El ex comandante en Jefe de la Segunda División de Santiago fue encausado por el juez con dedicación exclusiva Juan Carlos Urrutia, pues habría dado la orden al entonces coronel Luis Ramírez Pineda de asesinar a doce colaboradores del presidente Salvador Allende, apresados en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973.
El juez con dedicación exclusiva del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, sometió a proceso al general (R) Herman Brady Roche por el delito de secuestro calificado, en calidad de cómplice, en el juicio que sustancia por el secuestro y asesinato de colaboradores del presidente Salvador Allende, apresados en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
El general (R) fue notificado ayer de su sometimiento a proceso y quedó con arresto domiciliario.
Brady fue procesado por la desaparición de Julio Tapia, Oscar Valladares, Juan Vargas, Jorge Klein, Juan Montiglio, Julio Moreno, Arsenio Pupin, Jaime Berríos y Daniel Escobar.
Para el golpe de Estado, Herman Brady era el comandante en Jefe de la Segunda División del Ejército y jefe de Guarnición de Santiago. Bajo su mandato habría dado la orden al entonces coronel Luis Ramírez Pineda -también procesado en esta causa- de asesinar a doce colaboradores del presidente Salvador Allende.
En esta misma causa, también están procesados varios ex uniformados, además, por la remoción ilegal de los cuerpos desde los campos de Peldehue, cuya resolución describe el método que usaron.
El historial de Brady
Herman Brady, fue ministro de Defensa durante el Régimen Militar y para el golpe de Estado -mientras se desempeñaba como Jefe de Guarnición de Santiago- fue quien tuvo la misión de "desinformar" al gobierno de la Unidad Popular y quien ordenó cómo desplazarse dentro de La Moneda a los comandantes de las unidades de Santiago el 11 de septiembre de 1973.
Posteriormente, Brady reconoció tener conocimiento sobre la existencia de detenidos desaparecidos, pero advirtió que eso era obra de los mandos medios.
Herman Brady también fue requerido por la justicia norteamericana, vía exhorto al juez Juan Guzmán, por su posible participación en el asesinato del ciudadano estadounidense Charles Horman.
En 1996 el juez Baltasar Garzón ordenó arresto internacional para Brady y su extradición a España, en el marco del proceso relacionado con el asesinato de Carmelo Soria, funcionario de las Naciones Unidas.
Tras los resultados de la mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, Brady -junto a otros ex uniformados- firmó un documento en el que rechazó la exhumación ilegal de los cuerpos de las víctimas del régimen militar y donde se reconocen algunos "problemas y desaciertos" que hubo durante el régimen de Pinochet.
«La responsabilidad que nos cabe dentro de los años vividos no puede distorsionar nuestra mirada y menos nuestras conciencias. De allí que por sobre la comprensión del origen del gobierno militar y la valoración de su obra, reconocemos la existencia de desaciertos o problemas en materia de derechos humanos, los que no pueden volver a repetirse», expresaba el documento.
Dicha declaración fue firmada por los generales en retiro Herman Brady, César Benavides, Santiago Sinclair, Sergio Covarrubias, Jorge Lucar, Jorge Zinke, Hernán Forestier y Washington Carrasco. Todos los firmantes ocuparon la vice-comandancia del Ejército entre 1973 y 1990 y formaron parte del círculo más cercano a Pinochet. El único en esta condición que no firmó el documento fue el actual senador Julio Canessa Roberts.
En el documento también se reconocía que fosas comunes de víctimas del gobierno militar fueron abiertas para sacar de allí los cuerpos. En aquella ocasión los generales (R) condenaron las exhumaciones ilegales diciendo que son incompatibles con la conducta de los oficiales militares.
El 2001, el general (R) Brady recibió la "Condecoración 11 de Septiembre" -que entrega la Fundación Pinochet- junto a destacados personajes como el brigadier José Zara Holger, los generales en retiro Luis Danús Covian y Guillermo Garín, y al sacerdote Raúl Hasbún, entre otros.
La distinción se otorga a figuras del quehacer nacional, que hayan destacado por sus "valores y principios", en todas aquellas áreas contempladas en los objetivos que rigen los estatutos corporativos.
