Tres funcionarios del ministerio del Trabajo que inspeccionaban haciendas en busca de peones rurales sometidos a esclavitud fueron ejecutados en una acción que tiene el sello de los »gatos», intermediarios que »contratan» mano de obra y la mantienen viviendo en peores condiciones que el ganado.
Ante la decisión del gobierno de Lula da Silva de combatir el trabajo esclavo en el campo, los las bandas armadas de los latifundistas subieron la apuesta. A su ya larga historia de asesinatos de campesinos sumaron, por primera vez, el de tres auditores del ministerio de Trabajo que inspeccionaban haciendas en busca de peones rurales sometidos a situación de esclavitud.
La noticia conmovió al gobierno -los ministros de Justicia y de Trabajo, y el secretario de Derechos Humanos, se trasladaron inmediatamente al lugar- y al propio Lula, que se encontraba en Suiza, desde donde ordenó crear una comisión policial especial para esclarecer el crimen. El ministerio de Trabajo, en Brasilia, estuvo de luto esta semana, con una corona de flores en la puerta que llevaba los nombres de los servidores públicos asesinados.
Fue en una región llamada Unaí, al noroeste del Estado federado de Minas Gerais, que en los primeros tres meses del año recibe en torno a 30 mil personas para trabajar en las cosechas. Tres fiscales de la Delegación Regional del Trabajo y el chofer que conducía la camioneta, fueron sorprendidos en una emboscada por hombres armados que les dispararon a los cuatro, directamente a la cabeza. El conductor, gravemente herido, consiguió llegar hasta un lugar poblado y relató lo que había sucedido. Murió camino al hospital.
Las ejecuciones tienen el sello mafioso de los «gatos», como les llaman en Brasil a los intermediarios que «contratan» mano de obra esclava para los hacendados y después se ocupan de mantener a los trabajadores sometidos por la fuerza en las haciendas, donde viven en peores condiciones que el ganado.
La mayoría de las víctimas de los «gatos» y hacendados provienen de las regiones Norte y Nordeste, zonas de Brasil donde la miseria golpea duro y parejo. Justamente en el estado nordestino de Pará, que parece tierra de nadie, donde la ley es el interés del latifundio, es donde se registran más muertes violentas de campesinos a manos de pistoleros. Los investigadores sospechan que quienes mataron a los fiscales pueden haber sido contratados en aquel Estado, ya que la metodología es similar a la utilizada en varias matanzas perpetradas en los últimos meses. No sería raro: muchos latifundistas que tienen tierras en Unaí, también poseen haciendas en Pará.
«Estamos en el siglo XXI y no es posible que se mate para defender trabajo esclavo», dijo Lula desde Ginebra. Pero esta situación en Brasil tiene una matriz estructural que la hace posible: la propiedad de la tierra en forma de latifundio, que se mantiene por la ausencia (en toda la historia de Brasil) de una verdadera reforma agraria.
De acuerdo con el informe «Los crímenes del latifundio», elaborado por la Pastoral de la Tierra y la Red de Justicia y Derechos Humanos, «la concentración de tierras en Brasil es una de las mayores del mundo. Menos de 50 mil propietarios rurales poseen áreas superiores a mil hectáreas y controlan el 50 por ciento de las tierras registradas. Cerca del uno por ciento de los propietarios rurales poseen el 46 por ciento de todas las tierras. De los aproximadamente 400 millones de hectáreas registradas como propiedad privada, apenas 60 millones son utilizadas en agricultura. Las restantes están ociosas, subutilizadas o se destinan a la ganadería. Existen 100 millones de hectáreas de tierras ociosas en Brasil».
El mismo informe destaca que la contracara de la concentración de la propiedad de la tierra son los 4,8 millones de familias de trabajadores rurales «sin tierra», es decir, que viven en condición de arrendatarios o con menos de 5 hectáreas. «Las mejores tierras se destinan al monocultivo para exportación, como caña, algodón, soja y naranja. Al mismo tiempo, 40 millones de personas pasan hambre en el país, y gran parte de ellas pertenecen al medio rural».
El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y la Pastoral de la Tierra (CPT) han venido denunciando la violencia, que en muchos casos acaba en asesinatos, que sufren los campesinos. Hace treinta años que la CPT registra violaciones contra trabajadores rurales, que documentan casos específicos de desalojos, asesinatos, prisiones arbitrarias, agresiones, amenazas y torturas. De 1985 al 2002 se registraron 1150 asesinatos de trabajadores, abogados, técnicos, líderes sindicales y religiosos ligados a la lucha por la tierra. De enero hasta fin de septiembre de 2003 la CPT documentó 60 asesinatos de trabajadores rurales, el doble de los asesinados durante el año anterior.
Estos crímenes, en su gran mayoría, quedan impunes. No llegan a ser juzgados, o cuando llegan, los culpables no son condenados. Para el presidente de la CPT, obispo Tomás Balduino, la violencia se ejerce de tres formas: a través de las milicias armadas de los latifundistas, a través de los jueces, que imparten justicia midiendo sólo los intereses de los poderosos, y mediante la campaña de los grandes medios de comunicación que «demonizan» a los trabajadores sin tierra y al MST, hablando de violencia cuando hay ocupación de tierras, acción que, en Brasil, es un derecho consagrado por la Constitución.
El informe elaborado por la Red de Justicia y Derechos Humanos concluye: «La campaña contra la reforma agraria, por parte de sectores conservadores, que intentan criminalizar a los movimientos sociales, tiene como objetivo mantener el poder de las oligarquías rurales y las desigualdades económicas. El gobierno debe actuar con claridad en la defensa de los derechos básicos de los trabajadores rurales, combatiendo la impunidad de los crímenes del latifundio y eliminando las estructuras coloniales arcaicas, que perpetúan la concentración y ociosidad de las tierras agrícolas en el país».
Joao Pedro Stedile, economista y coordinador nacional del MST, explica en un reportaje concedido a la revista «Caros Amigos», que «a diferencia de la europea, la burguesía brasileña no necesitó dividir la tierra para ganar dinero: ganó sobre la base de la gran propiedad». Eso, según Stedile, explica el hecho histórico de que, al contrario que en Europa y Estados Unidos, en Brasil la clase dominante no haya necesitado dividirse en fracciones: industrial, bancaria, comercial, rural. «Tenemos bancos propietarios de tierras, empresarios de medios de comunicación, políticos, jueces, senadores, diputados propietarios de tierras. La clase dominante como un todo, en Brasil, es propietaria de la tierra». Resumiendo: los grandes propietarios rurales, son los dueños del país.
El trabajo esclavo y el latifundio son una sola cosa y el asesinato de los fiscales del ministerio de Trabajo fue una demostración de fuerza. Ellos siguen mandando.
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