La pericia allegada en diciembre pasado al proceso sostiene que la aerolínea tenía una »estructura contable que pretendía ocultar su fuente de financiamiento». Si bien el análisis de las cuentas es una pieza más del puzzle investigativo, sí le otorgará al CDE un argumento de peso, a la hora de pedir la extradición de Fernando Zevallos en marzo próximo.
Una información clave, que permitirá al Consejo de Defensa del Estado (CDE) continuar adelante con la convicción de que detrás de la empresa Aero Continente existe una organización criminal destinada al lavado de dinero, le fue allegada a fines de diciembre al ministro en visita que sustancia el caso, Víctor Montiglio.
Se trata del informe final entregado por el perito Germán Garrigó, quien analizó por más de dos años la contabilidad de la firma. Fuentes que conocen el documento indicaron a El Mostrador.cl que una de las principales conclusiones del informe es que Aero Continente mantenía una "estructura contable que pretendía ocultar su fuente de financiamiento".
Si se contextualiza el documento con la lógica de investigación que opera para el lavado de dinero, siempre hubo un intento de eludir las "normas de control, sobre todo en cómo, cuándo y con qué dinero se compraron los aviones de la firma".
El "informe Garrigó", como se le llama en fuentes ligadas al proceso, será una de las pruebas que el CDE sustentará cuando, en marzo próximo, solicite la extradición del dueño de la empresa, Fernando Zevallos y de su hermana Lupe por presentar testigos falsos en Chile.
Si a esto se suma que la autoridad estadounidense caducó la residencia de Zevallos y puso en alerta a las líneas aéreas para que no le vendan pasajes hacia ese país, la suerte del empresario pareciera volverse más compleja, aunque no por ello definitiva.
Estrategia de largo alcance
Pero el documento, como una pieza más del puzzle investigativo, no sólo permitirá pedir la extradición de Zevallos a Chile, siempre y cuando la justicia peruana así lo decida, sino también mantener abierta la causa en el país mientras se terminan de aclarar espacios negros que aún quedan en el proceso.
Estas pruebas, en todo caso, son parte de una estrategia de más largo alcance para el CDE, tomando en consideración que el 2001, cuando lanzó la Operación Icaro le fueron revocados los autos de procesamiento por ambas cortes. Esto porque durante el 2004 podrían volver a insistir con los cargos de asociación ilícita para el lavado de dinero en contra de Zevallos y parte de su familia.
El caso Aero Continente, en tanto, concita en fuentes de la Cancillería una evidente preocupación, pero reconocen que son los tribunales de justicia los llamados a resolver el asunto. Sin embargo, aseguran que las presiones se hacen sentir, al menos a nivel de embajada en Lima, como también cada cierto tiempo en forma oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores.
La trama de esta proceso se inició formalmente a mediados del 2001, cuando el CDE lanzó la Operación Icaro, donde incautó las aeronaves y detuvo el funcionamiento de la firma a nivel nacional, provocando una evidente molestia en los trabajadores que en ella laboraban.
La diligencia permitió en esa oportunidad la detención de varios ejecutivos de la firma, pero sus autos de procesamiento fueron revocados tanto por la Corte de Apelaciones como por la Suprema. Fue esta última, la que nombró al ministro Montiglio como juez especial en reemplazo del titular del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia.
Desde el 2001 hasta ahora han sido procesados, aparte de Fernando Zevallos y su hermana Lupe, los testigos falsos supuestamente presentados por Aero Continente, Purificación Marreros y Luis Enrique Dávila Melgarejo.
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