Sesma cursó una resolución que autoriza al relleno a no recibir los desechos de los municipios que mantengan deudas impagas con el consorcio. El Servicio tomó la decisión a pesar de los severos cuestionamientos al recinto, realizados por el Ministerio de Agricultura y del SAG. Conozca las críticas y los descargos de la empresa.
Una resolución especial dictaminó el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente (Sesma) para superar el largo conflicto que afecta al relleno sanitario Santa Marta y a las comunas de La Florida y El Bosque. La directora de la repartición, Soledad Ubilla, informó ayer que autorizará la libre recepción y disposición de residuos domiciliarios de todos los actores del lío de la basura en la región.
"A partir del 16 de abril de 2004, se ha dictado una resolución en la cual se establece que las municipalidades y empresas recolectoras puedan llegar libremente a acuerdo para decidir dónde disponer las basuras", dijo.
La determinación de la autoridad viene a modificar el decreto de emergencia sanitaria, dictado en junio del 2002, que obligaba a los municipios a depositar sus desechos en un relleno sanitario específico y que ordenaba a los rellenos a recibir la basura de las comunas que fueron asignadas por el Servicio.
Esta regulación derivó en que las municipalidades comenzaran a atrasarse en los pagos y que los rellenos realizaran alzas de tarifas cuestionadas por la autoridad. En el caso de Santa Marta, esta situación fue agravándose hasta el punto de que los propietarios del consorcio anunciaron que no recibirían más la basura de los municipios que no tuvieran sus cuentas al día, especialmente La Florida y El Bosque, que debían $122 millones y $111 millones, respectivamente.
Esta amenaza, sin embargo, siempre se estrellaba contra el decreto que los obligaba a recibir la basura de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad. Por ello es que la resolución Número 10.612 del Sesma cayó muy bien al consorcio, que vio una oportunidad única de buscar nuevos clientes y de tener, por fin, una herramienta efectiva para negociar con sus deudores.
Esto se concretó ayer, cuando Santa Marta dejó de recibir -al menos durante un par de horas- la basura de La Florida y El Bosque, lo que redundó en nuevas negociaciones con los alcaldes, que antes no parecían querer dar su brazo a torcer.
Al respecto, Ubilla dijo que "sabemos que hay problemas en la Región Metropolitana producto del decreto de emergencia, en términos de que la empresa o los municipios han actuado mal usando esta obligación de ir a disponer a un lugar. Hay meses en que no se ha pagado la disposición final de los residuos, en otras, la empresa receptora intenta unilateralmente definir una tarifa no adecuada".
Por ello, llamó a que "los municipios negocien adecuadamente con la empresa y lleguen a un precio justo respecto de lo que hoy cuesta trasladar los residuos a los rellenos".
Por su parte, el gerente general de Santa Marta, Rodolfo Bernstein, aseguró que con esta resolución se le da libertad a la empresa para que las comunas con problemas se retiren del recinto y para recibir también basura de otros lugares.
En este sentido, precisó que si bien la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) establecía un máximo de recepción de basura de 60 mil toneladas, este año "el límite de basura es mayor. Se trata de 66 mil toneladas según estipula la RCA para el tercer año de funcionamiento del relleno, pues se cumplen las condiciones técnicas y ambientales".
En tanto, la asesora jurídica del proyecto, María de Los Angeles Coddou, afirmó que esto no se trata de "un favor de las autoridades a Santa Marta, sino a una garantía que se da a los municipios para que puedan irse si así lo determinan".
Nuevos cuestionamientos ambientales a Santa Marta
Los dividendos que la decisión del Sesma podrían traer, se ven amenazados por los informes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Metropolitano y de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Agricultura, que cuestionan el buen funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos percolados de Santa Marta.
Sin esta pieza clave para tratar los jugos de la basura la, hasta ahora, exitosa apuesta del Servicio podría sufrir un revés importante.
En diciembre de 2003, el consorcio Santa Marta presentó una declaración de impacto ambiental por la "Planta de Tratamiento y Disposición de Aguas Tratadas Consorcio Santa Marta S.A.". En ésta se solicitaba modificar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa. En otras palabras, se pidió al Gobierno que aprobara o rechazara un cambio al proyecto.
El director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente Metropolitana (Conama-RM), Pablo Badenier, era el destinatario de esa presentación, quien solicitó a los diferentes jefes de servicios que emitieran su opinión sobre este cambio.
El director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG-Metropolitano), José Ignacio Gómez, planteó, en una carta fechada el 3 de enero del 2004 y a la que tuvo acceso El Mostrador.cl, que la modificación solicitada era muy grande para ser catalogada como Declaración de Impacto Ambiental, por lo que debía efectuarse un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.
Dijo, además, que "dicho proyecto genera efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, en especial suelo y agua, y en función de lo establecido en la letra "b" del Art. 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente".
Agregó que "el proyecto presentado excede para las aguas tratadas la norma de calidad ambiental de agua para riego NCh 133 y agua potable NCh 409 para bebida de animal".
En este mismo sentido, el seremi de Agricultura, Héctor Mella, en una carta fechada el 6 de enero, se mostró desconforme con la Declaración de Impacto Ambiental de Santa Marta, porque la planta de tratamiento "no ha cumplido con la normativa vigente, sobrepasando algunos parámetros tales como Boro, Cloruro, Manganeso, Sulfatos, Sólidos Disueltos, Fluoruro y Cromo Total".
Añadió que "durante las visitas inspectivas se ha detectado que la temperatura del agua utilizada en riego ha sido alta provocando la muerte masiva de la vegetación" y que "el uso permanente de aguas con mayor contenido de sales generará una alteración en las propiedades físicas y químicas de suelo".
En cuanto a las objeciones ambientales, Bernstein remarcó que se están respondiendo a las observaciones hechas por los servicios públicos, pero que confían en la determinación final de la autoridad. Por su parte, Coddou dijo que se trata de un proceso que está en trámite, por lo que aún no está dicha la última palabra.
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