Oficialismo se defiende asegurando que la oposición, desde sus alcaldías, adquiere protagonismo por obras que, muchas veces, son producto de políticas de Estado. O bien, difunde a la Alianza por Chile a través de símbolos como pintar los edificios consistoriales, paraderos y hasta basureros de las respectivas comunas con los colores del pacto -azul y amarillo-.
La denuncia de la UDI en orden a que el Gobierno está aleccionando a sus funcionarios para "intervenir" las próximas elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, causó conmoción en La Moneda. El ‘manual Vallespín’ no podría haberse filtrado en un peor momento, cuando el gobierno está siendo cuestionado por su eventual utilización de recursos públicos en campañas políticas, en el Caso MOP-Gate, y justo ad portas de un nuevo proceso electoral.
El inoportuno instructivo, elaborado por el intendente de la Décima Región Patricio Vallespín, materializa recomendaciones verbales impartidas a las autoridades regionales, en torno a difundir las obras del gobierno. Sin embargo, la autoridad fue mucho más allá, instruyendo a sus subalternos para "poder apoyar de modo asertivo y constructivo a los partidos políticos de la Concertación y a sus candidatos /as". Esto, según los denunciantes, contraviene explícitamente una norma legal de la Ley de Probidad, que impide a los funcionarios públicos beneficiar o perjudicar a candidatos o partidos políticos determinados.
La norma en cuestión, en su artículo 27, establece que «los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones», pese a lo cual en el gremialismo plantean que habría que ser «ingenuo» si se le creyera al autor del manual que, tras repartir el documento, respetará la ley.
El ‘error’ fue tan mal evaluado por el equipo político de La Moneda, que decidió reprender al intendente demócrata cristiano con una sanción disciplinaria, lo que pondría de manifiesto una pérdida de confianza del gobierno hacia la autoridad regional, que podría resultar desacreditada luego de este impasse. De hecho, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, indicó que el tema será investigado, con lo que el Ejecutivo espera poder centrar el tema en el intendente, de modo de blindar su imagen antes de las campañas.
Por su parte, Patricio Vallespín admitió la existencia del instructivo, pero se defendió explicando que éste sólo establece que los funcionarios públicos que quieran participar en las campañas municipales deben hacerlo fuera de las horas de trabajo. Lo que no ha sido suficiente para aplacar la ira de la derecha, que insiste en que el contenido del documento cae en la ilegalidad, al punto de acusar al gobierno de avalar un acto de "corrupción".
Mientras tanto, aunque no existe confirmación oficial de que este tipo de instructivos se replique en otras zonas, en la UDI existe el convencimiento de que al menos en otras cuatro regiones se habrían difundido manuales similares. Con lo que confirmarían su tesis de que La Moneda busca intervenir las elecciones en las distintas regiones del país, para lo cual no escatimará en utilizar todos los recursos de que se disponga.
El emplazamiento al gobierno, de parte de la UDI, es que ponga "atajo a este acto de corrupción", advirtiendo que de no haber una reacción positiva por parte del Ejecutivo, el gremialismo hará uso de todos los instrumentos legales, administrativos y constitucionales para evitar que se continúe utilizando el aparato estatal para intervenir las campañas políticas.
En el oficialismo se acepta que en forma regular se instruye verbalmente a los intendentes para que ellos encarguen, también de palabra, a sus respectivos seremis y jefes de servicio la difusión de los avances y obras realizadas por el gobierno. En concreto, conceden que en La Moneda se dan directrices claras, pero generales a los intendentes, que ellos luego deben acotar, de acuerdo a los requerimientos de su región, para transmitirlas a sus subordinados políticos.
De esta manera, la instrucción general de fortalecer al gobierno ante la oposición, antes de las elecciones, se transforma en complementar los programas Gobierno Ciudadano y Gobierno en Terreno, aprovechando todas las instancias mediáticas disponibles para remarcar los logros alcanzados por el gobierno y no por los ediles la oposición, como respuesta a las embestidas de la derecha. Dado lo anterior, las autoridades locales no estiman necesario ni conveniente que se les exija tareas tan concretas como captar un número específico de votos para una comuna, error en el que habría incurrido Vallespín.
La necesaria diferenciación obedece -según funcionarios públicos consultados- a que la oposición aprovecha sus alcaldías para adquirir protagonismo por obras que, muchas veces, son producto de políticas de Estado. O bien, se difunde a la Alianza por Chile a través de símbolos como pintar los edificios consistoriales, paraderos y hasta basureros de las respectivas comunas con los colores del pacto -azul y amarillo-.
_____
Artículos relacionados:
UDI acusa intervención electoral del Gobierno (17 junio 2004)
Los municipios de la UDI corren con colores propios (11 de julio 2003)
