El documento, que a simple vista podría parecer un mero trámite administrativo que busca optimizar los procesos presupuestarios entre el Poder Judicial su Corporación Administrativa para usar mejor los recursos, tiene un trasfondo político no menor para los supremos, si se consideran las discrepancias que han tenido con la cartera de Justicia por el tema de la autonomía financiera.
Un discreto «desaire» realizó la semana pasada la Corte Suprema al ministro de Justicia, Luis Bates, y que pasó absolutamente inadvertido. Se trató de la firma de la ampliación del Convenio de Desempeño 2001 y 2002 entre el Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda.
El documento, que a simple vista podría parecer un mero trámite administrativo que busca optimizar los procesos presupuestarios entre el Poder Judicial y la Corporación Administrativa para usar mejor los recursos, tiene un trasfondo político no menor para los supremos, si se considera las discrepancias que en el último tiempo tuvieron con la cartera por el tema de la autonomía financiera.
De hecho, en el papel que firmaron el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, y la ministra de Hacienda (s), María Eugenia Wagner, señala que ambas partes «han acordado, en el marco de las normas legales vigentes y la voluntad de ambas instituciones para mejorar su gestión en un contexto de mayor autonomía financiera, el siguiente convenio».
Es en esta última frase donde se filtra discretamente el actuar que en forma underground realizó la Corporación Administrativa del Poder Judicial con Hacienda, desde principios de año y, más aún, cuando fracasaron las gestiones con el Gobierno, a través de Bates. Esto porque en los dos convenios anteriores, nunca se agregó esta frase.
Es más, para la firma del convenio no se citó a ningún medio, aunque también esto obedeció a una estrategia para evitar que Libedinsky debiera hablar sobre el caso Spiniak.
En la ceremonia -sin invitados- estuvieron, además, los magistrados Hernán Alvarez, Urbano Marín y Jorge Medina; también, el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Miguel Sánchez, y el director de presupuestos de Hacienda, Mario Marcel.
La historia de los desencuentros entre Justicia y la Suprema, dicen en tribunales, comenzó cuando asumió Luis Bates. Si bien reconocen que las relaciones entre los poderes del Estado son, de alguna manera, «con arreglo a fines» y nada tienen que ver con los vínculos de amistad, lo cierto es que a algunos supremos la «parada» distante de Bates no cae bien.
Esto se profundizó en la medida en que ambos poderes comenzaron a sostener acercamientos y conversaciones sobre la autonomía financiera el año pasado. Y diciembre fue el mes clave. Los supremos no toleraron la idea de que el Gobierno quisiera, a través de una velada estrategia, imponerles modificaciones que pudieran afectar ese tan preciado valor para los jueces: la independencia, más allá de que el Ejecutivo lo llamara modernización.
Para este 2004 Libedinsky ya reiteró que el Poder Judicial insistirá en la autonomía, por lo que se prevé que este año pueden seguir las diferencias entre el Gobierno y Justicia.
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