Vecinos del futuro terminal aéreo presentaron el viernes pasado un recurso donde piden que se califique desfavorablemente la iniciativa, por no haber contemplado todas las observaciones de la ciudadanía. Solicitaron también al organismo planes de mitigación de ruido y de recuperación de suelos. La dirección ejecutiva de Conama no tiene fecha para pronunciarse sobre el tema.
A dos meses y medio de la aprobación del controvertido aeródromo San Gregorio, que se emplazaría en la comuna de Buin, los detractores de la iniciativa lanzaron una ofensiva legal ante la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana (Conama), organismo que podría anular el permiso ambiental que dio luz verde al proyecto.
En abril pasado y luego de un largo debate, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana (Corema RM) decidió autorizar el emplazamiento del proyecto del empresario Max Marambio, de un costo total de 10 millones de dólares y que contempla hasta 35 mil vuelos en su primer año de funcionamiento. El objetivo de la firma titular del proyecto, Silos de Nazareno, es absorber la demanda del terminal aéreo Los Cerrillos, que tiene fecha de cierre en 2005.
Pero los vecinos del futuro terminal -ubicado en la zona agrícola de Alto Jahuel-, encabezados por el presidente del comité de Defensa del Valle del Maipo, Sergio España, presentaron el pasado viernes un recurso de reclamación que se fundamenta en que la Corema no realizó una "debida ponderación de las observaciones ciudadanas" hechas a San Gregorio.
En concreto, se pide que la Conama califique desfavorablemente el proyecto "certificándose que no cumple con la normativa de carácter ambiental vigente y que las medidas de mitigación, compensación y reparación propuestas por el titular no se hacen cargo de los efectos", establecidos según la Ley de Bases del Medio Ambiente.
Uno de los puntos que se remarca en el documento de apelación es el referido al ruido que generaría el proyecto cuando se ponga en marcha: se pide que los niveles exigidos se cumplan para todas las viviendas y edificaciones existentes (55 decibeles) dentro de la zona de influencia del terminal. Se solicita, además, que antes de comenzar la construcción se presente un plan de ejecución de las medidas de mitigación, para que sea evaluado en la Corema.
En el documento se pide que también -antes de comenzar las faenas del aeródromo- se implemente un plan de recuperación de suelos que debe tener la características pactadas entre los dueños del proyecto y los propietarios de las tierras y que éste tenga el carácter de "irrevocable". Los suelos aledaños al terminal son considerados como de alta importancia agrícola, por lo que se deben someter a cuidados especiales por parte del titular del proyecto.
En la reclamación se exige una intensa fiscalización de las medidas a las que la empresa se comprometió a cumplir, para lo que se aconseja la contratación de una firma que haga las auditorías externas y que entregue un informe trimestral a la Corema. Este mecanismo ha sido utilizado en proyectos ambientalmente controvertidos como el relleno Santa Marta.
Uno de los más optimistas con la apelación es el alcalde de Buin, Angel Bozán, quien sostuvo que "ante las irregularidades cometidas en el proceso de aprobación, lo mínimo es que la Conama considere que se deben contrarrestar los ruidos y el posible daño a la agricultura que genere el aeropuerto".
Según los vecinos, para obtener los resultados esperados contrataron a conocidos abogados de la plaza como Davor Harasic, Juan Ignacio Correa y Martín Gubbins.
Controvertida aprobación
La Conama no tiene plazo para pronunciarse sobre la reclamación hecha por los opositores al aeródromo, por lo que la construcción podría demorar meses.
La oposición que han tenido los vecinos al proyecto llevó a que se postergara la aprobación en varias ocasiones. De hecho sólo se dio el vamos luego de un año y medio de tramitación por 13 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones en la Corema. La iniciativa hace un año había tenido el rechazo rotundo de los servicios públicos que participaron en la votación.
Se habló de intenso lobby e, incluso, de presiones para alcanzar la anuencia del proyecto del empresario Max Marambio. Ese día el senador Andrés Zaldívar dio la alerta horas antes de que se votara en la entidad, asegurando que habían presiones incluso desde La Moneda.
La iniciativa se presentó por primera vez en octubre de 2002 y en enero del año siguiente fue rechazada por mayoría en la Corema. La empresa Silos de Nazareno apeló al Consejo de Ministros de la Conama y éste determinó que faltaban antecedentes para un pronunciamiento definitivo.
La firma entregó tres adendas o informes con respuestas a las consultas de los servicios públicos que integran la Corema. En el último informe técnico, el comité de evaluación de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana determinó que los impactos ambientales del proyecto "no son significativos".
Las variables analizadas fueron calidad del aire, niveles de ruido, recursos hídricos, flora, fauna, empleo, seguridad y salud, infraestructura y suelo.
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