Corte Suprema inaugura Año Judicial con severas críticas a la prensa

Con múltiples críticas al desempeño de la prensa, el presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, inauguró esta mañana el año judicial 2004. El magistrado realizó un severo análisis de la relación entre los medios y la judicatura, e hizo referencia a situaciones pasadas y presentes que, a su juicio, erosionan este vínculo, ya en "tensión constante".



Saliéndose del libreto, Libedinsky también criticó la acción de grupos que se han dedicado «a desprestigiar la labor del Poder Judicial, poniendo en duda la posibilidad de acceso a la justicia». Citó, por ejemplo, el caso de las muertes en Aysén, donde dijo que «se ha injuriado y atacado a los ministros de Coyhaique», sin que hayan antecedentes para ello, y habiéndose realizado una investigación «exhaustiva por parte de la justicia». Agregó que esa es una «situación que alarma» y que es necesario parar «situaciones como ésta».



«Se han hecho informaciones al boleo porque nunca se han aportado pruebas para demostrar que aquí se hubiera presentado alguna otra situación que la que esteblacen los tribunales. Se ha injuriado, se ha atacado a los ministros de la Corte de Coyhaique dificultándoles el desempeño de su labor. No se puede aceptar que se emprendan campañas con alta publicidad que lo que están haciendo es desprestigiar al Poder Judicial», dijo.



También se refirió a los cuestionamientos que se han hecho a la condena dictada contra Julio Pérez Silva, en el caso Alto Hospicio. «No se puede dejar conforme a todas las partes», dijo.



Enfatizó que en este caso «se aplicó, en primera instancia, una condena a presidio perpetuo, que es la más alta que existe en el ordenamiento judicial, y que aún así la ciudadanía se manifiesta disconforme. Indicó que esta disconformidad puede deberse a los trascendidos de prensa que hablaban de una condena a presiduo perpetuo calificado, informaciones que llamaron la atención de los famiiares, que creyeron que podía aplicarse una sentencia de ese tipo». Recalcó, además, que Julio Pérez Silva no ha sido condenado a 20 años, como ha sido publicitado, si no que a perpetuidad, con la posibilidad de optar a la libertad condicional, cumplido este periodo, evaluación que deberán hacer los organismos competentes.

Entre otros puntos, abogó por un "diálogo ciudadano" que permita delimitar la relación entre el derecho al honor de las personas y el derecho a la información, tema que, según Libedinsky, es el que genera las situaciones más conflictivas.



Aun cuando criticó también las "intromisiones ilegítimas en la vida privada", reforzó su tesis de que los jueces "están más expuestos, que el común de las personas, al escrutinio de la ciudadanía" y dijo que por eso "deben mantener una conducta externa compatible con los deberes del cargo".



Casi al final del discurso, Libedinsky incorporó una referencia implícita a la situación ocurrida a fines de año con el ministro Daniel Calvo y a la sanción de la cual él fue objeto luego de conocerse su asistencia a establecimientos gay.



"No se trata de juzgar la intimidad de los jueces o de otros funcionarios o de imponerles particulares estándares de moral sexual o personal, pero la ciudadanía tiene derecho a exigir de sus jueces que sus actos externos fortalezcan y no deterioren la confianza ciudadana. La desordenada inconsecuencia entre la vida privada y pública, no es del todo admisible cuando se trata de los jueces y de otras autoridades y puede ser sancionada, en cada caso, por quien corresponda".



Libedinsky -quien asumió la presidencia de la Corte Suprema el 6 de enero pasado y en el discurso de hoy calificó su cargo como "un alto honor" pero también "una pesada carga" que "ya he tenido la oportunidad de apreciar"- , manifestó su malestar con los "juicios paralelos" que realizan los medios de comunicación y las "condenas anticipadas" que de ellos emergen.



El magistrado expuso que la mala imagen que posee el Poder Judicial puede serle adjudicada en gran medida a los medios, y puso como ejemplo la situación referida. "Este problema no sólo afecta a los inculpados en los procesos penales sino también a la imagen de la justicia, que no permite conocer los verdaderos fundamentos de las resoluciones adoptadas, que quedan opacadas por los análisis efectuados por los propios medios, muchas veces en forma superficial, de los antecedentes procesales".



Con todo, reconoció el rol que le cabe a la prensa en una sociedad democrática, pero también cuestionó que esa misión sea cumplida por los medios chilenos. "Reiteramos, como ya lo hemos dicho, que la función principal de la prensa es aclarar y enriquecer el debate democrático. ¿Cumple con esa misión? No siempre", dijo.



Libedinsky fue aún más allá y, aun cuando sostuvo que los jueces "no tememos a las críticas razonadas y entendemos que nuestra labor (esté) sometida a la deliberación pública", cuestionó muchas de las opiniones que proliferan en los medios de comunicación al sostener que tal fiscalización no debe "confundirse con transformar a la labor jurisdiccional en una parte del espectáculo: más preocupado de sorprender a las audiencias, que de hacerlas participar en la función pública".



Un opaco nunca más



El Presidente de la Corte Suprema se refirió también, brevemente, a la labor de los tribunales en materia de derechos humanos y destacó la labor de los jueces con dedicación exclusiva.



Justificó la inacción de los tribunales durante el régimen militar enfatizando que los hechos "resultaban imposibles de pesquisar a fondo" en la época que ocurrieron, "desde el momento en que involucraban, como se ha esclarecido posteriormente, a organismos de seguridad, a sus jefes e integrantes".



"Su efectiva investigación sólo fue posible a partir del retorno de la democracia a nuestro país. No puede desconocerse que la justicia, al igual que la libertad, sólo son viables en democracia. Por lo demás, cabe recordar que, según se ha dicho por un magistrado español -y en esto España tuvo también su experiencia- "los regímenes totalitarios suponen la plenitud de un poder sin verdaderos controles legales e institucionales que, por propia naturaleza, está por encima de las leyes".



Aun así, Libedinsky, en una especie de nunca más lo suficientemente velado, deslizó que la judicatura aprendió la lección y cree que no se volverá a actuar inactivamente respecto a las violaciones que, eventualmente, pueda llevar a cabo el poder en el futuro.



"Estimamos que debido a la experiencia adquirida por nuestro Poder Judicial, nunca volverá a incurrir en deficiencias o inhibiciones en el desempeño de sus dos grandes roles, cuales son tutelar y amparar los derechos y las libertades de las personas y controlar los actos de autoridad".



Vuelve el debate por la autonomía



Otro punto abordado por el presidente de la Corte Suprema en su discurso fueron las demandas por autonomía, que el año pasado obtuvieron el visto bueno del Gobierno sólo en lo que respecta a la facultad de disponer de los recursos de la manera en que el Poder Judicial estime necesario (flexibilidad presupuestaria).



Con ello, Libedinsky puso nuevamente el tema en el tapete, destacando que, tras las diferencias de opinión que se constataron entre el Pleno de la Corte y el ministerio de Justicia en torno a cuál debía ser el contenido de los acuerdos, lo que derivó en la suspensión provisional del debate, "en fecha reciente, a raíz de conversaciones mantenidas… se acordó continuar los trabajos conjuntos mediante la elaboración de una nueva metodología y sistemas de trabajo". El magistrado dijo estar confiado en que esta vez las conversaciones tengan éxito.



Sanciones disciplinarias



En el discurso, que en su sentido original corresponde a una cuenta pública de la labor desarrollada el período anterior, el Presidente de la Suprema dio a conocer que durante el 2003 el máximo tribunal tomó conocimiento y aplicó un total de 201 medidas disciplinarias, 53 más que en el período anterior. Precisó que 34 de ellas corresponden al escalafón primario y que se trató de una remoción, tres suspensiones, una censura por escrito y 29 amonestaciones privadas.



Referente a los abogados, la Suprema impuso seis medidas disciplinarias que se tradujeron en cuatro suspensiones, una amonestación privada y 1 multa.



En lo que respecta a la Comisión de Ética de la Corte Suprema, Libedinsky informó que esta instancia recibió 114 reclamos en total, mientras que el 2002 llegaron 197. De los reclamos recibidos el 2003, 70 fueron archivados "por no corresponder a la finalidad de la labor de la Comisión"; 19 fueron derivados al ministro visitador o a la Corte de Apelaciones respectiva; y 12 fueron remitidos al Pleno, aplicándose sanciones disciplinarias; y 13 permanecen pendientes.



"Como se advierte de lo anterior, el Poder Judicial, en particular la Corte Suprema, ha sido y seguirá siendo estricta y rigurosa en sancionar los comportamientos irregulares de sus magistrados y funcionarios", expuso Libedinsky.



Cuentas amargas: aumentan causas pendientes



Pese a la creación de nuevas salas en las cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, la cantidad abultada de causas pendientes en estos tribunales continúa sin superarse.



Así lo constató Libedinsky, quien informó que durante el 2003 ingresaron a las cortes de Apelaciones y Marciales del país un total de 178 mil 861 causas, lo que significó una reducción de un 28 por ciento respecto de las causas ingresadas en el año 2002, hecho que se debe principalmente a los efectos de la ley que introdujo modificaciones a la tramitación de la segunda instancia en materia penal y a la puesta en marcha de la tercera etapa de la Reforma Procesal Penal. Sin embargo, las causas falladas del período en análisis alcanzaron a 169 mil 707, que en cifras equivale al 94 por ciento de las causas ingresadas y significa una disminución de un 32 por ciento en el total de causas falladas respecto del año 2002.



Adicionalmente, mientras en el año 2002 las causas pendientes en las Cortes alcanzaban la cifra de 83 mil 009 correspondientes a causas de años anteriores, en el año 2003 dicha cifra llegó a 91 mil 684 causas. En particular, las cortes de Apelaciones de Santiago y Valparaíso participan en esta cifra con 52 mil 831 y 15 mil 167 causas pendientes respectivamente, las que representan el 58 y 17 por ciento del total de causas pendientes a nivel nacional.



Aún así, Libedinsky destacó que las cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel presentan el más alto número de fallos, con 54 mil 190 y 25 mil 857 causas falladas, que representan el 32 y 15 por ciento del total a nivel nacional. Por otra parte, las Cortes de Apelaciones de Copiapó, La Serena, Rancagua, Temuco, Coyhaique y Punta Arenas lograron una disminución en sus causas pendientes.



En la Corte Suprema también aumentaron las causas pendientes. El ingreso total de recursos aumentó de 5 mil 590 en el año 2002 a 6 mil 262 en 2003, es decir, en 672 recursos. En 2003 se dictaron 5 mil 534 fallos. La existencia pendiente aumentó, de 2 mil 272 a 3 mil, aun cuando se registró un mayor número de fallos.



En otras cifras, el Presidente de la Suprema informó que durante el año que comprende la cuenta pronunciada, el máximo tribunal en Pleno dictó nueve autos acordados para la mejor aplicación de las leyes e impartió 33 instrucciones de carácter general a fin de obtener un mejor rendimiento y control en el funcionamiento de los tribunales del país. Se practicaron 16 visitas inspectivas a las cortes de Apelaciones del país, se emitieron 51 informes de diversos proyectos de Ley y se otorgó título de abogado a mil 244 personas.



Finalmente, la cuenta constató que a la fecha van 585 alumnos del Programa de Formación de la Academia Judicial, de los cuales 352 (60 por ciento) se encuentran incorporados en cargos titulares del Poder Judicial.



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Discurso Año Judicial 2004