4 junio, 2004

«Hay organizaciones mediambientales que actúan como voceros de Conaf»

Por: El Mostrador

El abogado Miguel Fredes, se reúne la próxima semana con el ministro en visita del caso Alerce, Hernán Crisosto, para entregar mayores antecedentes de los organismos públicos que han incurrido en las negligencias y que a su juicio han permitido la ocupación ilegal del predio de José Comandary: la Seremi de Bienes Nacionales de la región y Carabineros de Fresia.

El próximo martes el ministro en visita del caso Alerce, recibe al abogado Miguel Fredes, quien representa a la Forestal Sarao S.A., dueña del predio Cordillera de Río Blanco, donde se focaliza la mayor cantidad de conflictos por extracción ilegal y cuyo gerente general es el empresario José Comandary.

En la ocasión, el profesional entregará los antecedentes que a su juicio avalan las negligencias de la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales, que según Fredes es la "cómplice" de la instalación de taladores ilegales en el predio de la Forestal Sarao y cuyo rol es clave para entender el origen de este conflicto.

Este abogado, que a la vez preside el Centro Austral de Derecho Ambiental (CEADA), descarta la incompatibilidad de representar a una empresa forestal, porque hace más de diez años que está en el rubro ambiental y el problema en el predio de Comandary, tiene ese carácter.

– ¿Todos los organismos medioambientales están alienados frente al tema del Alerce? Porque a la directora del comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff) le llamó la atención que el "abogado de Forestal Sarao" apareciera junto a la Fundación Terram denunciando la tala y ocupación ilegal.
-Mira, hay desinformación y ciertas envidias porque el tema del Alerce ha salido a flote por las gestiones que Forestal Sarao con fundación Terram han llevado, para demostrar que dentro de la Conaf hay ilegalidades y funcionarios que estarían comprometidos en delitos. Por lo tanto, la declaración de Jenia Jofré nos parece injusta, porque nunca nos ha llamado para recabar antecedentes sobre el caso y en segundo lugar porque carece de objetividad, su marido Leonardo Araya es nada menos que es el asesor técnico de Carlos Weber, máxima autoridad de Conaf.

– Entonces, ¿Codeff no tendría autoridad para pronunciarse respecto del tema?
-La verdad que con esos antecedentes se entiende que hay algunas personas que dentro del movimiento ambiental podrían estar actuando como voceros de Conaf. Hay una investigación criminal que lleva a cabo un ministro en visita y no se entendería que alguien se oponga o levante la mano defendiendo a los funcionarios de Conaf, cuando los tribunales de justicia son los que van a resolver, a procesar y condenar a quienes hayan cometido los delitos.

– ¿Por qué una Forestal compra algo que no podrá explotar?
-Es algo muy simple de entender: fue una muy buena opción de compra y dado el potencial ecoturístico y también de manejo forestal sustentable que tenia el predio, se compró en 1984. Por lo tanto, no se entiende, como Conaf señala, que esto sería una revancha, porque no se otorgó un plan de extracción del 2001, cuando se toma posesión de los terrenos en 1984.

– El senador Sergio Páez ha criticado duramente al abogado Carlos Baraona, por haber tenido interés en vender el predio de la Forestal, lo cual finalmente no se concretó.
-La verdad que el Senador Páez está totalmente desinformado, por cuanto el tema de fondo no es si el señor Carlos Baraona tiene un interés detrás del tema, sino que lo que importa es que él tiene antecedentes que hablan sobre presiones políticas del senador Páez y que por lo tanto, no parece menos que un berrinche sus declaraciones. Baraona tiene un prestigio profesional en la zona y sólo se le critica por haber sido abogado de Douglas Tompkins, enemigo número uno del señor Páez.

– ¿Por qué Baraona involucra al senador?
-En nuestra investigación ya declararon tres ingenieros forestales, que son amigos de Carlos Weber y por lo tanto si esas tres personas señalan que en esa reunión el señor Weber dijo que habían presiones de Páez, es porque hay que creerles a esos tres ingenieros, por lo tanto, en estos momentos el director de Conaf se encuentra solo y, por miedo cambio su declaración.

– ¿En qué otro episodio del caso, que no tengamos conocimiento, surge el nombre del parlamentario?
-En un expediente judicial no. Pero me imagino que se van a abrir nuevas líneas de investigación, porque lo que sabemos es que el señor que aprueba los planes de manejo en la X Región es Lisandro Garrido, quien tendría cierto grado de amistad con el senador Páez y eso debe ser investigado por el Ministro.

– ¿Cuál es la responsabilidad de Bienes Nacionales en todo el conflicto, porque Conaf necesita para otorgar un plan de extracción, que dicho organismo avale que se es propietario o se tiene un permiso del dueño del predio?
-La Seremi ha sido absolutamente cómplice de las ocupaciones ilegales que se han hecho en el predio de la Forestal Sarao, desde 1993, para que personas se instalen en el predio a cortar alerces y a instalar viviendas ilegalmente. A pesar de las querellas criminales, se le siguieron otorgando solicitudes de saneamiento y hay declaraciones judiciales en el proceso donde los ocupantes señalan que se instalaron en el predio porque en la Seremi le dijeron que eran terrenos fiscales.

– Eso ¿en qué se traduce?
-Esos antecedentes se agregaron al proceso y seguramente van a haber diligencias la próxima semana, donde se cite al señor Nelson Bustos. Aunque él alegue que no estaba en el cargo cuando sucedieron los hechos. La Seremi, como organismo público, debe asumir las responsabilidades civiles y penales, por haber permitido estos hechos.

– ¿Qué otros organismos han permitido las irregularidades?
-Las personas que están dentro del predio han amenazado al propietario y a dos trabajadores para que no puedan ingresar, y consta que Carabineros de Chile, cuando estuvieron a cargo de la investigación, y quiero clarificar que son carabineros de Fresia, jamás hicieron algo por expulsar a estar personas que estaban confesas por el delito de usurpación.

– ¿Cómo ha percibido el impacto internacional de lo que está sucediendo con el alerce?
-Hay un procedimiento en virtud del cual un Estado puede abrir una denuncia en contra de otro Estado infractor de la convención Cites, que es el tratado internacional que regula el comercio internacional de flora y fauna amenazada.

-¿Qué país podría hacerlo?
-Ese tema lo puede levantar un país que no ha reconocido la reserva del alerce, y que por otra parte no entiende por qué Chile no se entregan los antecedentes que acreditan que el alerce está en peligro de extinción. Por ejemplo, Canadá.

– ¿Han existido aproximaciones?
-Yo he conversado con algunos abogados en Canadá y estamos esperando el avance del proceso y de los resultados de la Convención Cites que se realizará en Tailandia, para ver qué caminos se siguen.

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