Jueza Patricia González consideró no sólo el hecho de que el expediente esté desaparecido, sino también la declaración del ex oficial (R) de Carabineros, Jorge Rodríguez Márquez, quien asegura haber visto el cuerpo del menor en un auto presumiblemente de Investigaciones o de la CNI.
Finalmente y tras 25 años de espera, ayer la titular del 17 Juzgado del Crimen de Santiago, Patricia González, resolvió reabrir el proceso por la muerte del menor Rodrigo Anfruns.
La magistrado, para decidir, tomó en cuenta varios elementos que sin duda la hacían una causa con una serie de elementos que era necesario investigar para aclararlos. El primero, el testimonio que entregó uno de los carabineros que participó en la búsqueda del cuerpo, el oficial (R) Jorge Rodríguez Márquez. Este último le dijo al programa Informe Especial de TVN que vio el cuerpo del menor en la maleta de un automóvil con agentes de la CNI o detectives, quienes lo llevaban al lugar donde finalmente fue encontrado: en el patio trasero de la casa de sus abuelos… donde los perros policiales habían buscado durante días.
También consideró el hecho de que el expediente estuviera desaparecido y con una querella en curso en otro tribunal. Pero sin duda lo más relevante fue que acogió los argumentos legales del abogado Roberto Celedón, de que la muerte de Anfruns es un caso de lesa humanidad que bien podría caber dentro de las causas de violaciones a los derechos humanos.
Otro hecho también relevante es que en la querella se señala al entonces juez de la causa, el actual supremo Ricardo Gálvez, como quien no quiso escuchar los hechos descritos por Jorge Rodríguez, cuestión que le agrega una dosis extra de complejidad.
El crimen que mantuvo electrizada, por casi dos semanas, a la opinión pública en junio de 1979, tiene varios elementos que dan para un libro de investigación, el mismo que escribió la periodista Soledad Pino, llamado "Una Verdad Pendiente". En el se detallan hechos que llaman la atención respecto, por ejemplo, de la inculpación del único sospechoso de haber dado muerte al menor, un joven de iniciales PPV (Patricio Pincheira Villalobos). Esta habría sido lograda a través del sicólogo Hernán Tuane Scaff, quien posee amplios conocimientos de hipnosis.
Pino relata en su libro que Tuane trabajó para la dictadura militar en aplicación de campañas comunicacionales que ayudaran a fomentar el miedo a la ciudadanía, algo así como la guerra sicológica. También se le vinculó a tratamientos de hipnosis para hacer hablar a los disidentes del régimen militar.
Recordemos que Patricio Pincheira tiene hoy 40 años y en la oportunidad, es decir, tras el crimen, se le declaró sin discernimiento, porque tenía tan sólo 16 años.
Pero la historia comenzó un 3 de junio de 1979, cuando Rodrigo Anfruns Papi jugaba con otros niños afuera de la casa de su abuela paterna, Guillermina Stange, en la calle Juan Agustín Barriga, de la comuna de Providencia, y desapareció sin dejar rastro. Los padres, al enterarse, decidieron dar a conocer públicamente los hechos.
Las hipótesis que se manejaron en aquellos años fue desde un secuestro por dinero; un grupo paramilitar de izquierda que buscaban vengarse del marido de Guillermina Stange, el coronel (R) de Ejército Alberto Iracabal Irigoin, éste último, quien falleció en 1981. Pero el coronel (R) tenía un hijo, Luis Iracabal Lobos, quien presumiblemente conocía un tráfico de armas desde Famae. Allí podría existir una pista hasta ahora no indagada.
Más allá de las líneas de investigación que se han manejado hasta ahora, lo cierto es que la magistrado tiene ante sí una compleja indagatoria que recién comienza.
Las primeras diligencias ya fueron decretadas por la jueza y son interrogar a Jorge Rodríguez Márquez y pedir una copia de la grabación del programa Informe Especial de TVN.
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