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Denuncian venta irregular de monumento histórico en La Cisterna

La polémica surge cuando en enero de este año, el alcalde de la comuna de La Cisterna, Héctor Silva, vendió a privados la Casa de la Cultura -declarada monumento histórico-, para ser convertida en un mall. Según declaraciones de miembros del Comité de Defensa de la entidad cultural, Silva habría realizado la licitación con conocimiento que la propuesta patrimonial estaba en curso.


En enero, el alcalde de La Cisterna, Héctor Silva Muñoz (UDI), vendió la Casa de la Cultura de la comuna a privados,como parte de un paquete de venta de terrenos municipales para paliar el presupuesto del año en curso. Posteriormente, el Consejo de Monumentos Nacionales la declara Monumento histórico, lo que implica para los actuales dueños, no poder demoler ni intervenir el recinto sin la aprobación de organismo calificador. Según miembros del Comité de Defensa, creado en torno al conflicto, Silva habría realizado la licitación del lugar mediante un proceso irregular y además en pleno conocimiento de que la solicitud estaba en curso.



"Los miembros de la junta vecinal fuimos los que solicitamos al Consejo de Monumentos Nacionales, en junio del 2003, declarar la casa de la Cultura en monumento histórico. El 3 de marzo fue emitida la solicitud, pero actualmente falta la firma del Ministro de Educación, Sergio Bitar. Oficialmente, el alcalde recibió del Consejo de Monumentos Nacionales una carta donde se le solicitaba su opinión al respecto, el 28 de julio del año pasado. En noviembre se formó una comisión favorable por parte de la alcaldía. Además apareció una propuesta de cómo se podría reparar la casa, a través de la ley de donaciones culturales. Fue un informe favorable", afirma Patricia Délano, Vicepresidenta del Comité de Defensa de la casa de la Cultura de La Cisterna.



"Pero en diciembre, la Casa de Cultura es incorporada dentro del presupuesto municipal para la venta. Y a la semana siguiente se aprueban las bases y se llama a licitación, según nuestro criterio, de una forma bastante irregular. Porque se señalaba ‘enajenación de inmuebles, municipalidad de La Cisterna, compra de bases, visita en terreno, aclaración, etc’, pero no se especificaba ubicación, precio mínimo y mucho menos que se estaba ofreciendo la Casa de la Cultura. Se vendió sin precio mínimo, muy por debajo de lo que está evaluada y con un solo oferente", continúa.



La Casa de la Cultura fue vendida en 1.200 millones de pesos a los dueños de los Supermercados Puerto Cristo, a través de la inmobiliaria UnCastillo, quienes, según Patricia Délano, fueron engañados por Néstor Silva. "Los privados perfectamente puede demandar a la Municipalidad, por fraude, ya que esto fue un engaño. El espacio, declarado monumento histórico, impide a sus dueños demoler o intervenir el lugar. El alcalde tenía antecedentes que esto estaba en declaratoria, ya que se le enviaron cartas antes que la vendiera".



Por su parte, Silva afirma haber estado totalmente desinformado de la situación. "Nunca tuve conocimiento de que se estaba tramitando la solicitud de convertir la Casa de la Cultura de La Cisterna, en monumento histórico. No sabíamos nada o si no le habríamos informado a la empresa. Si estábamos en conocimiento y la empresa postuló, estaríamos engañándolos. Si nosotros hubiésemos sabido que el trámite estaba en curso, habríamos desistido de vender y habríamos buscado otros medios para financiar el presupuesto".



Y agrega: "En todo caso, nadie ha pensado en demoler la Casa de la Cultura. Hay que aclarar algunas cosas. La empresa que ganó la licitación fue la firma UnCastillo Limitada. Ellos pretenden construir un mall de dos pisos, que le de prestancia la lugar. Ahora declaran monumento nacional a la Casa de la Cultura, pero ¿quién cuida de ella? Nadie se hace responsable de esos gastos. Los propietarios le están proponiendo al señor Ministro de Educación, en caso que se ratifique la propuesta de Monumento histórico, mantener como corresponde lugar, a cambio de hacer el mall alrededor".



Patricio Ruiz, dirigente comunal y secretario del Comité de Defensa de la Casa de la Cultura asegura que el Ministro Bitar ha demorado la firma del decreto producto de una serie de presiones por parte de los privados y de la alcaldía. "El ministro Sergio Bitar tiene la mejor disposición de firmar el decreto, sin embargo, ha recibido mucha presión para no hacerlo. El alcalde y los nuevos propietarios han realizado mucho lobby con el Ministro para disuadirlo de no firmar".



Ante esto el alcalde aseguró, "nunca se ha presionado al Ministro. Lo que si hicimos fue presentarle documentos que el señor Bitar no tenía. El no ha firmado porque aún esta indeciso. También está en la misma nebulosa que nosotros. La verdad de las cosas es que no tenemos antecedentes ciertos de que tan histórica es la Casa de la Cultura. Fuera que un arquitecto francés hizo los planos y creo los jardines, más antecedentes históricos no tenemos. Incluso, la habitó un caballero que era propietario de unos puestos en la Vega Central, y ocupaba la mitad de la casa cómo propiedad y la otra mitad la dejaba para guardar cosas comerciales que vendía en la Vega. Fuimos donde el Ministro para entregarle antecedentes fidedignos de que demuestran que no consideramos que es un monumento histórico".



Según Patricia Delano, el problema de fondo radica en el enorme déficit económico de la comuna de La Cisterna, lo que ha obligado a la alcaldía a tomar medidas de emergencia, vendiendo la entidad cultural junto a dos colegios municipales. "La justificación del alcalde es financiar un nuevo consistorial, que curiosamente está en sexto lugar de prioridades. Pero en realidad no hay mucho interés del municipio. En el fondo, la venta es para tapar hoyos. La municipalidad está quebrada. Tiene un déficit increíble. Además la mala gestión de este alcalde ha enterrado más el problema", concluye.



Para la próxima semana se espera la resolución de los dos recursos de protección presentados por el Comité de Defensa de la Casa de la Cultura, acogidos por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Uno, para investigar irregularidades en el proceso de venta y otro, para impedir la demolición o intervención del lugar.

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