Convertido en el país más probre de América Latina, Haití enfrenta una de las peores crisis social y política de los últimos años. Mientras la oposición exige la salida del presidente Jean-Bertrand Aristide, el mandatario aún ni siquiera decide la fecha en que llamará a comicios legislativos, los que debieron realizarse el año pasado.
Tras meses de una intensa crisis social, los ojos del mundo poco a poco comienzan a mirar con preocupación la situación de Haití. La escalada del levantamiento social, que hasta el momento ha cobrado la vida de medio centenar de personas, hace difícil imaginar que el gobierno de Jean-Bertrand Aristide pueda cumplir íntegramente su mandato.
Los rebeldes controlan las ciudades de Gonaives y el puerto de Saint Marc -en la región norte- y Grand Goave y otras poblaciones al suroeste. El mandatario, en tanto, se mantiene en Puerto Príncipe -la capital- asegurando que no dejará su puesto hasta que termine su mandato, en dos años más.
Ayer, mientras el primer ministro haitiano, Yvon Neptune, acusó a los grupos de oposición de conspirar para dar un golpe de Estado contra Aristide, los contrarios al gobierno decidían si sumarse o no a los grupos armados.
La oposición, asociada en el llamado "Grupo de los 184", integrada por igual número de grupos políticos, empresariales, sindicales y estudiantiles, exige la renuncia del presidente haitiano al que responsabilizan de fraude electoral, muertes extrajudiciales, tortura y del retraso económico que vive el país.
Francia fue el primer país en levantar la voz por la situación de Haití haciendo un llamado a la calma y pidiendo un cese inmediato de la violencia. A esta petición se sumó Amnistía Internacional, organismo que pidió que el gobierno y la oposición tomen medidas inmediatamente "dentro de la constitución de Haití y las leyes internacionales para acabar con estos ataques al estado de derecho".
Si bien Estados Unidos ha expresado su preocupación por la situación política en Haití, Washington, esta vez, no está dispuesto a intervenir en el conflicto del país que ocupó por más de 20 años.
Lo que mueve a la oposición
La oposición al gobierno de Haití espera llamar la atención de la comunidad internacional para lograr que Aristide dimita, pues no reconocen su victoria electoral del año 2000. Temen que el mandatario vaya a suspender o a hacer trampa en las elecciones legislativas que, según lo anunciado por el propio presidente, debieran realizarse este año y que quiera presentarse a otra reelección en 2005.
Ayer, finalizó el mandato de los 83 diputados haitianos elegidos en 2000, quienes llamaron a Aristide, en su última sesión, a convocar a elecciones legislativas para evitar un "vacío constitucional". En el Senado, en tanto, cuatro senadores también finalizaron su mandato, y aunque podrá seguir sesionando, sus 15 integrantes no tienen autoridad para aprobar nuevas leyes.
Originalmente, la oposición política alegaba que la reelección en 2000 de Aristide y las elecciones legislativas de ese entonces fueron fraudulentas. Protagonizaron un boicot al Congreso y se negaron a participar en cualquier iniciativa gubernamental.
Ahora, la oposición enfrenta una nueva disyuntiva: por un lado exigen la realización de elecciones legislativas, pero no ha llegado a acuerdo con el gobierno sobre quién debe dirigir el consejo electoral encargado de los comicios.
La oposición se niega, además, a participar en las elecciones, a menos de que Aristide dimita. La semana pasada solicitaron que se conformara un gobierno de transición presidido por un representante de la Corte Suprema y un consejo de nueve miembros.
La situación de Haití
Aristide ha dominado el panorama político haitiano durante los últimos 15 años. Ha logrado cierta estabilidad política, que ahora parece desaparecer poco a poco. Decepcionó a muchos de sus seguidores al no impulsar un programa claro de cambio, pero el gobierno y sus seguidores alegan que la oposición estadounidense y la falta de apoyo internacional le impidieron cumplir lo prometido.
Haití debió enfrentar el bicentenario de la independencia, que se conmemoró el 1 de enero de este año, con una situación económica que empeora cada día. Queda muy poco de la economía formal, con las exportaciones tradicionales de café, ron y otros productos agrícolas reducidas a casi cero.
El turismo, que fue muy popular en la década de 1970, se ha esfumado casi por completo, producto de las revueltas sociales que sacuden al país desde los ’80. La única fuente de ingresos que crece es el tráfico de drogas, donde Haití es un puente ideal entre América Latina y Estados Unidos. De hecho, recientemente, Colin Powell se quejó de la falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico por parte de las autoridades haitianas.
La pobreza del país ha llevado a que la esperanza de vida haya bajado hasta los 49 años por culpa del Sida y de otras crisis sanitarias.
Historia de un conflicto
La historia de Haití está plagada de levantamientos populares, cuartelazos y saqueos. Fundada en 1804, tras lograr la independencia de Francia, se convirtió en la primera república negra del mundo. Durante casi 20 años sufrió la ocupación de los infantes de marina de Estados Unidos, quienes cedieron el relevo al dictador Francois Duvalier. El autoproclamado presidente vitalicio dejó el puesto a su hijo Jean-Claude Duvalier que continúo con la trayectoria paterna, marcada por la represión y el saqueo.
Este historial convirtió a Haití y a sus 8 millones de habitantes en el país más pobre del hemisferio.
La irrupción en la escena política de Jean- Bertrand Aristide, ex sacerdote salesiano y seguidor de la Teoría de la Liberación, esperanzó a las clases más humildes del país. Aristide y su partido Familia Lavalá, se comprometieron con la lucha contra al pobreza.
Llamado "el cura de los pobres" asumió su primer mandato presidencial en 1990. Meses después fue derrocado y se exilió en Washington. Cuatro años más tarde, los marines estadounidenses se encargaron de reinstalarlo en el poder.
Incapacitado legalmente para presentarse a una segunda presidencia consecutiva fue remplazado por Rene Preval. El 2000 ganó las elecciones que fueron objetadas por la oposición, la que denunció irregularidades en el conteo de los votos.
El 2001, la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció complicidades gubernamentales en el supuesto golpe de ese año contra Aristide. Este fue el inicio del aislamiento y del congelamiento de la ayuda internacional para Haití.
Las milicias rebeldes
En 1995 se disolvió el Ejército y la Policía asumió sus funciones, pero diferentes bandas armadas conformaron ejércitos paralelos. Aristide apoyó al llamado "Ejército Caníbal", quienes tras el boicot de la oposición en las elecciones de 2000 incrementaron la virulencia de sus acciones, provocando el exilio de un importante número de opositores.
La presunta instigación de Aristide en el asesinato de Amito Metanyer, líder de la milicia, acabó con la colaboración con el gobierno. El Frente de Resistencia Revolucionario (FRR), antes llamado Ejército Caníbal -por su afición por devorar vivas a sus victimas- se convirtió en el principal grupo armado antigubernamental.
El Ejecutivo cuenta ahora con los "chimeres", bandas progubernamentales que manejan el mismo idioma de violencia del FRR. Para Aristide los chimeres son "organizaciones populares prestas a defender la democracia y legitimidad de su mandato que termina dentro de dos años".
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