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Unos y otros temen que nombram

Arde polémica sobre eventual facultad del Senado de visar embajadores

por 20 septiembre, 2004

El principal promotor de la iniciativa, el senador de Renovación Nacional Sergio Romero, aboga por la modernización del Servicio Exterior. Una postura en la que lo acompaña la Asociación de Diplomáticos de Carrera. Estos últimos estiman que devolverle la atribución a la Cámara Alta de dar su aprobación a la designación de nuestros representantes en el mundo no servirá si el tema se politiza.
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El debate que se ha generado en torno a la facultad del Presidente de la República de nombrar embajadores y funcionarios diplomáticos de su confianza, cada día toma más cuerpo. Uno de los principales promotores de la iniciativa de devolver al Senado la atribución de ratificar tales designaciones, el senador Sergio Romero (RN), argumenta a favor de su postura la necesidad de modernizar la Cancillería, evitando que los nombramientos respondan a "intereses políticos".



Esta no es una preocupación nueva para el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, pues el 19 de marzo de 1991 presentó una moción a la Reforma Constitucional, con el fin de restituirle al Senado la atribución de visar el nombramiento de los embajadores.



En ella señalaba que si bien "el manejo de las relaciones internacionales le corresponde enteramente al Presidente de la Republica", la designación de los embajadores "debiera contar con un respaldo lo más amplio posible y con el examen cuidadoso de los antecedentes de quien nos representa", ya que su función trasciende lo meramente administrativo, pues un embajador no sólo representa al gobierno, sino "al pueblo entero".



Historia antigua



Aunque esta polémica ha tomado fuerza sólo en los últimos meses, lo cierto es que -tal como lo plantea Romero- hasta la Constitución de 1980, impuesta por el régimen militar, el Senado contaba con esa atribución que tanto ha costado restablecer a quienes estiman que es positiva para el Servicio Exterior.



"No nos parece acertado que, en esta materia, se haya retrocedido con relación a lo que existía en Chile de acuerdo a su tradición constitucional. La facultad de contar los embajadores con el acuerdo del Senado de la República, se demostró como una buena práctica que le permitió a nuestro país alcanzar la mayor estatura internacional en todas las organizaciones mundiales", señala el ahora presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en la moción presentada en 1991.



Opinión que, según sus últimos dichos, continúa manteniendo. Esto porque considera que es una medida primordial para la modernización de la Cancillería. Así, en su columna "Modernizar la Cancillería", publicada en este medio, plantea que "la reforma que se quiere no implica una crítica a lo que actualmente existe. De lo que se trata es que hoy estamos en un escenario de apertura frontal al exterior, que dista mucho de la filosofía económico-social que imperaba previamente y se hace necesario, por lo tanto, adecuar el ministerio a esa realidad".



De allí que en la moción que presentó en 1991 y que finalmente fue rechazada en diciembre pasado, pues no alcanzó el quórum requerido, se le agregaba -en un único artículo- la frase "con acuerdo del Senado" al N° 10 del artículo 32 de la Constitución, a continuación de las palabras "organismos internacionales".



Debate transversal



En esta materia, todo indica que los bloques políticos no están alineados, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las reformas constitucionales. Lo que quedó claro cuando en diciembre del 2003 se votó la iniciativa, ya que los senadores de la UDI Jorge Arancibia, Sergio Fernández y Hernán Larraín, a los que se sumó el RN Mario Ríos, rechazaron la moción.



A pesar de las ganas que el senador Romero le ha puesto a este tema, en la Alianza por Chile admiten que es "discutible". De hecho, un parlamentario del sector plantea en contra de la idea el que se pudiera prestar para "politizar" la designación de los embajadores, lo que se contradice con la postura de Romero quien plantea que eso se evitaría si el Senado pudiera visar los nombramientos.



La fuente asegura que cuando el Senado tenía esta atribución, en varias oportunidades, se produjo el hecho de que por razones políticas lo rechazaban, dejando por un buen tiempo una embajada sin representante.



Por otra parte, la misma fuente estima que existen representaciones diplomáticas que, por una u otra razón, requieren de mayor "muñeca política" que otras, lo que avalaría el nombramiento de personalidades con más experiencia en esa materia que en el ámbito diplomático. Actualmente, añade, según los cálculos de la oposición el porcentaje de embajadores con carrera diplomática y los políticos se divide en 50 y 50.



Asimismo, reconoce que tanto en la Alianza por Chile como en la Concertación hay parlamentarios que apoyan y que rechazan la iniciativa, por lo tanto no existe alineación al respecto, la polémica es "transversal", asegura.



En cuanto a la competencia de unos y otros, nadie da por sentado que quienes tienen experiencia diplomática realicen una mejor gestión que los que no la tienen. Tampoco son tajantes respecto a que hechos como el ocurrido en Costa Rica, se hubiera evitado con un diplomático de carrera.



No a pugna embajadores diplomáticos vs políticos



En tanto, en la Asociación de Diplomáticos de Carrera, plantean que lo importante en esta materia es ir al tema de fondo y descartan entrar a una polémica sobre embajadores diplomáticos versus embajadores políticos.



A juicio del vicepresidente del organismo, Mario Artaza Loyola, la autoridad debe iniciar un proceso "serio" de debate sobre una reforma integral de la Cancillería y no quedarse en lo superficial en torno a si los embajadores deben ser diplomáticos o no. Explicó que esta es una deuda que los gobiernos de la Concertación vienen arrastrando desde 1991, cuando el entonces canciller Enrique Silva Cimma anunció la "tan ansiada reforma de esta secretaría de Estado".



Así, insiste que para la asociación -que agrupa a unos 400 funcionarios del Servicio Exterior- el debate entre embajadores diplomáticos o políticos es sólo un aspecto más del proceso integral de reforma. Y, en este contexto, no se oponen a que se inserte en la discusión la posibilidad de devolverle al Senado la facultad de ratificar el nombramiento de embajadores. Lo que, en su opinión, haría el trámite "mucho más transparente y participativo"



Méritos y aprensiones



Su "aprensión", añadió, es que -en el caso de que el país acepte esta reforma- sirva para perfeccionar y no para perjudicar el Servicio Exterior, siendo utilizada con fines electoralistas. En este sentido, recalca, la ratificación debe ser basada en los méritos, siguiendo pautas profesionales de los candidatos y no en su ideología política.



No obstante, Artaza se negó a entrar en el debate acerca de si casos como la desgracia ocurrida en la embajada de Costa Rica -cuyo embajador, Guillermo Yunge, no es diplomático-, que ha recibido serios cuestionamientos por el manejo del representante chileno ante esa crisis, o las críticas a la gestión del agregado comercial en Madrid -el abogado Milenko Mihovilovic-, que dejó su cargo en el mes de mayo, se habrían podido evitar con funcionarios de carrera. Insistió que ése no debe ser el debate de fondo.
















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