Pocas son las personas que cuestionan la labor del abogado que han contratado, confiando en su profesionalismo. La desinformación de los clientes lleva a que muchos de estos hechos permanezcan sin ser denunciados, ya sea a los tribunales cuando se trata de ilícitos o, bien, al Colegio de Abogados, cuando se trata de faltas a la ética.
¿Cómo reaccionaría usted si el abogado que tramita su causa -vital para su futuro económico o personal- incorpora como ‘costas’ del juicio una boleta de restaurante y le dice que es del almuerzo al que debió invitar al juez para que fallara a su favor? ¿Sospecharía si su caso pasa tres años sin ser fallado por los tribunales más altos o creería que sólo es producto del retraso que existe en las cortes del país?
Pocas son las personas que cuestionan la labor del abogado que han contratado confiando en su profesionalismo. La mayoría cree que así funcionan las cosas. La desinformación de los clientes lleva a que muchos de estos hechos permanezcan sin ser denunciados, ya sea a los tribunales cuando se trata de ilícitos o, bien, al Colegio de Abogados, cuando se trata de faltas a la ética.
Pero casos de abogados que ejecutan actos fraudulentos en perjuicio de sus clientes ocurren en forma cotidiana. Es escaso el margen de acción que le cabe al Colegio de Abogados para sancionar las faltas a la ética. Aun cuando la orden posee un código que norma las conductas de sus asociados, tales pautas se hicieron prácticamente inaplicables debido al decreto ley 3.621, que en febrero de 1981 cambió el carácter de los colegios profesionales, reduciéndolos a asociaciones gremiales. Con ello, la inscripción se hizo voluntaria y -según han constatado diversos juristas, entre ellos Alejandro Silva Bascuñan, en revistas de carácter especializado- se produjo una "completa anarquía", pues hoy existen abogados colegiados sometidos al control disciplinario de sus compañeros y otros que se pueden desentender del tema, al no estar colegiados "y que dependen únicamente del control que puedan ejercer los Tribunales, que en la práctica no existe".
La orden aplica permanentemente castigos a los profesionales colegiados que han incurrido en faltas a la ética. Luego de conocer ciertos casos, si así lo amerita, derivan los antecedentes a la justicia del crimen. Pero eso, excepcionalmente.
En los tribunales civiles o del crimen están alojadas varias causas contra abogados. La mayoría de las querellas o denuncias iniciadas guardan relación con ejercicio ilegal de la profesión. Son muchas las personas que se presentan como abogados y nunca recibieron su título. Ellos son conocidos como tinterillos, y han alcanzado tal presencia en tribunales que, incluso, hace algún tiempo se detectó que uno de ellos tenía en Rancagua hasta su propio staff de abogados trabajando para él y una cartera de clientes.
En lo que respecta a la Corte Suprema, sólo tiene la posibilidad de entrar a conocer acciones de abogados que guarden relación con el funcionamiento del sistema, aunque también puede revisar, como instancia superior, aquellas sentencias dictadas en juicios que inician los clientes en los tribunales ordinarios.
Es sencillo engañar
Al Colegio de Abogados llegan 100 denuncias promedio por año. En el 40 por ciento de los casos se logra acuerdo entre las partes y en la mitad de los restantes se absuelve al profesional. Así, al año se aplican cerca de 30 sanciones, las que van desde cancelación o suspensión de los derechos de asociado y multas en UTM, hasta censuras y amonestaciones privadas o públicas.
Los reclamos que en mayor medida recibe la orden tratan sobre la falta de rigurosidad de los profesionales contratados, lo que se expresa, por ejemplo, en negligencias en el cumplimiento de los plazos judiciales. También se denuncia el ofrecimiento de trámites que finalmente no se realizan, abultamiento de costos, malos tratos y faltas al secreto profesional.
Una denuncia que llegó al Colegio de Abogados y que terminó en sanción, el 2003, fue la que hizo Edith Veloso Sánchez. Ella contrató a un pariente, Gabriel Saavedra Sánchez, para que la representara en un juicio laboral por despido injustificado y terminó perdiendo seis millones de pesos. El abogado se quedó con todo el dinero que los tribunales habían reconocido como de su propiedad.
¿El error de la mujer? Asumir que la lentitud de los tribunales implicaba que la vista de su causa podía permanecer en tabla por dos años en la Corte Suprema. La realidad -de la cual ella sólo se enteró luego que un tercero le hizo ver que los plazos no eran tan prolongados y, por eso, concurrió personalmente al máximo tribunal para enterarse de lo que había pasado- era que la Suprema había desestimado la presentación hecha por la otra parte, declarándola inadmisible.
"Cuando lo llamaba para preguntarle qué pasaba con mi caso, siempre me decía que estaba esperando en la Corte Suprema, que estaba en tabla, que los tribunales eran lentos, que había que esperar; que el sistema era muy lento en Santiago y que en otra zona del país ya habría ganado; que en provincia él ganaba muy rápido. El día en que fui a consultar a la Corte lo llamé y me dijo que no sabía nada, que no le daban información. Pero la verdad era que él se quedó con la plata. Él la recibió, la cobró y no me dijo nada. No tengo cómo recuperar el dinero. Ahora no tengo cómo contratar a un abogado que le lleve juicio al otro abogado. La sanción que le aplicó el Colegio (suspensión de los derechos de asociado) no me sirve de mucho", contó la mujer a El Mostrador.cl.
Efectivamente, son pocos los abogados que están dispuestos a emprender acciones legales contra uno de sus colegas, cuando se trata de faltas en el ejercicio de la profesión. Como en todo gremio, la lealtad entre pares es bien vista, y ese es un constante problema para quienes necesitan iniciar juicios de esta tipo.
El Colegio de Abogados sancionó también el año pasado a otros profesionales que se quedaron con dineros que no les pertenecían. Hubo quienes actuaron, después de ganado un juicio, recibiendo los montos adeudados por la contraparte, que llegaron a los clientes sólo por algunos meses, cuando se trataba de pagos en cuotas. Ese fue el caso del abogado Osvaldo Zamora Chávez.
Hubo abogados que, habiendo sido encomendados para efectuar los abonos a la cuenta del tribunal, a fin de evitar el remate de sus bienes, nunca realizaron esa labor y los dineros terminaron en sus manos. Por esta razón, el Colegio aplicó sanciones a Guillermo Risco Agüero y Bernardo Jorquera Rojas.
A otros profesionales se les castigó suspendiendo sus derechos de asociado, por no cumplir con el cometido para el cual fueron contratados. Está ahí el caso de una mujer que encomendó a un abogado que iniciara una demanda por negligencia médica, la que nunca fue presentada. Tras años de espera y luego que la contratante se enterara de la inexistencia de la acción legal, el profesional, Luis Carracedo Aguayo, inventó que había llegado a un acuerdo con la institución demandada, sólo para demorar una eventual presentación en su contra ante el organismo colegiado.
También existen casos en que los abogados hacen abandono de los juicios sin explicación alguna y sin restituir el dinero. Otro ejemplo es el de un profesional, Eduardo Aguilar Moller, que, habiendo ganado un demanda indemnizatoria por accidente de tránsito, dejó transcurrir el plazo para el cumplimiento del fallo, permitiendo que la otra parte solicitara el abandono de la instancia, el que fue acogido.
Entre las sanciones aplicadas en años pasados por el Colegio, está además el caso en que un profesional, Enrique Mayorga Salazar, contratado para alegar la libertad bajo fianza de una mujer, no se presentó en tres oportunidades ante la Corte de Apelaciones. Figura además una contra Pedro Castro Schneider, quien, según se pudo comprobar, no hizo valer las disposiciones legales que favorecían al cliente.
La lista no oficial -hechos que nunca llegaron al Colegio- contiene un sinnúmero de abogados que incluyen, como costas informales del juicio, el pago de coimas a funcionarios judiciales, algunas de las cuales, en realidad, no van a parar a los actuarios. El problema, aseguran miembros del Poder Judicial, es que está tan asentada la idea de que es necesario sobornar para conseguir juicios favorables, que los clientes no cuestionan ni denuncian este tipo de cobros. Se reconoce con desazón, sin embargo, que ellos son una realidad, pero se dice que existe un porcentaje importante de profesionales que se amparan en esa opinión colectiva, para abultar costos.
Los tribunales han tomado conocimiento, también, de varias causas por embargo de bienes, en que se realizan juicios simulados. El procedimiento: antes que un juzgado falle a favor de un reclamante, aparece otro adeudado que acelera el juicio. Éste, en realidad, está confabulado con el deudor y el bien requerido termina en manos del dueño original. El demandante verdadero termina sin posibilidad de cobrar. Todo, gracias a la acción de abogados creativos.
Maniobra ocurrente y el círculo que no se rompe
Aunque la Corte Suprema no se ocupa de las denuncias hechas por los clientes en contra de sus abogados, sí está consciente de que las malas prácticas que algunos de estos profesionales realizan, contribuyen a desprestigiar el Poder Judicial.
El ex presidente del máximo tribunal, Mario Garrido Montt, en el discurso de inauguración del Año Judicial de 2002, puso énfasis en que el ejercicio de la abogacía debía contar con un control ético efectivo, pues, de otra manera, la sociedad no modificaría su visión de la justicia nacional.
En el discurso, Garrido se refirió a una encuesta hecha por la Universidad del Desarrollo, en la que se constata que el 48 por ciento de los clientes piensa que sus abogados son corruptos. El 73 por ciento considera que mienten para conseguir sus objetivos.
Aunque muchos de los ministros de la Corte concuerdan con los datos arrojados por la encuesta, saben que es necesario hacer algo para que el Poder Judicial y el funcionamiento del sistema jurídico no se siga desprestigiando.
En el año 2003 la Suprema sancionó a seis abogados. Pero, debido a las limitaciones en lo que a competencia en este tipo de hechos se refiere, los castigos que puede aplicar el máximo tribunal no tienen mucho que ver con los daños que las malas prácticas producen a los clientes.
La mayoría de las sanciones que la Suprema aplicó el año pasado guardan relación con el empleo, por parte de los abogados, de expresiones abusivas en sus escritos, cuando se refieren a jueces y ministros. Las sanciones dictadas iban desde la amonestación privada, hasta la suspensión por un mes.
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