Mientras parlamentarios de distintos sectores plantean que la ley debe asegurar que las prestaciones del plan no cuesten más del 15 por ciento de la remuneración anual de una familia, los ministerios de Hacienda y Salud proponen que ese polémico punto quede fuera de la legislación y se zanje en un reglamento elaborado, posteriormente, por esas carteras.
Una nueva polémica arrastra el proyecto estrella de la reforma a la salud. Esta vez, por el precio que deberán pagar los beneficiarios del sistema público por las prestaciones del plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE).
Esta discusión -especialmente sensible para la clase media- tiene enfrentados a los ministerios de Hacienda y Salud con parlamentarios de la comisión de salud del Senado, donde se discute actualmente el proyecto, en su segundo trámite legislativo.
Aunque hay consenso en que el pago máximo por enfermedad será el 20 por ciento del costo total de la prestación, no está resuelto si la ley contemplará un subsidio adicional para aquellas familias de los grupos C y D del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que ni siquiera puedan hacerse cargo de este nivel de desembolso.
Para estos casos se han propuesto dos soluciones contrapuestas. Mientras senadores de diferentes sectores plantean que la ley debe establecer explícitamente que las prestaciones del plan no cuesten más del 15 por ciento de la remuneración anual de una familia (o de una persona, eso está por verse), las carteras de Hacienda y Salud proponen que este controversial punto quede fuera de la legislación y se zanje en un reglamento elaborado, posteriormente, por ambas secretarías.
El fondo de la discusión está en que, si se incluye este punto en la ley, se asegurará un subsidio permanente para las clases media y media baja. De lo contrario, los ministerios de Hacienda y Salud podrán aplicar criterios variables sobre este beneficio.
El senador RN Alberto Espina, impulsor de esta modificación junto al senador PS José Antonio Viera-Gallo, planteó que "el problema consiste en que a una familia de clase media chilena se le dice que va a tener una garantía financiera (que es una de las cuatro garantías contempladas para cada en enfermedad en el AUGE). Pero esa garantía tiene un límite y es que no se le va a cobrar más del 20 por ciento del valor total de la prestación. Entonces, si una prestación vale $30 millones, a esa persona le van a cobrar $6 millones y lo más probable es que no pueda pagar esa cantidad por una patología AUGE", dijo.
"Entonces, el otro límite que nosotros sugerimos es que se establezca un porcentaje de su remuneración anual y eso es lo que estamos discutiendo con el Gobierno, porque queremos que quede expresamente establecido en la ley", sostuvo.
En este sentido, el senador Viera-Gallo afirmó que el porcentaje de la remuneración anual que los afiliados a Fonasa tendrán que pagar debiera oscilar entre un 10% y un 15%, lo que se haría efectivo para los grupos C y D del seguro público, ya que los indigentes son subsidiados completamente por el Estado.
Junto con resaltar la necesidad de que este punto quede explicitado en la ley, añadió que un segundo punto por dilucidar es si este porcentaje se referirá al grupo familiar o bien a la persona, lo que aún no se zanja en la discusión.
La posición de Hacienda y Salud, en tanto, sería que el establecimiento de un beneficio adicional para la clase media y media baja estaría igualmente resguardado si se fija el nuevo límite en un reglamento posterior a la promulgación de la ley. Esto permitiría, además, establecer estos porcentajes con criterios de realidad que se adapten a los cambios que ocurran.
Respecto al porcentaje de la remuneración anual que debiera establecerse, la posición de estas carteras está más próxima al 15 por ciento, ya que considerarían que un 10 por ciento es insuficiente para financiar el sistema y, particularmente, a los indigentes.
En cualquier caso, este punto de la discusión debiera resolverse el lunes, donde se sabrá cuál es el eco que ambas posturas alcanzaron en la comisión.
Los puntos ya resueltos del AUGE
En la reunión de ayer de la comisión de salud del Senado quedaron resueltos varios puntos del controvertido plan AUGE. Según informó el senador Viera-Gallo, uno de los puntos en los que ya hay acuerdo es en la obligatoriedad de que las isapres implementen el AUGE como plan mínimo.
Explicó que el aspecto pendiente sobre este ítem es el grado de libertad que tendrán los seguros privados para fijar precios. Esto, ya que ni el Gobierno ni la mayoría de la comisión estaría por conservar un criterio de la Cámara de Diputados que estipulaba que "el precio del plan AUGE en las isapres no podía ser superior a la prima universal. No hay ambiente en la comisión ni en el Gobierno para mantenerla", aseveró.
Agregó que tanto él como el senador DC Mariano Ruiz-Esquide, quisieran que hubiera "algunos parámetros que determinaran el margen de fluctuación de los precios". La contraparte, en tanto, postula que si las isapres subieran mucho el precio del AUGE, los afiliados se cambiarían de sistema, por lo que no sería necesaria ninguna regulación.
Otro de los puntos resueltos es que la Tesorería General de la República pueda retener la devolución de impuestos a la renta de las personas deban al Fonasa o al sistema de salud.
Un tercer punto en el que habría acuerdo es en la relación entre las isapres y el programa de libre elección de Fonasa. Esto, ya que las isapres están obligadas a entregar, además del AUGE, las mismas prestaciones que el seguro público ofrece en su programa de libre elección.
Pero como Fonasa puede aumentar sin límites este programa, entonces se dispuso un decreto trianual donde se establece que solamente las prestaciones mínimas del Fonasa libre elección serán obligatorias para las isapres.
Los puntos pendientes de la discusión del plan, que debieran ser superados entre lunes y martes, son el Fondo de Compensación, la gradualidad del plan y el planteamiento en torno a reducir los juicios por responsabilidad médica, agotando antes los reclamos por vía administrativa. Todo con miras a cumplir la promesa de tener aprobado el AUGE antes del mensaje presidencial del 21 de mayo.
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