De ser reales todos los antecedentes que entregó a la justicia, sin duda se estaría en presencia de una mafia que incluso podría haber modificado determinadas sentencias a favor de dinero y prebendas, aunque todo ello es materia de la investigación.
Al menos ocho tribunales del Crimen de Santiago operarían con la figura de mandar a escribir las sentencias con personas ajenas al tribunal. Estos antecedentes ya se encuentran en manos del ministro en visita Rubén Ballestero quien fue designado por el Pleno de la Corte de Apelaciones, para indagar estas irregularidades que fueron denunciadas por Fernando Yévenes quien aparece implicado en esta red
Yévenes convocó a una conferencia de prensa pasado el mediodía, en la esquina del Sotero del Río con calle Compañía, donde aseguró que esta práctica se venía desarrollando en distintos tribunales hace tres años.
El ahora testigo, derivó este proceso luego que fuera acusado por la pérdida de un expediente en el 19 Juzgado del Crimen de Santiago. Posteriormente, según detalló, sufrió amenazas de muerte y robo de documentación en su propia casa, lo que le motivó a poner en conocimiento de estos hechos al ministro Sergio Muñoz, quien informó ayer al tribunal de alzada capitalino.
Yévenes se encuentra ahora con custodia policial y aseguró que, independientemente del número de juzgados que él entregó a la justicia, esta sería una práctica generalizada en varios juzgados del crimen de Santiago. El sujeto manifestó no sentirse participe de un delito cuando realizaba esta práctica y aseguró que el pago por estos servicio le era entregado en efectivo por los mismo jueces.
Hasta ahora se sabe que se trata del 18 y 23 juzgados del Crimen, dirigido por Ana María Hernández y Lucía Vaganay.
En medio de la conferencia apareció el abogado Hernán Montealegre, quien reveló que el año pasado un sujeto llamado Arquileo Bush, se le acercó para modificar un fallo en su favor, por 350 mil pesos, en la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el marco de un proceso de arbitraje. El profesional aseguró que los antecedentes los entregó en calidad de denuncia a la Comisión de Etica a la Corte Suprema. Explicó que el sujeto le pidió 175 mil en una primera oportunidad, antes que saliera el fallo para ver la veracidad de su oferta y le ofreció mostrarle la resolución final, antes que estuviera firmada por los jueces. Montealegre dijo que el hombre le entregó un teléfono y se identificó como un funcionario de la secretaria del máximo tribunal. Según el abogado, todas estas denuncias llegaron a nada.
El ministro Rubén Ballestero habría dictado la primera orden de investigar a la policía civil, con que decidió trabajar en este caso.
De ser reales todos los antecedentes que entregó a la justicia, sin duda se estaría en presencia de una mafia que incluso podría haber modificado determinadas sentencias a favor de dinero y prebendas, aunque todo ello es materia de la investigaciones.
