Los procesados han declarado que Eugenio Berríos fue sacado de Chile porque tenía problemas por giro doloso de cheques. Es decir, todo el gasto de horas-hombre durante casi dos años, como también el uso de varios miles de dólares de la »Unidad Especial» de la DINE entre 1991 y 1993, habrían sido puestos en movimiento por un delito menor.
Todos los agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) e incluso sus dos directores, han asumido la responsabilidad en la operación que significó la salida de Chile con destino a Uruguay del químico de la DINA Eugenio Berríos -mas no su muerte- en el proceso que instruye el ministro en visita Alejandro Madrid, donde están encausados por diversos delitos.
Así se desprende de todas las declaraciones que han aportado al expediente los procesados, lo que -en todo caso- responde a una línea estratégica más compleja y cuya explicación resulta, hasta ahora poco creíble, ya que, en términos generales, aseguran que Berríos fue sacado de Chile debido a sus problemas económicos por giro doloso de cheques, pero no por evitar que declarara en el proceso que llevaba el ministro de la Corte Suprema Adolfo Bañados, por el homicidio de Orlando Letelier ni por sus vínculos con narcotraficantes y el mundo militar.
Es decir, todo el movimiento -no sólo en horas hombre durante casi dos años, sino también de varios miles de dólares- de una de las secciones más secretas de la DINE, conocida como la "Unidad Especial" entre 1991 y 1993, habrían sido puestos en movimiento por un delito menor.
Claro está que esta versión no es creída por el ministro Madrid, por eso es que el último auto de procesamiento dictado este mes establece los delitos de secuestro, asociación ilícita y deja establecido, al mismo tiempo, el ilícito de malversación de caudales públicos.
Pero algo más complejo aún es que gran parte del alto mando del Ejército de la época -entre 1991 y 1993- tuvo conocimiento de la operación y nadie lo denunció a la justicia. Por eso, esta semana, además, la senadora Carmen Frei reclamó en la hora de incidentes del Senado que la institución hiciera entrega de todos los antecedentes que tuviera sobre el tema. Esto, porque siempre ha negado, a través de oficios secretos, tener algún dato al respecto.
Fuentes que conocen de cerca el proceso comentaron a este diario que uno de los grandes temores de los procesados son las dos declaraciones que obran en el cuaderno secreto que tiene el ministro Madrid, cuyo contenido -hasta ahora- es desconocido incluso para los querellantes. De allí que aparezcan como si todos los procesados colaboraran con la justicia, aunque todavía falta establecer quién dio la orden para asesinar al químico de la DINA, como también de sacarlo del país, más allá de lo que hayan dicho los dos directores del DINE, Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias.
Aunque en privado fuentes militares reconocen que fue una orden dada expresamente por Augusto Pinochet, esto jamás será declarado por nadie en el expediente.
La trama
El caso Berríos comenzó en octubre de 1991, cuando el químico fue sacado de Chile a través de Argentina, para ser "depositado" en Uruguay. Esta acción fue realizada en el marco de una operación de inteligencia de largo alcance, ideada desde la más alta jerarquía castrense para evitar la acción de la Justicia en casos de derechos humanos.
Berríos vivió en Montevideo hasta fines de 1992, cuando fue sacado de su departamento de calle Buixareo por los agentes de la DINE, encargados de vigilarlo, y fue llevado hasta un balneario cercano a la capital, desde donde escapó.
Pocas horas más tarde, fue recapturado por militares chilenos y uruguayos. Sus restos, enterrados en las dunas de la playa El Pinar, aparecieron recién en abril de 1995. Por este hecho están procesados, por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, a los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, a los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli.
Por el mismo delito fueron encausados, también, el mayor (R) Arturo Silva, capitán (R) Jaime Torres Gacitúa, el capitán (R) Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán.
En tanto, el ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, a Raúl Lillo, a Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.
El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde el ex químico de la DINA Eugenio Berríos estuvo secuestrado en Uruguay.
En tanto, le agregó un segundo delito a Eugenio Covarrubias, y le imputó el delito de secuestro con homicidio.
También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito- al oficial activo Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva.
Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia, procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y a Eugenio Covarrubias.
Exhorto uruguayo
En tanto, ayer la Fiscalía de la Corte Suprema dio curso a un exhorto enviado desde Uruguay, por el juez Pedro Salazar.
La carta rogatoria solicita copias de los testimonios de los ex agentes de la Unidad Especial, Arturo Silva Valdés, Marcelo Sandoval, como también de los ex CNI, Luis Arturo Sanhueza Ros y Carlos Herrera Jiménez. Estos dos últimos también vivieron en Uruguay al igual que Berríos.
Además, el magistrado uruguayo pidió varios títulos legales y análisis de leyes chilenas, entre ellas, las referidas a la jurisdicción y competencia de un proceso penal.
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