En tanto, hoy el ministro Milton Juica entregaría su informe sobre las presuntas presiones y filtraciones del caso GATE, el que deberá ser resuelto por el Pleno del máximo tribunal. Fuentes de tribunales adelantan que la resolución final apuntará al justo medio tanto para Chevesich, como para el presidente Marcos Libedinsky.
El Pleno de la Corte Suprema del pasado viernes 25 de junio no fue todo lo "administrativo" que los ministros dijeron cuando se retiraban a disfrutar del fin de semana largo. Incluso uno de ellos dijo irónicamente que ni siquiera se había mencionado la palabra Chevesich y que "las cosas están tan delicadas que nadie se atrevería llamar ni a un juez de paz".
Pero lejos de estas apreciaciones diplomáticas que los jueces han aprendido en el último tiempo para evitar referirse a los asuntos que se tratan en el Pleno, lo cierto es que una actitud adoptada por la jueza Gloria Ana Chevesich durante la semana pasada, causó sorpresa entre algunos altos magistrados "por su falta de prudencia", se dijo, en momentos en que el supremo Milton Juica debe dar a conocer a sus pares el informe por las presuntas presiones y filtraciones en el caso GATE.
Es así como el pasado viernes se dio a conocer en el Pleno la petición de la ministra en cuestión, donde solicitaba el cambio del funcionario judicial que estaba especialmente designado para labores específicas de su investigación. Se trata de José Ochoa, el mismo que estaba procesado en el marco de la red de corrupción en tribunales, donde operaban gendarmes facilitando la salida de algunos detenidos.
Los magistrados vieron que la solicitud de la ministra Chevesich fue correcta, es decir, la pidió cuando recién se enteró que estaba detenido. Hasta ahí Chevesich había actuado correctamente y, de hecho, acogieron no ampliarle la comisión de servicio a Ochoa.
Sin embargo, lo extraño sucedió cuando se percataron que la magistrada había integrado la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que le revocó el procesamiento a Ochoa, pero confirmó el de otros gendarmes involucrados en dicha red.
"La actitud de la ministra fue imprudente, pese a que no tenía inhabilidad legal", precisó un supremo a este medio.
Se indicó que el problema radica en que, a juicio de algunos jueces, la magistrada debió haberse inhabilitado de resolver el procesamiento de Ochoa. Si bien el Código Orgánico de Tribunales en esta ocasión no se lo prohibía, la imagen de sus actuaciones está en la mira.
Aunque el pasado viernes no hubo resolución sobre este tema, el hecho es un nuevo elemento que influiría en la decisión de los ministros -y que podría inclinar la balanza- cuando se conozca el informe de Juica esta semana. Esto, porque hasta ahora lo único que está claro es que no se pudieron acreditar presiones ni tampoco filtraciones en el caso.
Sólo queda la interrogante de la "recomendación" que hizo el año pasado el ahora presidente de la Suprema, Marcos Libedinsky a Chevesich, respecto a cómo debía citar a Ricardo Lagos en el caso GATE, lo que aún no se concreta.
De ahí que esta semana es crucial para saber cuál será el destino de ambos personajes involucrados en esta trama, aunque se estima que la decisión que podría adoptar el Pleno sería salomónica y no "cargaría la mano" a ninguno, pero dejando en claro que las actuaciones de todos los funcionarios judiciales deben apegarse a las normas establecidas en la ley.
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