La ley que otorgará créditos a estudiantes de instituciones privadas, excluirá a alumnos que provengan de entidades que no sean autónomas ni acreditadas. Asociación de instituciones afectadas sostiene que el estado actual del proyecto es discriminatorio contra sus estudiantes.
La promesa del Gobierno que ningún chileno con talento se quedará sin acceso a la educación superior, por falta de recursos, podría verse opacada, por ahora, con los alcances que tiene el proyecto de ley que otorgará crédito fiscal a alumnos de universidades, institutos y centros de formación técnica, actualmente en trámite en el Congreso.
Se estima que el 2005 podría estar en vigencia la ley de financiamiento a la educación superior, que contempla que los estudiantes, para optar a sus beneficios, deben pertenecer a instituciones que cumplan dos requisitos: tener autonomía y estar acreditadas. El primer paso se cumple con la evaluación, por seis años, del Consejo Superior de Educación, entidad que examina planes educativos y la situación interna del plantel para entregar la autonomía. El segundo requisito se refiere a la acreditación institucional que se materializará con la Ley de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, también en discusión en el parlamento.
En caso de entrar en vigencia la legislación el próximo año, como espera el Gobierno, en la práctica los alumnos de 61 centros de formación técnica no podrán obtener el beneficio, debido a que están tramitando la autonomía en el Ministerio de Educación.
Aparte de los 61 entidades que no poseen autonomía, hay otros 46 centros que son supervisados por el Mineduc. En estos centros de formación, -donde se educan en su mayoría jóvenes de bajos ingresos y clase media- estudian 61 mil 700 alumnos. Fuentes ligadas al área educacional estiman que unos 50 mil no podrán optar a ayudas estudiantiles, debido a los alcances del proyecto de ley.
Pese a esta »supervisión» que hace el Mineduc a las áreas de estudio y funcionamiento interno de los centros, este no es un sistema para obtener la autonomía, paso clave que establece la ley para que los jóvenes postulen a crédito para financiar sus estudios.
En similar situación estarían cinco institutos profesionales y cinco universidades privadas, que están solicitando la autonomía al Consejo Superior de Educación. El proyecto establece, sin embargo, que los alumnos de universidades e institutos profesionales no autónomos, podrán optar a los beneficios si tienen cuatro años de avance en su proyecto educacional y si no han sido sancionadas por parte del Consejo Superior. La Universidad Miguel de Cervantes y el instituto profesional Procom fueron sancionados, por lo que sus matriculados tampoco podrían optar al beneficio del crédito.
Discriminación
Las instituciones de educación han estado atentas al estado de este proyecto, debido a que sus estudiantes serían los principales favorecidos.
El asesor jurídico del Consejo Nacional de Instituciones de Educación Superior (Conifos), Álvaro del Barrio, consideró que el proyecto actual es "discriminatorio", pues con los requisitos excluyen a los alumnos de menos ingresos, debido al »amarre» del crédito a que las instituciones deben ser acreditadas y autónomas.
Del Barrio explicó que esta legislación podría provocar un éxodo de estudiantes de los centros de formación técnica no acreditados a los que sí lo son, "lo que afectaría a las instituciones, debido a que los jóvenes podrían preferir un lugar en el que puedan tener acceso a crédito".
"Que se solicite un requisito de autonomía o acreditación va a causar un perjuicio al sistema", dijo. Aseveró que, en particular, muchos centros de formación no están en proceso de autonomía, porque siguen rigiéndose por el Decreto con Fuerza de Ley Número 5, que los autorizaba a funcionar. Con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza se abrió la posibilidad de que se sometieran a este proceso para obtener la examinación para una posterior autonomía.
El profesional aseveró que esta situación la hicieron ver a los legisladores y espera que no sean obligatorios los requerimientos, debido a que los jóvenes de bajos ingresos deberían obtener en forma libre los beneficios fiscales.
Deben asegurar calidad
El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Carlos Olivares, sostuvo que la medida insta a que "muchas instituciones demuestren que son de calidad".
"Si el Estado dispone de recursos para los estudiantes, los centros deben acreditar que dan un servicio óptimo. Si una institución tiene garantizada la educación que imparte, entonces los profesionales serán idóneos y luego se responsabilizarán para pagar sus créditos", señaló.
En tanto, la diputada Carolina Tohá señaló que con solicitar requisitos a las instituciones, se garantiza que muchas "formen parte del sistema que han postergado por años. Necesitamos que universidades, institutos y centros de formación en nuestro país sean del mejor nivel y garanticen la calidad de la enseñanza".
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