Senador Sergio Fernández planteó que el proyecto de Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es "estatista" por lo que lo impugnará en caso de aprobarse tal como está. La medida se suma a los cuestionamientos de la Alianza a las reformas educativas del Gobierno como la Jornada Escolar Completa.
Un nuevo problema enfrenta una iniciativa educacional emblemática del gobierno: el senador Sergio Fernández (UDI) planteó que si se aprueba el proyecto de ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, presentará una reserva constitucional por considerar que algunos de sus artículos vulneran la Carta Fundamental.
La idea de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) fue propuesta por el legislador el miércoles pasado en la Comisión de Educación del Senado, pues aseveró que hasta ahora la iniciativa «vulneraría el Artículo 19 de la Constitución, referido a la libertad de enseñanza. Se puede llegar a afectar los proyectos educativos de las universidades. Debemos seguir conversando con el ministro Bitar para llegar a un acuerdo y que, por ejemplo, este proyecto no esté vinculado a la ley de Financiamiento de la Educación, que está en trámite en la Cámara», explicó el parlamentario a El Mostrador.cl.
El proyecto de ley de acreditación, parte de las reformas a la educación planteadas por el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, busca que una Comisión Nacional de Acreditación o Agencia Pública realice exámenes a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, para conocer el nivel de docencia e investigación, entre otras áreas. Además, la entidad autorizará la puesta en marcha y supervisión de las agencias de acreditación, organismos que analizarán la calidad de los programas impartidos por las instituciones.
Para refutar uno o más artículos del proyecto ante el Tribunal Constitucional, Fernández debe reunir ocho firmas de parlamentarios. El mismo trámite realizó la derecha en mayo pasado al impugnar cuatro artículos de la Ley de Jornada Escolar Completa, lo que llevó a que se declarara inconstitucional la idea de permitir la permanencia de alumnos con deudas en los colegios. El conglomerado opositor también patrocinó una presentación ante el TC para que revise el artículo que obliga la renovación de los directores de establecimientos municipalizados que llevan más de 20 años en el sistema.
En la Alianza se asegura que ésta no es una estrategia para "echar por tierra" los proyectos educativos del Gobierno, sino que es un derecho de los legisladores. El diputado de la UDI José Antonio Kast presentó una intención de reserva constitucional en la discusión del proyecto de acreditación en la Cámara debido a que "aunque creemos que es necesaria una regulación, la intervención de una agencia pública limita la autonomía de las instituciones".
Freno a la proliferación de instituciones
El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Rafael Moreno, explicó en contraposición al senador de la UDI, que la iniciativa ha sido ampliamente discutida en la comisión y que no atenta contra el funcionamiento de los planteles. "No está en cuestionamiento que las universidades sigan funcionando, pero está claro que en Chile ha habido una proliferación de instituciones que va más allá de toda racionalidad", señaló.
Indicó que las diferencias entre la derecha y el oficialismo se basan en dos argumentos contrapuestos, pues "unos plantean que el mercado debe regular, mientras que nosotros creemos que con este proyecto se trata de asegurar que las familias que van a invertir recursos en la educación de sus hijos tengan la posibilidad real de conocer cómo es la institución en que estudiarán".
Añadió que la idea es que el proyecto avance sin problemas en el proceso legislativo, pero que en caso de impugnarse constitucionalmente provocaría un retroceso a lo que se ha hecho hasta ahora.
Clientes eligen
Los legisladores UDI han sido asesorados por el Instituto Libertad y Desarrollo en temas educacionales, entidad en la que se afirma que la educación superior chilena es de "buen nivel" y que si hay instituciones que tengan un mal funcionamiento "el mercado será el encargado de cerrarlo".
Al igual que el senador Fernández, la investigadora del área social del organismo, María de Los Angeles Santander, afirma que el problema de esta iniciativa es que "plantea que una agencia única será la encargada de definir criterios de evaluación o fijar montos para el cobro de las empresas que certifiquen". Según la profesional esto atenta contra "la libertad que tienen las instituciones y de las agencias acreditadoras".
Otro de los reparos de Santander apunta a que se obligue a la certificación obligatoria de las carreras de pedagogía y medicina pues, precisa, los programas de las instituciones deben ser flexibles de acuerdo a los intereses de cada casa de estudios.
Precisamente, estos argumentos son recogidos por universidades privadas, ligadas a la derecha, que aseguran que el proyecto es estatista, pues una agencia pública única sería la encargada de establecer parámetros de medición y de fiscalizar sus cumplimientos.
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