Ley que pretende regular la calidad de las carreras y de las instituciones que las imparten será uno de los pasos más importantes para mejorar la educación superior, según analistas del sector. Ayer se aprobó la idea de legislar sobre la materia en la Cámara Alta, lo que proporcionaría una herramienta de fiscalización en el sistema.
Falta de control en el sistema educacional. Esa es una de las conclusiones del Informe de Educación Superior 1980-2003, elaborado por los académicos Andrés Bernasconi y Fernando Rojas, que se lanzará en las próximas semanas.
La investigación, coeditada por el Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc), remarca que uno de los desafíos actuales en este ámbito es la aprobación del proyecto de Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, normativa fue aprobada ayer por la comisión del ramo del Senado, para su discusión en la sala en las próximas semanas.
La iniciativa pretende que una Comisión Nacional de Acreditación o Agencia Pública realice un examen institucional de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, como también que regule el trabajo de agencias de acreditación privadas que analicen la calidad de las carreras impartidas.
Precisamente, la promoción de esa iniciativa es una de las que resalta el Informe de Educación Superior, que aborda distintos ámbitos el sistema en las últimas dos décadas, en el que se asegura que esta normativa permitirá "el control" de la calidad de las instituciones y sus programas. Además, se destaca que la legislación tiene normas »protectoras» al establecer, por ejemplo, que las agencias de acreditación puedan denunciar posibles infracciones a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).
Se consigna, también, que esa legislación se quiere agregar un artículo a la LOCE para que padres, apoderados y estudiantes puedan reclamar ante el Mineduc, respecto a acciones u omisiones cometidas por las instituciones que infrinjan esa ley, así como también reafirma la potestad de la cartera de cerrar sedes o carreras en caso que presenten irregularidades.
En el informe, los analistas remarcan que este proyecto de ley constituye una "recuperación de la iniciativa política" en la materia, la que se suma, según el estudio, al reemplazo de la Prueba de Aptitud Académica por la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y la Ley de financiamiento a la educación.
Historia de la ley
La discusión de este proyecto se da en medio de las protestas de estudiantes, pues aseguran que no han tenido la debida participación en el debate legislativo. Argumentan, además, que este es un paso para privatizar la educación, ya que las agencias acreditadoras privadas impondrían criterios para examinarlas.
La aprobación de la idea de legislar se da semanas antes que la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (Cnap), organismo encargado del examen institucional, entregue los resultados de los análisis que ha hecho en 13 universidades e institutos profesionales. Pero a este examen -y a los alcances del proyecto de ley- no se pliegan todos: universidades privadas alegan que el proceso es "estatista", debido a que la Agencia Pública será la encargada de establecer parámetros de medición y de fiscalizar su cumplimiento.
La tramitación de esta ley, además, ha permitido que surja la primera agencia de acreditación, formada por notables del mundo educacional como José Joaquín Brunner, Fernando Lolas y Enrique Tirapegui. La idea de los profesionales es prestar asesorías a las instituciones que pretendan acreditarse antes que entre en vigencia la ley y cuando ésta entre en vigor se desempeñaría como agencia de acreditación de carreras.
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