Autoridades respondieron cuestionario del comité internacional sobre aire, agua, biodiversidad y cooperación internacional, útiles para que el organismo analizara la situación local. Sin embargo, antecedentes entregados por la Conama no incluyeron información sobre iniciativas controvertidas como Santa Marta o los fracasados proyectos Trillum y Alumysa.
Poca información respecto a proyectos ambientalmente polémicos y sobre los puntos débiles de nuestro país en esta área tuvo el comité de expertos de la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE), luego de su visita de una semana a Chile.
El gobierno decidió voluntariamente someterse a la evaluación del organismo -al que pertenecen 32 países desarrollados- con el objetivo de conocer sus debilidades y fortalezas en el periodo del 1990 al 2004. El comité examinador visitó Antofagasta, donde conoció el sector minero y la biodiversidad de la zona, mientras que en la Región de Los Lagos analizó el desarrollo del sistema de áreas silvestres protegidas, proyectos del sector forestal y acuíferos. En tanto, en la Región Metropolitana se interiorizó sobre problemas urbanos como residuos, aire y planificación urbana.
La Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) -entidad coordinadora de la visita- dentro de los documentos que entregó a los expertos no incluyó apreciaciones sobre iniciativas que han generado la resistencia ciudadana como el relleno Santa Marta y el aeródromo San Gregorio, ubicados en la Región Metropolitana, ni de los fracasados proyectos Trillium y Alumysa en la Undécima y Duodécima regiones, respectivamente. Los más críticos de las políticas ambientales toman este hecho como una falta de autocrítica a la hora de hablar sobre la realidad del país.
Al comité se le entregó un dossier con información sobre aire, agua, biodiversidad, economía y cooperación internacional a fin de conocer en detalle las políticas aplicadas en el área. Sin embargo, en la presentación de las estadísticas ambientales que hacen las autoridades, se reconoce que la "generación y sistematización de la información ambiental es un proceso aún no consolidado (…) y que requiere de esfuerzo para armonizarse con los sistemas de países desarrollados".
A modo de ejemplo, se afirmó que "las emisiones de material particulado sólo se estiman en las zonas en que existen problemas de calidad de aire, pero no hay un monitoreo a escala nacional ya que hasta ahora no se ha justificado".
Aunque la cantidad de estadísticas sobre los distintos ámbitos es amplia, en el documento se sostuvo que no tiene el rango de "oficial", debido a que por tiempo no pudieron validarse a través del Instituto Nacional de Estadísticas. Se reconoció que la información sobre temas como la erosión o los residuos sólidos es "escasa", por lo que no pudieron llenarse los cuestionarios solicitados por la OCDE cabalmente. En cuanto a presupuestos en esta área, no se pudo completar la información requerida sobre el gasto en materia ambiental de los hogares ni de las empresas que prestan servicios en el rubro.
Cita con parlamentarios y organizaciones
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara, Leopoldo Sánchez, afirmó que en la cita se abordaron inquietudes de los expertos como la participación ciudadana e intervención política en la aprobación de proyectos ambientales.
«Un área relevante para ellos fue conocer cómo la ciudadanía era parte de los procesos de aprobación de una iniciativa, pues éstos son los que finalmente recibirán el impacto de las decisiones. Además, les interesó saber cuánto pesan las influencias políticas por sobre las técnicas a la hora de aprobar un proyecto. Nosotros explicamos que aún existe esa práctica, pero también destacamos los avances que ha habido en el área», sostuvo.
Otro tema que analizó el comité internacional fue el rol de las organizaciones no gubernamentales en los procesos de participación. Las críticas de éstas se centraron en la institucionalidad ambiental -es decir, la estructura organizacional del Estado, para tomar decisiones respecto al tema, además del rechazo a lo que denominan "excesiva" preocupación de las autoridades por lo económico por sobre lo ambiental.
Una de las conclusiones de las agrupaciones luego de la visita fue la información que se les entregó a los investigadores sobre proyectos ambientales complejos fue nula.
El director de Greenpeace, Gonzalo Villarino, aseguró que las críticas de su entidad se centraron en "la falta de voluntad política en el gobierno para encarar el tema ambiental". "Están preocupados de los equilibrios macro económicos. Sin embargo, en este tema no tienen la misma preocupación, lo que se ve en declaraciones de autoridades, las que se refieren al tema ambiental como un "lomo de toro", es decir, una valla", precisó.
Otro de los planteamientos hechos se refiere a la institucionalidad de la Conama, la que sostuvo "no tiene peso", por lo que está ausente de discusiones legislativas que encabezan los ministerios como el proyecto de Ley de Bosque Nativo. "La institucionalidad hace que ministros tomen decisiones, por ejemplo, la del ministerio de Agricultura de permitir la tala de especies que son declaradas monumento natural", indicó.
Villarino detalló que otra de las áreas que se abordó se refiere a la fiscalización que -según dijo- es débil pues existen 380 funcionarios para proteger 14 millones de hectáreas de Áreas Silvestres Protegidas.
Poco peso de la Conama
En tanto, el vicepresidente de la Fundación Terram, Patricio López -entidad que también estuvo presente en la cita- afirmó que se expuso la evaluación de las políticas ambientales a lo largo de los gobiernos de los gobiernos de los presidentes Aylwin, Frei y Lagos. A la luz de lo que se ha hecho -dijo- se propuso la elaboración de una segunda generación de reformas en cuanto al tema institucional.
"Actualmente hay una institucionalidad que no permite imponerse jerárquicamente ante los intereses sectoriales. Al convertir la Conama en ministerio eso no se resuelve del todo. Se propone una figura como el banco central que pueda generar políticas a largo plazo y en forma independiente. La idea es posicionar esto el próximo año en distintas instancias junto con la preocupación del cobro del Estado por las rentas de los recursos", explicó.
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