Si bien la oposición asegura que esta propuesta no constituye una moneda de cambio, plantea que es necesario abrir el beneficio a ex »agentes del Estado» condenados por delitos de derechos humanos, para generar una simetría entre ambas situaciones. El Partido Socialista ya ha manifestado su rechazo a la iniciativa.
Un nuevo traspié sufrió ayer el proyecto de ley que indulta a presos políticos condenados por infracción a la Ley Antiterrorista, a partir de 1990. Aunque la iniciativa debía verse en la sala del Senado, finalmente se acordó postergarla para dentro de 15 días. Sin embargo, cada vez parece menos posible su aprobación, considerando que en busca de la "simetría" la derecha pretende introducir una indicación que igualmente favorezca a ex "agentes del Estado" condenados por atropellos a los derechos humanos.
Mientras en la derecha argumentan que se llegó a esta propuesta debido a que no se logró avanzar paralelamente con la original -que sólo beneficia a presos políticos- y la de Derechos Humanos, que incluye rebaja de penas para integrantes de las Fuerzas Armadas que aportaran información para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos; en el Partido Socialista aseguran, de antemano, que no están dispuestos a negociar una iniciativa que permita la libertad de quienes cometieron asesinatos con la complicidad del Estado.
En el PS incluso están seguros y plantean que los presos políticos beneficiados con este proyecto de ley cometieron delitos en democracia, lo que a juicio de algunos parlamentarios de la colectividad no tiene justificación. De allí, que no estén dispuestos a negociar cediendo tanto como la libertad de violadores a los DDHH.
La derecha, por su parte, defiende el concepto de la necesaria simetría con el argumento de que el beneficio que se le otorgaría a los "extremistas de izquierda" se debe extender a los "agentes del Estado" involucrados en casos de derechos humanos, que cumplan con similares requisitos a los exigidos a los primeros, considerando -dicen- que en muchos atentados también fallecieron funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, particularmente Carabineros.
¿Moneda de cambio?
Aunque en la derecha niegan que esta nueva propuesta constituya una moneda de cambio para finalmente aprobar la iniciativa, lo cierto es que en la práctica así la perciben en el mundo socialista, tanto que ya afirman que no contará con los votos de la colectividad, lo que sin embargo no constituye desde ya la certeza del rechazo. Pues si la oposición logra llegar a un acuerdo con los demás partidos de la Concertación, no requerirá de los votos socialistas. De hecho, la iniciativa se debe aprobar con los dos tercios de los senadores en ejercicio.
Por otra parte, en la Alianza por Chile están concientes de que para introducir la indicación debe haber un "acuerdo político" previo y cuentan a su favor con la certeza de que de no existir éste, el proyecto se votará en la Cámara Alta tal como está ahora y será rechazado.
Además plantean que -según su propuesta- para acceder al beneficio, los condenados por delitos de derechos humanos deberán cumplir con los mismos requisitos que se les exige en el actual proyecto a los presos políticos. El más importante, haber cumplido diez años de presidio efectivo, por lo que sostienen que "no se están pidiendo ventajas para nadie".
Asimismo, explican que estarían incapacitados de acogerse al beneficio los condenados en casos emblemáticos de DDHH, ya sea por la crueldad con que se cometieron los asesinatos o por lo que éstos representaron, como son por ejemplo el asesinato del dirigente sindicalista Tucapel Jiménez; el de los profesionales comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino -conocido como caso degollados-, o los condenados por la Operación Albania, que está por fallarse. Con lo que, explican, la iniciativa estaría bien acotada.
En tanto, mientras los parlamentarios se abocan a intentar alcanzar un acuerdo que le dé viabilidad al proyecto, el Gobierno brilla por su ausencia. Tanto es así, que en la derecha plantean que La Moneda "se está corriendo" y no quiere involucrarse en el tema, dejándolo en manos de los senadores, conciente de que el Partido Socialista se opondrá, y tal como no logró que la iniciativa de derechos humanos avanzara en paralelo a este proyecto, en un primer momento, tampoco obtendrá la aprobación de las agrupaciones de DDHH para concordar una propuesta de esta envergadura.
Para la UDI el hecho de postergar la vista del proyecto y su correspondiente votación permite demostrar que hay voluntad de concordar criterios y que se pueden armonizar posiciones, desde el punto de vista de la necesidad de generar una simetría que beneficie a ambos sectores, pues aún cuando los senadores Carlos Bombal y Hernán Larraín estaban a favor del proyecto para indultar a los presos políticos, su posición no tuvo acogida dentro del partido.
Lo que terminó por cerrar cualquier posibilidad a que la iniciativa fuera aprobada por el gremialismo fue la situación generada ayer en el Congreso, cuando se debieron desalojar las graderías del Senado, debido a que unas 60 personas protestaron por la tardanza en la aprobación de la ley. Tras el incidente, la mayoría de la bancada gremialista se mostró reacia a aportar su voto para aprobar el proyecto. Tanto es así que no faltó el parlamentario que comentó que con los hechos de violencia, los manifestantes "le han hecho un flaco servicio a la causa".
En estas condiciones está por verse si existe alguna posibilidad de acuerdo entre la derecha y la Concertación, aunque todo evidencia que lo más probable es que el proyecto muera entre los muchos en que ambos sectores no han logrado convenir. De hecho, incluso en el gremialismo admiten que el tema de la simetría va a ser difícil que logre consenso y, finalmente, podría resultar ineficaz, puesto que mientras los presos políticos ya cumplen con los requisitos para acceder al beneficio, no es así en el caso de los acusados por violaciones a los derechos humanos.
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