presidente Lagos entregadas los años 2000 y 2001. En ellas participaron más de 30 representantes de organizaciones de la sociedad civil. Entre agosto del 2002 y enero del 2003, se realizaron más de 71 talleres comunales y 13 encuentros regionales, donde se consultó la propuesta del Gobierno a más de 6 mil representantes de organizaciones de cada comuna y región del país.
Los proyectos intentarán establecer un sistema de participación ciudadana en política pública, con énfasis en otorgar una mayor participación de la sociedad civil en el nivel más próximo a la vida cotidiana de la población, es decir en el nivel local.
Además se intentará mejorar los mecanismos legales de control y fiscalización ciudadana y del concejo municipal, especialmente en temas como tener acceso al detalle de los pasivos de los municipios y de las corporaciones municipales. También se podrá tener acceso a los gastos mensuales que efectúan los municipios.
Según explicó Tohá, la importancia de la iniciativa radica en que "entre los objetivos de la administración va a estar el perseguir que la gente pueda opinar. Y para hacer esto posible se generan muchos instrumentos en distintos ámbitos de acción, como perfeccionar la legislación municipal, dándole la posibilidad a los ciudadanos de proponer temas para la discusión del consejo".
Aunque no está incluido en el proyecto, la diputada aseguró que ya tiene preparada una indicación para mejorar el sistema de plebiscitos comunales "que es una muy buena idea, pero como está hoy es prácticamente inoperante".
Presentar proyectos de ley
Las reformas que deberán realizarse para que este proyecto llegue a puerto no son menores. La primera es una que busca reconocimiento constitucional de la participación ciudadana. Esto, porque en la actualidad las disposiciones legales y reglamentarias no entregan un marco legal adecuado que permita garantizar el despliegue de todas las potencialidades de las organizaciones de la sociedad civil, ni permite participar efectivamente en las políticas públicas. Esto, pese a que Constitución Política considera en su artículo primero el reconocimiento a los grupos intermedios y consagra el principio de subsidiaridad.
Por esto, a dicho artículo se le agregaría: "La ley deberá proteger y promover el ejercicio efectivo y oportuno del derecho de participación ciudadana en la gestión pública".
Además se generarán mecanismos constitucionales que fortalezcan la participación ciudadana. Esto, porque si bien la Constitución establece que la soberanía no sólo se ejerce a través de las elecciones periódicas, sino también por otros mecanismos, estas herramientas, como el plebiscito, son de difícil aplicación.
La principal modificación que se realizará es la del artículo 62 de la Constitución, permitiendo a los ciudadanos presentar proyectos de ley. Para esto se establecerá que "las iniciativas populares podrán versar sobre cualquier materia del dominio legal, salvo aquellas que sean de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y podrán ser presentadas a la Cámara de Diputados o al Senado".
Fondos públicos
También se creará un "Registro de Organizaciones de Interés Público y del Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil". Esto, porque actualmente la legislación distingue en torno a la idea del lucro y no en cuanto a los fines. De esta manera no se reconoce el papel de las organizaciones de la sociedad civil como portadoras de interés público, a diferencia de las instituciones del Estado, que si representan dicho interés.
Al distinguir a las organizaciones que realizan acciones de interés público dentro de las sin fines de lucro se permite focalizar recursos y beneficios en ellas. Actualmente, el Gobierno compromete recursos considerables bajo la modalidad de fondos concursables, convirtiéndose ellos en una de las principales fuentes de financiamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Sin embargo, estos recursos son destinados al financiamiento de proyectos, dejando postergada muchas veces la perspectiva propia, el desarrollo y mejoramiento interno de dichas organizaciones.
Para esto, explicó la diputada Carolina Tohá, se va a crear un fondo con financiamiento fiscal, en el cual se integrarán dineros de la Polla Gol que en la actualidad sólo los reciben algunas organizaciones.
"Lo que se busca es fomentar y fortalecer las organizaciones sociales de distinto tipo: las organizaciones de base, las organizaciones intermedias como las fundaciones y las corporaciones, que en Chile es un sector que tiene muchos potenciales de desarrollo y que aún está muy por debajo de lo que debiera ser para nuestro nivel de desarrollo como país. Va a partir con los fondos de la Polla Gol, pero se va a integrar con fondos públicos que se asignarán en el presupuesto nacional todos los años", explicó.
Para vigilar que los recursos sean bien utilizados, se creará un "consejo mixto" que estará integrado por gente del Gobierno, pero también por integrantes de la sociedad civil.
La normativa legal también establecerá un "Estatuto del Voluntariado", la que ampliará el concepto entendido por "voluntariado" desde una perspectiva asistencialista, a quienes se abocan a causas diversas como una forma de compromiso social ciudadano.
También se modifica la ley de juntas de vecinos, que la ley entiende como "organismos de representación de las personas y no de gobierno comunal". Desde esta perspectiva, la estructura legal de las juntas de vecinos las privatiza, las convierte en vehículo de expresión de los múltiples intereses de las personas, y les resta significación como espacios de participación política o pública.
La idea de la modificación es delimitar mejor los derechos de las juntas de vecinos para que se conviertan en un efectivo vehículo de participación local.
Durante el proceso de consulta a las organizaciones sociales para elaborar esta propuesta, una de las constantes fue establecer más y mejores canales de participación en el ámbito local. Para esto se consagrará el derecho a la participación ciudadana en el gobierno local.
Además, se realizarán modificaciones a la ley de Bases de la Administración del Estado. En este sentido, se explicitará que los órganos del Estado tienen el deber de poner a disposición de la ciudadanía, utilizando para ello los medios de información y comunicación más eficientes, la mayor cantidad de información relevante acerca de los planes y programas que se pretendan impulsar o desarrollar.
La idea es que dicha información debe permitir a la ciudadanía poder formarse una opinión acerca de las políticas públicas que el Gobierno pretende impulsar y, sobre esa base, poder remitir sus opiniones y comentarios a través de la repartición pública correspondiente.
La normativa también sancionará "cualquier conducta" de un funcionario público que entrabe el derecho de las personas de participar en la gestión pública, cuando la ley lo haya establecido. También lo hará ante la negativa de cualquier funcionario de facilitar el acceso al público a información que esté en poder de la respectiva repartición que no revista el carácter de "secreta o reservada" en conformidad a la ley.
El ejemplo de "senador virtual"
Aunque el proyecto aún ni siquiera ha sido enviado al Congreso, en el Senado la idea de la participación ciudadana se viene ejercitando desde el año 2001, a través de su página web, con el espacio denominado «Senador Virtual», donde el visitante puede participar en la tramitación de un proyecto de ley.
En este sentido, el senador de la UDI Juan Antonio Coloma señaló que "en la democracia representativa siempre tiene que haber espacio para mejorar la participación ciudadana".
En este sentido, destacó la iniciativa del "senador virtual", pues los parlamentarios pueden conocer los resultados de las votaciones e interpretar el sentir del público durante la discusión de un proyecto de ley.
El senador Carlos Ominami (PS), señaló que esta materia es lo "más importante que se puede hacer por el mejoramiento de la calidad de la política y de acercamiento del sistema político y en particular del Congreso con la gente. Hay un distanciamiento que se ha producido entre el ciudadano corriente y el sistema político, una indiferencia y muchas veces un cierto desprecio que ha aumentado en el último tiempo y creo que este será un instrumento muy poderoso para contrarrestarlo".
Una postura más cauta tuvo el vicepresidente del Senado, Carlos Bombal (UDI), quien si bien aseguró que espera conocer el alcance de los proyectos, afirmó que "todo lo que sea favorecer el proceso de participación ciudadana en la gestación de las leyes me parece una iniciativa interesante".
En este sentido, destacó que "muchas veces las opiniones negativas a la actividad se hacen por desconocimiento absoluto de lo que hay detrás del proceso legislativo. Si esto contribuye a despejar ese tipo de apreciaciones de la ciudadanía, me parecería bastante interesante".
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