La venida al país del magistrado europeo es una señal de que podrían existir antecedentes de interés o contradicciones que salieron a la luz en el exhorto tramitado por la jueza (s) del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Sandra Rojas. La estrategia de Fransen sería traer otra carta rogatoria.
El juez belga Daniel Fransen, que sustancia el proceso por las comisiones ilegales pagadas a diversos agentes de negocios por la venta de Mirages Elkan a Chile, prepara un viaje para fines de febrero, junto a dos investigadores especializados de la unidad anticorrupción, Luis Philipart y Carl Bernard, respectivamente.
La información fue obtenida en El Mostrador.cl en fuentes ligadas a la causa.
La importancia de la venida al país del magistrado belga, es una clara señal de que podrían existir antecedentes de interés o contradicciones que salieron a la luz en la tramitación del exhorto hecha por la jueza (s) del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Sandra Rojas.
La carta rogatoria fue enviada el año pasado por Fransen para que fueran interrogadas todas las personas que aparecían vinculadas con la operación comercial. Pero aparecieron detalles, hasta ahora desconocidos, como -por ejemplo- que Bernardus Van Meer, yerno del ex comandante en jefe de la FACH y actual senador designado, Ramón Vega, fue uno de los gestores del negocio, junto al hombre de negocios francés Bernard Carayon.
Pero el viaje de Fransen tiene, además, otro propósito: traer un nuevo exhorto en la mano. Sin embargo, esto será la resultante de la revisión rigurosa que se hará en Bélgica de la carta rogatoria que la magistrada Rojas envió de vuelta la semana pasada.
Pero el documento que traería en su maletín el magistrado europeo deberá pasar, nuevamente, la aprobación de la Corte Suprema chilena, antes de que la jueza pueda tramitarlo. De allí que no hay claridad si el máximo tribunal pudiera autorizarlo.
También la venida de Fransen servirá para que se coordine con la magistrada, si esta última decide solicitar antecedentes de la causa, además, de conocer a los efectivos del equipo diligenciador del Departamento Quinto.
CDE prepara nueva arremetida
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que fue parte en la tramitación del exhorto y presentó recientemente una denuncia criminal, prepara una nueva arremetida, dijo una alta fuente del organismo.
La decisión se tomó el jueves pasado en la tradicional sesión del Comité Penal, se indicó. Hasta ahora se desconoce el contenido de la solicitud, ya que aún no ha sido formalmente presentada en tribunales.
Sin embargo, la magistrada ya decretó una orden de investigar a los detectives del Departamento Quinto para que interroguen a distintas personas que participaron en el negocio, como también adjuntó una copia del exhorto tramitado al expediente.
Respecto a este caso judicial, la FACH, a través de un comunicado oficial, indicó que si se comprueban irregularidades en la compra de los aviones, no trepidará en aplicar las sanciones que correspondan y hacer que opere todo el rigor de la ley para los responsables, sean quienes sean.
La trama
A principios de 1995 la justicia belga inició una investigación sobre la compra fraudulenta de 46 helicópteros italianos Agusta por parte de la Fuerza Aérea de ese país, ocho años antes. El escándalo, conocido mundialmente como el "Dossier Agusta", involucró el asesinato de un ministro y la posterior condena de altas autoridades políticas de Bruselas por corrupción.
Entre los investigados por ese caso, se encontraba el general Jacques Lefebvre, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga en 1988, cuando se produjo la compra de los helicópteros. Lefebvre, había pasado a retiro y se había transformado, a principios de la década del noventa, en representante de la empresa italiana Agusta y de la francesa Dassault. Además, había creado una lucrativa compañía dedicada al comercio internacional de armas: Europavia.
Fue el propio Jacques Lefebvre quien viajó a Chile en repetidas ocasiones, en 1992 y 1993, para tomar contacto con las personas indicadas en las diligencias decretadas por la jueza del Primer Juzgado del Crimen de Santiago.
El ex general de la Fuerza Aérea belga no sólo los contactó, sino que logró, a través de ellos, convencer a la FACH de que la compra de los 25 cazas Mirage, dados de baja por Bélgica, eran la mejor opción para renovar la dotación aérea de la institución.
Cuando los investigadores belgas encargados de las pesquisas del caso Agusta incautaron documentos de Jacques Lefebvre, en los primeros meses de 1995, descubrieron que entre éstos existían pruebas incontestables de que se había pagado una comisión de 15 millones de dólares por la venta de los Mirages a Chile, comisión que fue depositada en el Clariden Bank de Zurich.
Al ser interrogado sobre estos hechos, Lefebvre contestó a la policía anticorrupción belga, en un memorando: «Los documentos relacionados con Chile de los que me preguntan son confidenciales. Su divulgación sería catastrófica, puesto que pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y nuestros agentes se verían en serias dificultades».
El 7 de marzo de 1995, la noche siguiente de redactar esta nota, el general (r) Jacques Lefebvre se suicidó en su departamento de Avenue Louise, en Bruselas.
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