Ambos estamentos coinciden en que es necesario un cambio, pero creen que es complejo poner en marcha una reforma. ¿La razón?: la encabeza el rector Ubaldo Zuñiga, la figura más mal evaluada. El informe del grupo de analistas incluye que los profesores sean calificados por desempeño, la necesidad de un interventor y que se modifique una estructura »poco democrática».
Aún no comienzan las clases en la Universidad de Santiago y académicos y estudiantes trabajan por separado, con el informe de la Comisión de Reestructuración del plantel en la mano -evacuado a finales de enero-, que propone fuertes cambios a una de las casas de estudio tradicionales más cuestionadas.
La comisión, encabezada por el ex ministro de Salud, Alex Figueroa, e integrada por distintos estamentos, entregó un documento con propuestas, con el fin de que sean puestas en marcha desde el 2004. Uno de los puntos más controvertidos es la aplicación de pautas de desempeño de los docentes, por primera vez desde que existe el plantel. El objetivo de la comisión es que se evalúe a los profesores y a las unidades académicas con el fin de corregir los errores y alcanzar excelencia académica.
Otra modificación apunta a la creación de la figura de un "prorrector de reestructuración", de carácter transitorio y nombrado por el Consejo Académico y la Junta Directiva, que tendrá como misión proponer cómo se hará la reestructuración y cómo debe ser la nueva planta de la universidad. Se propone también que se cree un nuevo estatuto, pues se sostiene que la estructura de la universidad tiene un sistema »poco democrático».
Otro de los puntos que se incluyen es la creación de la Sociedad de Desarrollo Tecnológico (STD), como «unidad de negocios», estableciendo mecanismos de designación de un director, tasas de comisión y el traspaso de fondos, entre otros. La STD es un símil del desaparecido Instituto de Economía de la Universidad de Chile (IDECON), entidad encargada de desarrollar consultorías con ministerios públicos y empresas privadas.
Pero los cambios se ven lejanos para estudiantes y académicos que integran el Frente por la defensa de la Universidad, quienes detectan que uno de los principales actores podría ser la piedra de tope para que finalmente se desarrolle al reforma: el rector Ubaldo Zúñiga, quien no es bien evaluado por los sucesivos conflictos en que se ha visto involucrado.
La desaprobación a la rectoría, surgió por el uso de recursos del programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior (Mecesup), con lo que proyectos de académicos quedaron estancados, lo que generó el malestar de algunos profesores y la consiguiente desaprobación sobre su gestión. A esto se suma el no pago del Fondos de Bienestar a los funcionarios, situación que fue informada por la Contraloría General de la República, para que fuera regularizada en el plantel.
Es difícil tener confianza
El presidente de la Federación de Estudiantes, Pablo Carrillanca, aseguró que si bien se requiere hacer una refundación de las bases de la Usach, uno de los puntos más controvertidos es cómo y quién la llevará a cabo.
Sobre a las reformas y el papel de Zúñiga sostuvo que "es difícil tener confianza. Es una de las grandes crisis que viven nuestras universidad. Hay que confiar mecanismos en conjunto con el consejo para velar que esta reforma se lleva a cabo. Es complejo tener confianza en alguien que no ha tenido una buena gestión", dijo.
Explicó que uno de las áreas que afecta a los alumnos es la política que han tenido las autoridades de la casa de estudios, respecto a la contratación de académicos que, dijo, los ha afectado, pues se usa el sistema de "profesor por horas".
"Uno de los temas que más complica es la contratación de profesores, debido a que muchos alumnos no pueden tener contacto con ellos, para terminar sus trabajos o ser orientados", explicó.
La calidad de servicio que se le entrega a los estudiantes también son un problema "en casos como el proceso de matrículas e inscripción de ramos, que debería estar on line", sostuvo el dirigente.
"El tema financiero siempre nos afecta. Por razones económicas o falencias de rectores se toman medidas que dañan la calidad del servicio de los estudiantes, como la reducción del personal", dijo.
Dudas de académicos
Un académico que pertenece al Frente por la Defensa de la Universidad, quien prefirió no dar su nombre, dijo que se está preparando un documento de respuesta al contenido del informe. Este grupo ha sido el más férreo opositor a la gestión del rector Zúñiga y es integrado por académicos como el director del Departamento de Administración, Víctor Salas, y el director del departamento de Ingeniería Eléctrica, Juan Zolezzi.
El docente apuntó que el informe constituye un trabajo serio con "proposiciones más o menos esperables, que deben ser analizadas en su viabilidad. Pues una cosa es que sea un informe bonito y otra que pueda ser ejecutado".
Aseguró que esta propuesta de la comisión "nos entrampa, pues no aporta la solución, en parte, porque no señala caminos a seguir en cuanto a la crisis económica y la académica que están incompletos o que falta visualizar su conexión clara".
En cuanto a la evaluación de los docentes sostuvo que toda evaluación al desempeño de los profesores "debe hacerse con tiempo", si no se convierte en un mecanismo de decisiones para que "la gente se vaya".
Destacó el profesional que la renovación de la estructura de la casa de estudios, calificada por la comisión como «poco democrática», es uno de los puntos de mayor conflicto, pues los académicos fueron los que aprobaron que un claustro universitario fuera el que finalmente gobierne la universidad. Así, los docentes opinan que de alguna manera se desconocen los acuerdos ya tomados.
Probablemente en marzo los estamentos de la universidad entregarán públicamente sus evaluaciones. Por ahora la rectoría no da una versión del tema, pues se encuentra en periodo de receso.
En todo caso, ya el presidente de la comisión, Alex Figueroa, entregó su visión cuando hizo público el informe: "nuestra diferencia con el consejo (de académicos), es que apuesta por un Consejo Superior en el cual no hay derecho a voz ni voto de los funcionarios o de los estudiantes".
"Nosotros creemos que sí deben tener derecho a voz y voto los estudiantes y los funcionarios, profesionales y administrativos; es una diferencia de fondo. Sin embargo, no queremos ser obstáculo ni poner una situación de tensión", manifestó Figueroa.
