Mientras los parlamentarios de las oposición anunciaron que pedirán a la Contraloría que investigue en profundidad el tema, sus pares del oficialismo sostuvieron que se trataría de la antigua forma de administrar el Estado que, en su momento, también perjudicó al MOP.
Opiniones disímiles concitó entre legisladores oficialistas y de oposición, las irregularidades que comprometen al jefe de la Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte (Sectra), Henry Malbrán, en el uso de un vehículo particular cedido por la consultora Latinoamericana de Ingeniería Limitada y los pagos por servicios que esta empresa nunca realizó.
Aunque los legisladores consultados por El Mostrador.cl dijeron que es necesario que las autoridades de Sectra y de Mideplan aclaren este asunto, todos repararon en que las reparticiones públicas todavía navegan entre el antiguo sistema que propició tremendos escándalos como el de Mop-Gate y la actual Ley de Modernización del Estado.
Para el diputado UDI Felipe Salaberry, se trata de un hecho «grave» desde el punto de vista de la responsabilidad de funcionarios del públicos. «Aquí estamos frente a la actuación de un funcionario que no tiene autorización para tener un vehículo, si no es por expresa autorización por el Ministerio de Hacienda, lo que quiere decir que no sólo evita esa autorización sino, además, se colude con una empresa que le presta servicios para exigirle o pedirle un vehículo para fines personales».
El parlamentario gremialista dijo que se trata de una situación lamentable que refleja que "la Concertación nos sorprende una vez más con este tipo de prácticas que se suponían desterradas de los servicios públicos, luego de los esfuerzos hechos por los parlamentarios en el último año, en términos de transparencia y de modernización del Estado».
Salaberry consideró necesario que los diputados sometan a revisión los ocurrido con este hecho, por cuanto se trata de una práctica, al menos, anómala.
El diputado UDI cuestionó, además, que el titular de Mideplan, Andrés Palma, haya bajado el perfil a los ocurrido en Sectra. "Si el ministro dice que se trata de algo normal, quiere decir que él es el equivocado y no su subalterno, por lo que no sólo tendremos (los diputados) que revisar cada uno de los contratos del Estado con particulares, que incluyen ese tipo de servicios, sino también la responsabilidad del secretario de Estado en estas
situación que él cree normal».
Coincide con el diputado Felipe Salaberry, el senador RN Antonio Horvart, quien calificó como algo «muy grave, que luego de los escándalos de Coimas y el Mop sigan ocurriendo estas cosas».
Para Horvart aquí hay una clara vulneración de lo establecido en la ley de Modernización del Estado que no tiene sentido. «Entre otras cosas, en esa normativa se estableció un sistema de incentivos económicos para los funcionarios, de tal manera que no se justifica, por ningún motivo, que como en este caso se estén usando cosas raras para mejorar sus condiciones de trabajo».
Sin embargo, el senador dijo que, pese a la contundencia de los antecedentes entregados, es necesario investigar todavía más esta situación, por lo que pedirán una investigación a la Contraloría, a través de los diputados de la colectividad.
Quien concuerda con la necesidad de recabar mayores antecedentes es la diputada del PPD, Carolina Tohá, quien además de expresar su confianza en la persona de Aldo Signorelli, a quien Henry Malbrán atribuyó la responsabilidad de mantener esta práctica en el tiempo, expresó que todavía es necesario esperar un explicación de los aludidos.
«Mi tendencia natural es a pensar que esto tiene una explicación y hay que escucharla, porque, probablemente, se trató de un contrato para prestación de servicios que incluía transportes. Si no fuera así, si el contrato de esa consultora tuviera otras tareas y no la de proveer transportes, es un hecho grave».
Lo cierto, agregó Tohá, es que "aún es perentorio oír la versión de Sectra, sobre el origen de ese contrato y cuál es el encargo que se le hizo a esta consultora. Si esa explicación no es convincente eso daría pie, por lo menos, a una oficio para que Mideplan aclare la situación».
El senador DC Hosain Sabag, justificó el hecho en la forma en que las reparticiones públicas han venido operando. Sostiene que según el sistema antiguo, los contratos con empresas constructoras o consultoras, según sea el caso, establecían que éstas debía cargar al presupuesto de la prestación un vehículo nuevo y todo el equipamiento necesario.
«Si se traba de un camino en construcción, por ejemplo, éstos debían ser asignados al inspector fiscal. Eso significaba que el funcionario al cual se asignaba ese vehículo no tenía ninguna obligación con esa empresa, porque no se trataba de ninguna regalía ni un abuso, porque eso era de cargo fiscal y así lo estipulaba el contrato».
No obstante, Sabag advierte que las reglas han cambiado y «no se acepta en ningún contrato lo que entonces se llamaban «gasto inherentes». Por lo tanto, agrega el legislador DC, hoy cada repartición debe absorber ese tipo de gasto.
«Yo no conozco el caso de Sectra, pero el Ministerio de Obras Públicas se funcionaba con el sistema antiguo. Ahora bien, por mucho que los contratos de Sectra sean bajo las antiguas reglas, los vehículos y equipamientos deben ser usados para el servicio, porque si se usan para efectos particulares, estamos frente a una irregularidad», añadió.
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