«En el gobierno de Aylwin no hubo ánimo de investigar las privatizaciones»

María Olivia Mönckeberg también se sorprendió. Tomaba desayuno en casa esa fría mañana del pasado jueves 15 de julio, cuando sonó el teléfono. Ella no sabía que los noticieros ya daban tímidos despachos acerca de una comisión investigadora del senado de EEUU, donde el nombre de Augusto Pinochet aparecía una y otra vez, ligándolo como cliente secreto del Riggs Bank, donde se calculaba que el general (R) había depositado una fortuna que fluctuaba entre US$4 millones y US$8 millones, repartidos en cuentas personales y corporativas.



María Olivia lo supo por un amigo economista que alteró su habitual desayuno desde Washington. El hombre le comentaba horrorizado del hallazgo que había encontrado el senado, y que en exclusiva publicaba el Washington Post: una cuenta a nombre de »A. Ugarte», para despistar, sumado a que la entidad financiera tuvo a Pinochet como cliente, sabiendo de quién se trataba, pero no ejerció su obligación de exigir los formularios de información llamados «Know Your Customer» (Conozca a su cliente), requeridos por los estatutos sobre lavado de dinero.



Una vez que los medios locales ya habían replicado la noticia que echaba por la borda el sello de anticorrupción de la única dictadura latinoamericana durante la Guerra Fría, a María Olivia Mönckeberg le hizo sentido esto de los efectos positivos de la globalización, y sonrío: »Nunca lo había pensado de esa manera, pero mientras meditaba sobre lo que se estaba informando, llegué a la conclusión de que la globalización, en cierto modo, estaba permitiendo que en Chile tuviéramos más libertad de expresión, en un tema tan sensible y cerrado».



Pero no sólo se quedó pensando en la aldea global de Mc Luhan. También le hizo sentido que su libro, el súper ventas »El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado chileno» (Ediciones B, 2001), que en un solo día agotó su primera edición de cuatro mil ejemplares, quizás tenía más que decir, y que seguiría entregando información para desnudar conexiones con ese hombre llamado Augusto Pinochet y el proceso privatizador.



»Me hizo sentido, por cierto, lo que desarrollé en el libro, en especial la tercera etapa privatizadora, donde están sobre todo las grandes empresas del Estado. Lo que aparecía como algo tan insólito, si uno piensa en la mentalidad chilena que había para la época, y ni pensarlo para los tiempos del golpe. Porque ese proceso permitió incluso que los militares se ablandaran en materia económica. Costó mucho… Obviamente que también me hizo sentido lo que estaban informando con el rol que jugaron, durante las privatizaciones, la gente del círculo más estrecho a Pinochet. Ahora, es cierto que esa relación ha tomado fuerza en este momento y la han ido haciendo otros sobre todo», aclara la también autora del libro de investigación periodística »El imperio del Opus Dei en Chile».



Comisión parlamentaria



Pero no sólo los amantes de la lectura y de los libros de investigación sustentan la actual importancia que ha tomado la indagación de Mönckeberg. También se lo ha hecho sentir el diputado PPD Antonio Leal, primer vicepresidente de la cámara baja, uno de los impulsores de que se concretara una comisión investigadora de las privatizaciones durante la dictadura.



Porque como ha expresado Leal, »no se entendería que al constatar que quien encabezó la dictadura militar tuvo depósitos en bancos extranjeros por cifras millonarias, verificación que a estas alturas nadie cuestiona, no se preguntara (la comisión formada) qué otras acciones carentes de toda transparencia y probidad se cometieron en el período en que Augusto Pinochet, sin contrapeso real alguno, ejerció la suma del poder».



Es por eso que se revisará con detención el mecanismo utilizado en dictadura, que consistía en extinguir la entidad pública y crear, con la concurrencia de la Corfo y del Fisco, una nueva sociedad comercial o industrial, con la que luego se procedía a la venta de sus activos, derechos o acciones a los particulares.



Esto mismo se hizo con las empresas de la Corfo. Aunque el procedimiento aquí fue la simple venta al sector privado de las acciones de las empresas que ésta poseía, a través de decretos ley como el N° 1.056, de 1975, que autorizó la enajenación de toda clase de activos por parte del Fisco y sus instituciones. O el decreto ley N° 1.068, del mismo año, que estableció la enajenación de acciones de propiedad de la Corfo.



Algunas leyes -como la N° 18.681, artículo 30; la N° 18.747, artículos 1° al 7°, y la N° 18.779, artículos 1° al 5°- permitieron que los trabajadores y funcionarios del Estado adquirieran acciones con el producto del anticipo de sus desahucios. El proceso culminó con la ley N° 18.965, que obligó al Estado a enajenar los derechos que adquiriera o recibiera, a cualquier título, en sociedades que desarrollaran actividad económica.



A juicio de la Cámara de Diputados, este proceso causó tres efectos: »En primer lugar, produjo una enorme concentración de la propiedad, la que perdura hasta hoy. No es extraño observar que una misma empresa presenta sociedades filiales que controlan segmentos claves del mercado. En segundo lugar, esas privatizaciones se hicieron sin los marcos jurídicos adecuados, lo que ha originado abusos de posiciones dominantes, desprotección de los usuarios, etcétera. En tercer lugar, ocasionó una enorme pérdida patrimonial. Los activos fueron vendidos a un precio que no era el de mercado. El Fisco podría financiar con los dineros no recaudados enormes inversiones sociales».



Cuestión de opciones



-Durante su extensa investigación, ¿logró establecer algún vínculo entre los personajes que actúan durante el proceso privatizador, y algún beneficio directo de Augusto Pinochet?



-La verdad es que mi investigación no fue orientada hacia allá. Este proceso es tan amplio, y tiene tantas aristas, que uno tiene que optar. En lo particular, yo no indagué especialmente el ámbito de Pinochet, principalmente porque es un ámbito muy cerrado. Ya acceder a información general sobre las privatizaciones era difícil. Yo fui tomando mucha información de algún modo pública y la fui relacionando. Pero lo que sí podría decir, es que en algunos casos sí me llamaba la atención ver la relación entre gente muy, muy próxima a Pinochet, y los beneficios reales que llegaron a tener, luego de la aprobación por parte de Pinochet para ese proceso. Estoy hablando de los civiles, aunque haya algunos militares que fueron privatizadores, pero que no significan la generalidad. Hay que ser claro en eso: como conjunto, los militares no son los grandes beneficiados de las privatizaciones. Eso es un hecho.



-Si para realizar su investigación tuvo que optar, ¿es posible que el proceso privatizador pueda entregar, en alguno de sus recovecos, alguna pista del usufructo de Pinochet?
-Es posible que si se investiga, que afloren pistas en ese sentido. Se podría quizás establecer alguna relación entre alguna privatización y patrimonio o acciones que podría haber llegado a tener Pinochet y su familia. Recordemos el caso de Soquimich…



-Julio Ponce Lerou, uno de los personajes de su libro.
-Así es. De Ponce Lerou (ex yerno de Augusto Pinochet) se podría indagar mucho más todavía. Porque hay una faceta que yo no toqué, y que tiene que ver con su patrimonio en cabezas de ganado, terrenos agrícolas… Cuando ocurre el golpe militar, Julio Ponce Lerou era el marido de Verónica Pinochet. Era un simple ingeniero forestal, recién recibido, sin un peso. Común y corriente, profesional, pero recién surgiendo. Sin embargo, Pinochet lo comienza a nombrar en cargos importantes. Llegó a ser incluso presidente de la Celulosa Constitución, que luego también se privatizó. Fue máximo ejecutivo de la Conaf. Después, accede a posiciones importantísimas en la propia Corfo. Entre medio, y era el tiempo en que se sabía que compraba cabezas de ganado, Lerou protagonizó un importante escándalo al comenzar la década de los ’80, precisamente porque se le acusó de enriquecimiento ilícito. Entonces, Pinochet tuvo que sacarlo. Porque incluso gente partidaria del propio régimen ya decía que esa situación no daba para más. A pesar de eso, Lerou resucita en términos económicos en la privatización de Soquimich. Y llega a ser su presidente…



-Ahora, otro dato importante, por donde se podría establecer alguna pista, tiene relación con una serie de personajes interesantes que estuvieron en la época de privatización, en cargos decisivos y designados por Pinochet, de los cuales algunos todavía aparecen en los directorios de Soquimich: Hernán Büchi, Patricio Contesse, Juan Hurtado Vicuña, Sergio de la Cuadra, Sergio de Castro, Pablo Baraona, etc.



-En definitiva, más allá de que Pinochet pudiera tener lazos ilícitos o éticamente criticables con las privatizaciones, ¿considera que los militares no se beneficiaron como cuerpo de ese proceso?
-Por supuesto que no. El manejo fue civil. De algún modo se puede decir que los militares fueron usados en su momento. Obviamente que hay excepciones, hombres de confianza de Pinochet, como Sergio Valenzuela, quien fue vicepresidente de la Corfo. También Guillermo Letelier Skinner, a quien se lo ha citado en el Caso Famae, arista de este tema que yo no investigué.



-Si hay delitos en dicho periodo, todo eso está prescrito. ¿Cuál es la importancia que usted le asigna a la revisión que hará la cámara baja de ese proceso?
-Delito sería difícil acreditar. Lo que ocurrió fueron situaciones anómalas, debido a los decretos leyes, pero que uno debiera criticar desde la ética pública. En todo caso, me parece que en este tema de todas maneras hay una deuda importante. En el gobierno de Aylwin no hubo el ánimo de investigar a fondo las privatizaciones. Siendo que los grupos de poder en Chile son un tema central. Esos grupos hoy han ampliado su poder y constituyen límites al juego democrático.