Secretario de Estado precisó que la disminución de recursos y aportes financieros a los alcaldes rebeldes se restringiría a los programas de la mujer, por lo que los procesos de vacunación y entrega de leche no se verán afectados por la disputa. El Presidente Lagos, en tanto, defendió el derecho de las mujeres violadas a decidir en conciencia.
Menos enérgico se mostró hoy el ministro de Salud, Pedro García, en sus amenazas a los alcaldes rebeldes que se nieguen a distribuir la "píldora del día después" a las mujeres violadas que la soliciten en los servicios de urgencia de sus municipios. No obstante, el Secretario de Estado insistió a brazo partido en su defensa de la política a implementar por el Gobierno.
Pese a que ayer García hablaba de "disminuir los recursos y aportes financieros" a distintos programas porque esos alcaldes eran "poco confiables", hoy precisó que una eventual sanción contra los ediles estará acotada a los programas de la mujer, por lo que no serán afectados los ítems de vacunación o salud mental o entrega de leche.
"Los financiamientos de los municipios se ajustan al cumplimiento de normas y procedimientos y en la medida que esas normas y procedimientos se cumplen, fluyen los dineros que están comprometidos. En la medida que esos procedimientos no se cumplen, efectivamente ahí hay un problema", dijo sobre el programa para la mujer.
Tras lo cuál agregó que «¿quién habló de amenaza?, ya que él no considera que sus planteamientos vayan en esa dirección.
Sobre la distribución de la píldora, sin embargo, fue más enfático e incluso apocalíptico. "Soy absolutamente contrario al aborto, convencido de que esta cuestión no es abortiva y será Dios y digo Dios, quien hará el juicio final y estoy asumiendo responsablemente ese juicio como católico. Entonces también pido respeto hacia todas las posiciones. Exijo respecto hacia la posición de la Iglesia Católica pero también exijo respeto a lo que yo estoy diciendo y a lo que el Gobierno está haciendo, porque lo estamos haciendo en forma responsable, con valores y con ética, con convicción de lo que estamos haciendo", dijo al inaugurar un Sapu en Lo Espejo.
La defensa de García se suma a las declaraciones realizadas esta mañana por el Presidente Ricardo Lagos quien afirmó que la obligación del Gobierno es brindar las posibilidades para que todos los chilenos puedan optar por un determinado camino de acuerdo a sus propios principios y valores, independientemente de sus recursos económicos.
"Queremos en definitiva que cada chileno, cada chilena, sea dueño de su propio destino, de hacer lo que le parece adecuado. Por eso hoy día cada chilena y cada chileno tienen derecho a decidir de acuerdo a sus valores y creencias. Ninguna autoridad debe decirle a los chilenos y chilenas lo que tienen o no tienen que hacer, pero para poder decidir lo que tienen o no que hacer, todos deben tener iguales posibilidades", argumentó.
RN se suma a la controversia
En tanto, los diputados de RN Lily Pérez y Osvaldo Palma se sumaron esta mañana al debate generado a partir de la distribución de la píldora del día después, manifestando que si bien los alcaldes tienen la libertad de formarse su propia convicción valórica respeto del tema, «ello no implica negar a las mujeres que habitan en sus respectivas comunas el acceso a la entrega del fármaco frente a situaciones de emergencia".
A juicio de los parlamentarios los problemas ideológicos filosóficos y religiosos, son respetables, y quienes en virtud de esos principios decidan no usar la polémica píldora están haciendo uso de su pleno derecho y que el uso o no de este fármaco «nunca será obligatorio por parte de Estado».
Sin embargo, igualmente añadieron que «nadie tiene o puede arrojarse el derecho de imponer a otros que piensan diferente ideas o conductas que no desee. Pretender esto en un estado de derecho es un concepto arcaico, obsoleto y equivocado. Necesitamos un debate serio -instaron los legisladores- donde así como nos tratan como adultos, cuando pagamos nuestros impuestos no nos traten como niños a la hora de hablar temas donde los valores están presentes».
Por otra parte, el presidente de Renovación Nacional, Sergio Diez, manifestó hoy su respaldo a la alcaldesa de Lo Barnechea Marta Ehlers, quien se niega a distribuir la píldora del día después en los consultorios de su comuna. El dirigente afirmó que la determinación del Gobierno podría caer en la inconstitucionalidad.
A juicio de Sergio Diez, se podría concluir que el Ministerio de Salud no ha cumplido con su obligación de proteger la vida humana en toda circunstancia, obligación que le impone al Gobierno la constitución política, la legislación positiva y, especialmente, el código civil. Además de los compromisos internaciones que protegen la vida humana.
Estas últimas declaraciones se suman a las realizadas por el alcalde de Ñuñoa y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Pedro Sabat (RN), quien lamentó las amenazas a los alcaldes que se opongan en los consultorios a la entrega de la píldora del día después, al tiempo que advirtió al ministro de Salud que aquí el que "saldrá trasquilado" será el gobierno.
Sabat mencionó, a radio Agricultura, que de recortarse los presupuestos a los ediles rebeldes, entonces los alcaldes podrían apoyar los funcionarios de los consultorios en demanda de una remuneración adecuada, »y esto se transformaría en una cuestión de nunca acabar».
