Ayer, los secretarios de Estado, liderados por el ministro del Interior, José Miguel Insulza, se jugaron todas sus cartas tratando de generar las condiciones necesarias para que la Concertación, y en especial el PS, llegaran a un entendimiento para reinstalar en la agenda de derechos humanos los incentivos procesales prometidos en agosto del año pasado.
Tras un importante número de reuniones y conversaciones de pasillos entre los ministros de Estado vinculados a la propuesta de derechos humanos y los diputados de la Concertación, el Gobierno del Presidente Lagos confirmó que el proyecto de rebaja de penas tendrá «sí o sí» los incentivos procesales planteados desde un comienzo.
Dicha posición, según varios diputados socialistas, responde a las críticas realizadas por el general Juan Emilio Cheyre, quien emplazó duramente a la Cámara de Diputados por el retraso de los proyectos de DDHH.
Asimismo, otros parlamentarios de la misma tienda cuestionaron duramente la medida del Gobierno, que calificaron como un «sacrificio de la verdad y la justicia».
Por su parte, los secretarios de Estado, liderados por el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, se jugaron todas sus cartas tratando de generar las condiciones necesarias para que la Concertación -y en especial el PS- llegaran a un entendimiento, de tal manera de reinstalar en la agenda de derechos humanos los incentivos procesales prometidos en agosto del año pasado.
La primera señal dada por los secretarios de Estado fue una reunión que comenzó cerca de las 13 horas en las dependencias del Senado, lugar hasta donde llegaron el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, el ministro secretario general de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, la titular de Defensa, Michelle Bachelet, y el ministro del Interior.
Posteriormente, Insulza se desplazó hasta los comedores de la Cámara de Diputados para encontrase en pleno con la bancada PS, con quienes conversó por cerca de media hora.
En ese mismo momento, Vidal conversaba con los senadores de la UDI, quienes planteaban al vocero de Gobierno todas sus aprensiones respecto del supuesto estancamiento de la propuesta de derechos humanos por los reparos del PS.
Por su parte, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, hacía lo suyo en la Cámara de Diputados donde conversó por largos minutos con el presidente de la comisión de Derechos Humanos, Fulvio Rossi y con el diputado Camilo Escalona.
Este encuentro fue «más que un intercambio de palabras», según cercanos a la ministra, puesto que hace menos de un día había conversado con el Presidente Lagos sobre los problemas surgidos tras las críticas al proyecto de rebaja de penas.
Críticas que para un importante número de parlamentarios tiene el sello Cheyre, y que, según trascendió desde la cartera de Defensa, fueron dadas a conocer por conducto regular cuatro días antes de su publicación.
La posición oficial del Gobierno
Para el ministro Vidal, lo que La Moneda ha negociado y conversado con la Concertación es «mejorar los instrumentos del incentivo, sin perder nunca la naturaleza esencial del proyecto, que es buscar formas que incentiven a la gente a dar más verdad».
Según el vocero de Gobierno, lo que se habló con la Concertación, es la posibilidad real de ajuste del proyecto de rebaja de penas sin perder y desnaturalizar su sentido original.
Con un tono duro, y respondiendo a las críticas del PS, señaló que «nadie en la Concertación puede siquiera sospechar que el Presidente de la República defiende un proyecto de ley que lleve a la impunidad».
El PS responde a Cheyre
El diputado Fulvio Rossi señaló que sería una falta de respeto no escuchar a aquellas personas que sufrieron la violación sistemática de sus derechos, «no como una forma de quedarnos en el pasado, sino como una forma de seguir la línea del Presidente de que no existe un mañana sin ayer».
Palabras con las que justificó la demora en el estudio de los proyectos de DDHH en la comisión.
En esa misma línea, y respondiendo a las críticas de Cheyre, el diputado Juan Bustos, indicó que el PS buscará la aprobación del artículo 7, en que se señala que el juez vea de manera preferente las causas de derechos humanos, de tal manera de avanzar y agilizar los procesos. Y del artículo transitorio, que permite el traspaso de las causas desde la justicia militar a la justicia civil.
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