Superintendencia de salud busca asegurar que los organismos encargados de medir la calidad de las clínicas y hospitales del país cumplan su labor, sancionando con hasta 1.000 Unidades de Fomento cada infracción que se cometa.
Un severo sistema de multas para los nuevos acreditadores de clínicas y hospitales del país contempla la reforma a la salud. La recién aprobada Autoridad Sanitaria permitirá aplicar sanciones que irán desde las 1.000 Unidades de Fomento (U.F.) hasta la cancelación del contrato para aquellas entidades que no cumplan correctamente con su tarea de medir la calidad de las instituciones que prestan servicios de salud en Chile.
Y es que uno de los principales cambios que podrá palpar la población a contar del primero de enero del próximo año será la implementación de un sistema de acreditación, en el que un conjunto de entidades tendrá la responsabilidad medir periódicamente la calidad del trabajo de los prestadores nacionales.
La idea es que este proceso sea llevado a cabo por organizaciones independientes que, por una parte, apliquen la misma vara con instituciones tanto públicas como privadas de salud y que, por otra, favorezcan la transparencia del sistema.
Este sistema, por supuesto, será fiscalizado por el Estado, particularmente por la nueva superintendencia de salud que se creará con la reforma, que deberá velar tanto por los afiliados a isapres como por las personas inscritas en Fonasa.
El actual superintendente de Isapres, Manuel Inostroza, sostiene que esto será un gran cambio respecto del sistema actual, en el que "cuando se construye una clínica deben pedirse diversos permisos para funcionar, entonces van los inspectores de salud y ven que se cumpla con las normas de ventilación, de espacio físico, de equipamiento y, si está todo en orden, se firma una autorización sanitaria y la clínica puede funcionar. Pero cinco años después nadie se preocupa qué pasa con esas normas, si se rompieron o no las cañerías, si los equipos están obsoletos o no. Hasta ahora no había un proceso permanente de supervigilancia para que los estándares se mantuvieran en el nivel que partieron".
Para remediar esto, explica Inostroza, es que la superintendencia se convertirá en un "acreditador de acreditadores" que inscribirá en sus registros a las entidades tanto públicas o privadas que deseen convertirse en evaluadores de las instituciones prestadoras de servicios de salud en Chile.
"Nosotros vamos a abrir un registro de acreditadores para que, por ejemplo, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile pueda constituirse en una corporación de derecho público o de derecho privado, con o sin fines de lucro, porque la ley les da la posibilidad de utilizar todos esos mecanismos, para desarrollar el proceso de acreditación. También he conversado con la Asociación de Clínicas Privadas y ellos igualmente están pensando en constituir un organismo que pueda prestar servicios de acreditación", dice Inostroza.
Transparencia del sistema
El superintendente reconoce que si las universidades o la propia Asociación de Clínicas conforman corporaciones de acreditación, se corre el riesgo de que sean más condescendientes al momento de medir la calidad de las instituciones con las que tienen relación. En este sentido, la doctora Sandra Hernández, de equidad en salud, sostiene que "es importante dar transparencia al sistema asegurando que la función evaluadora no sea incompatible con la prestadora de servicios".
Por esto, afirma Inostroza, es que se escogerá al azar qué entidad certificará a cada institución y, además, se sancionará severamente a quienes no cumplan su labor. "Aunque las instituciones universitarias tengan intereses con sus hospitales clínicos o la Asociación de Clínicas los tenga con sus afiliados, la ley establece que si ellos no cumplen con las normas de acreditación serán multados", dice.
Añade que el artículo 14 de la ley establece que las sanciones podrán pasar de una simple amonestación a multas de hasta 1.000 U.F. (más de 16 millones de pesos) y que la Autoridad Sanitaria contempla, además, que ese monto se cuadruplique si se repiten las faltas en un período de doce meses. Finalmente, la Superintendencia de salud podrá cancelar la inscripción de acreditador si éste continúa incurriendo en faltas.
Sobre la transparencia de la acreditación, el presidente del departamento de formación y acreditación médica del Colegio Médico, Enrique Paris, sostiene que la acreditación "es un mecanismo, ojalá autorregulado, por el cual una agencia o un organismo privado hace reconocimiento formal de los procesos educativos de una institución", por lo que es importante que este proceso no sea realizado por el Gobierno, sino que por organismos externos.
Al respecto, el superintendente Inostroza afirma que no es la voluntad del Ejecutivo hacerse cargo de esta labor, pero que la ley lo faculta para que constituya un acreditador gubernamental en caso de que el sistema privado no esté funcionando. Según París, este escenario sería negativo, ya que se prestaría para dar vistos buenos basados en criterios políticos y no necesariamente en una evaluación científica de la calidad de las instituciones.
"Si nosotros asimilamos esta ley con la de calidad superior de la educación, la superintendencia podría cumplir ese rol siempre y cuando actúe como acreditador de acreditadores y siempre y cuando también hubiese un reglamento claro y especifico para los acreditadores", insistió.
Los reglamentos de acreditación, otro de los puntos controversiales de la Autoridad Sanitaria, serán elaborados a partir de marzo de este año, fecha en que se prevé habrá nuevas discusiones sobre el tema.
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