La comisión de derechos humanos aprobó en general el proyecto que establece incentivos legales para la entrega de información en delitos vinculados a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, situación que permitirá que dicha iniciativa sea votada el próximo martes en la sala.
Ya es un hecho: la propuesta del Presidente Lagos se encuentra ad portas de llegar a la meta, hecho que ha permitido al gobierno «sacar cuentas alegres» dejando atrás un año de complejas negociaciones entre la Concertación y la Alianza por Chile.
La decisión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado permitirá que el proyecto que establece incentivos legales para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos termine su tramitación antes de fin de año, hecho que parecía prácticamente imposible cuando se inició su tratamiento en la cámara alta.
En esa línea, se espera que la Concertación apruebe en general la iniciativa que dejó establecido en la Cámara de Diputados los polémicos artículos 1,2, y 3, normas que establecieron las atenuantes y eximentes penales para aquellos que entreguen información.
De la misma forma, y basándose en el desahuciado acuerdo entre el gobierno y los diputados de la Alianza por Chile, existen expectativas en el sentido de que se presente vía indicación el artículo transitorio, que traspasa los casos de DD.HH. de la justicia militar a la civil.
No obstante, los senadores de la Alianza por Chile, adelantando un difícil escenario para el próximo martes, comentaron que aprobarán las ideas matrices del gobierno «siempre y cuando» se vuelva a la propuesta original y no sean sólo los conscriptos y funcionarios que desempeñaron labores de enfermería, los que reciban las eximentes.
Los protagonistas
Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jaime Naranjo, señaló que tras un largo debate se logró aprobar en general el proyecto de rebaja de penas, además de todas las indicaciones al proyecto de reparaciones que permitirá entregar «beneficios a los familiares de las víctimas, haciéndose extensivo a los familiares de las víctimas de Carabineros y Fuerzas Armadas, tal como se acordó en la moción que indulto a los presos políticos».
En esa línea, el ministro Segpres, Eduardo Dockendorff, calificó la decisión de la instancia técnica como un «buen avance que permitirá dar una respuesta, en la medida de lo posible, a los familiares de detenidos desaparecidos en el tema de los DD.HH».
Asimismo, confesó que se encuentran analizando nuevas indicaciones que permitan establecer el traspaso de las causas de la justicia militar a la civil, además de nuevos jueces con dedicación exclusiva.
Finalmente, el senador UDI Andrés Chadwick emplazó a la Concertación a respetar el proyecto original, aunque se comprometieron a aprobarlo en general el martes.
Cómo quedó el proyecto
En esa línea, el proyecto que establece incentivos para la entrega de información en los delitos vinculados a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, deja establecido los siguientes puntos:
-Estímulos para la entrega de información a través de atenuantes calificadas y eximentes para los civiles que al momento de ocurrencia de los hechos cumplían con su servicio militar y para aquellos que desempeñaban labores sanitarias de enfermería.
-Reglas procesales especiales como la reserva de identidad y secreto; la vista preferente de las causas de violaciones a los DDHH; la improcedencia de responder por falso testimonio, perjurio y obstrucción a la justicia, respecto de quienes liberen información; apreciación de prueba y libertad provisional; nombramiento de jueces especiales; y la integración de la Corte Suprema.
No obstante, el traslado de las causas desde la justicia militar a la justicia ordinaria fue rechazado. Situación que echó por tierra, una de las iniciativas emblemáticas del proyecto, aunque el gobierno ya había estableciendo explícitamente que la «cosa juzgada» no sería parte del proyecto de rebaja de penas.
El avance concreto de la propuesta de DD.HH.
En tanto, respecto de los avances de la propuesta Lagos, es necesario señalar que el proyecto que dispone la eliminación de ciertas anotaciones prontuariales referidas a condenas impuestas por tribunales militares en tiempo de Guerra, por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo del 1990, se encuentra listo para ser promulgado como ley.
Por su parte, el proyecto reparaciones fue aprobado en general por la sala de la Cámara Alta hace dos semanas, por lo que ayer comenzó su análisis en particular en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, hecho que sin lugar a dudas puede ser considerado como un triunfo para La Moneda.
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