Aunque la oposición insiste en que no pretende usar el proyecto de indulto a los presos políticos para beneficiar a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, La Moneda advierte una doble intencionalidad, ante lo cual el vocero de gobierno cerró el paso a cualquier acuerdo en tal sentido.
La propuesta de la derecha de homologar la situación de los presos políticos con los militares condenados por violaciones a los derechos humanos, causó un absoluto rechazo, tanto de parte de la Concertación, como de La Moneda. El Gobierno, lejos de mantenerse al margen del tema, como planteó la oposición, manifestó que no está dispuesto a aceptar como "moneda de cambio" una proposición que podría dejar en libertad a los procesados por hechos de violencia, en materia de derechos humanos.
Si bien la oposición ha sido majadera en señalar que su iniciativa no constituye una "moneda de cambio", lo cierto es que a ojos del Gobierno no tiene otra calificación, por cuanto el proyecto de ley que indulta a los presos políticos, condenados por actos terroristas cometidos desde 1990 -es decir en democracia-, patrocinado también por los senadores gremialistas Carlos Bombal y Hernán Larraín, no ha concitado apoyo en la UDI, y la colectividad ha intentado una y otra vez vincular esa iniciativa a alguna otra para conseguir su aprobación.
Fue el propio vocero de Gobierno, Francisco Vidal, quien recapituló los altos y bajos en la trayectoria del proyecto, cuya demora ha sido tan prolongada, que los familiares de condenados por actos terroristas han comenzado una escalada de acciones de protesta para presionar que se agilice la tramitación del proyecto, a fin de comenzar con su aplicación. Hecho que implicaría la libertad de alrededor de 50 presos políticos que cumplirían con los requisitos exigidos por la ley.
Vidal recordó que la moción de indulto a los presos políticos post ’90, que cumplen condena en cárceles de Alta Seguridad, fue promovida por los senadores de la UDI Bombal y Larraín, entre otros. Añadió que el sentido de la iniciativa era "discutirla en su mérito", lo que en su opinión "se ha ido enredando al vincularlo a los proyectos de derechos humanos del Gobierno y ayer (miércoles) ha habido un nuevo aporte, comillas, al enredo que es -dicen algunos- nosotros damos los votos para que esto ocurra, en la medida que los procesos que tienen militares, o gente vinculada a violaciones de derechos humanos, también resulten beneficiados".
Acto seguido, el vocero de gobierno expresó el más rotundo rechazo de La Moneda a la propuesta de la derecha. Tanto así que Vidal sentenció que "desde el punto de vista del Gobierno, son temas absolutamente distintos. Y no es moneda de cambio el indulto, que surgió como moción parlamentaria para la gente que está en las cárceles de Alta Seguridad, por hechos de violencia en democracia, con lo que determinen los Tribunales de Justicia por hechos de violencia en materia de derechos humanos".
Por otra parte, en orden al proyecto de rebaja de penas, incluido en la propuesta de DDHH de La Moneda, Vidal insistió en que el Gobierno mantendrá en el Senado lo que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Atentados perjudican proyecto
El vocero de Gobierno precisó, además, que la moción parlamentaria que promovía el indulto de los presos políticos, no pudo ser aprobada debido a que requería 32 votos para ello y no se logró el acuerdo necesario entre los senadores, que postergaron nuevamente la votación del proyecto.
Sin embargo, Francisco Vidal advirtió que los hechos de violencia, acontecidos durante los últimos días, no contribuyen a que los senadores aporten con su voto en uno u otro sentido. De hecho, esta visión coincide con la de la oposición, ya que entre los parlamentarios gremialistas, la posibilidad de respaldar la iniciativa, disminuyó notoriamente y lo mismo ocurrió entre sus pares de Renovación Nacional.
En tanto, sumándose a las criticas que desde la Concertación se le han hecho a la propuesta de la derecha , el timonel del Partido Socialista -tienda en la que cayó bastante mal la idea opositora-, Gonzalo Martner, sentenció que la iniciativa de la Alianza por Chile "es una manera de ver las cosas, de mercadeo sobre los derechos de las personas, hecho que es, francamente, repugnante".
Por su parte, el senador José Antonio Viera-Gallo expresó que éste es un tema "delicado", puesto que están involucradas las "sensibilidades" de las personas; no obstante, no cerró la puerta a un eventual acuerdo, ya que aún quedan 15 días -dijo- para intentar aunar criterios.
Habiendo o no voluntades políticas, lo cierto es que este tema se deberá abordar nuevamente la próxima semana, cuando el martes 15 se fije el cronograma para comenzar a discutir, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la propuesta del Ejecutivo, en el que la derecha pretende volver a la iniciativa original que establece eximentes penales a los militares que aporten información sobre el destino de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
En esta línea, el diputado Juan Bustos (PS), advirtió que si el proyecto es modificado, la colectividad no entregará sus votos para aprobarlo en la Cámara de Diputados.
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