De vacaciones en Miami, el dueño de Johnson’s, Marcelo Calderón, es nombrado como el máximo responsable de tener a la mitad de los trabajadores en huelga. Los sindicatos afirman que hay una serie de prácticas antisindicales ordenadas por los ejecutivos, mientras que al interior de la firma aseguran que los trabajadores crean un clima de violencia.
En su sexto día de agitada huelga, unos 1.350 empleados de la empresa Johnson’s -cadena de tiendas de departamento que pelea los primeros lugares en ventas junto con Almacenes París y Falabella-, no ven solución inmediata a sus requerimientos, pese a las reuniones que han sostenido con autoridades del Gobierno y a las sonadas protestas protagonizadas en el centro de Santiago y otros lugares del país.
La negociación colectiva que comenzó en enero entre los representantes de los sindicatos y con los ejecutivos de la firma, no ha dado el fruto debido, afirman los dirigentes, luego de la permanente negativa a sus demandas por parte de los ejecutivos de la empresa, hecho que tendría un gran responsable: Maxo Calderón Crispín, más conocido como Marcelo Calderón, dueño de la compañía.
Los puntos de conflicto entre las partes se centran en que la empresa propuso a los sindicatos mantener los beneficios del contrato colectivo anterior, por los próximos dos años, negándose a mantener un bono compensatorio de movilización de cerca de 55 mil pesos y un bono de término de negociación colectiva de 370 mil pesos.
A modo de compensación, la firma apuesta porque los funcionarios participen de las utilidades del 10 por ciento de los resultados, que serían pagados el 2004 y 2005. Los sindicalistas aseguran que aceptar esta proposición implica la pérdida de un 8 por ciento de la renta mensual y, en la práctica, la participación involucra el pago de sólo 300 mil pesos en dos años.
Por lo anterior, al mediodía de ayer y custodiados por un fuerte contingente policial, 300 manifestantes concretaron su disgusto con las pancartas frente al ministerio del trabajo que rezaban "Calderón eres un ladrón", pues aseguran que en los últimos años de su gestión han surgido "prácticas negativas", como la aparición de trabajadores "polifuncionales" y el término de gratificaciones.
El dueño de la empresa, Maxo Calderón, se mantiene al margen de toda negociación. Es conocido por su bajo perfil y se le ha visto sólo una vez con los empleados en una reunión efectuada hace diez años.
Pero la cercanía del empresario va sólo por el lado de las utilidades, no en cuanto a las relaciones con los funcionarios.
Históricamente, sus cercanos coinciden en definirlo como un hombre trabajólico, siempre involucrado con sus temas financieros y que a ratos toma recreos muy precisos, a través del golf y del bridge.
Calderón ha delegado su poder negociador en sus más estrechos colaboradores: Max De la Sottta y el gerente de Administración y Finanzas, Samuel Cogan. La tensión al interior de la empresa se palpa entre los miembros de la plana ejecutiva. "Los funcionarios han creado un clima de violencia insostenible", comenta un profesional cercano a la gerencia.
Pese a que este impasse es considerado al interior de la empresa como uno de los conflictos más graves que se ha tenido con los empleados, la cabeza de este negocio no se inmuta. Su representante en las dos reuniones con los sindicatos ha sido el gerente general de Johnson’s, Max de la Sottta, no respondió a los llamados de El Mostrador. Tampoco Calderón, quien está "inubicable", pues se encuentra de vacaciones en Miami, hace algunas semanas.
El abogado asesor de la federación de sindicatos, Jorge Blas, explicó que que los mandos medios, ordenados por la gerencia, han mantenido una actitud de "amedrentamiento" hacia los funcionarios. Relató que hace seis años se modificó el contrato de los empleados con el fin de ampliar las atribuciones. Así, por ejemplo: una vendedora hace inventarios y es cajera de una tienda.
Otro de las dificultades con que se han encontrado los empleados, desde hace cinco años, es que luego de 30 años la compañía terminó con las gratificaciones. Los empleados entablaron un juicio laboral hace cuatro años, el que, finalmente, perdieron.
A modo de conclusión el profesional señaló que la posición intransigente de los ejecutivos revela que se "quiere financiar un despido masivo y liquidar la organización sindical que tiene una trayectoria legendaria".
De hecho, los beneficios sólo se pactan con el personal de Johnson’s y no los de las tiendas Mega Johnson’s, quienes tienen condiciones similares de empleo.
Prácticas antisindicales
Para plantear sus dudas sobre la supervisión de las autoridades de Gobierno, a raíz de las medidas que ha tomado la firma en el periodo de huelga, los dirigentes solicitaron reuniones con la dirección del Trabajo y el ministerio del ramo.
Aseguran que en ciudades como Copiapó no se han cursado multas estipuladas en cuatro Unidades de Fomento, ya que hay huelguistas que fueron reemplazados por la empresa. Por unos 67 mil pesos, los locales siguen contratando personal part time.
Como solución la directora del Trabajo, María Ester Feres, ofreció sus buenos oficios para mediar en el problema. Invitó a establecer una mesa negociadora a los ejecutivos de la firma, proposición que evaluarán los sindicatos en pleno, en los próximos días.
Feres, consultada por El Mostrador.cl sobre las prácticas antisindicales recibidas, aseguró que se están investigando y que luego que se termine la negociación colectiva "se podrían interponer acciones legales", si las denuncias tienen base.
Explicó que entre los hechos denunciados están que luego que se votara la huelga "se indujo a engaño a algunos funcionarios, al hacerlos firmar antes que se plegaran a la huelga, con el fin de que aparecieran fuera del movimiento".
Otra de las prácticas, según Feres, se refiere a que algunos huelguistas tienen pruebas de que han sido filmados por guardias de seguridad de la empresa. "Estaremos atentos a que no haya represalias de ningún tipo, producto de este proceso de negociación", remarcó.
Otro de los problemas que preocupa al Gobierno es la gran cantidad de detenidos por la huelga en regiones. En Los Ángeles se detuvo a 40 personas que protestaban, ante lo que la ministra (s) del Trabajo, Macarena Carvallo, pidió un informe con los nombres de los detenidos al ministerio del Interior y las razones de la detención.
El presidente de la Federación de Sindicatos, Cristián López, precisó que una de las medidas que ha tomado Johnson’s tras la paralización de actividades son el envió de una circular a los jefes de salón de las distintas tiendas, para que "tomen nombres de 123 personas para ser despedidas".
López afirmó que el aumento de beneficios no pasa por un tema de falta de recursos de la empresa, y añadió que el argumento que dio la compañía, cuando dialogaron, fue que se ha realizado una cuantiosa inversión en nuevas tiendas, "suma que asciende a 2,5 millones de dólares por cada una de ellas", dijo.
