De acuerdo al proyecto que el Ejecutivo enviaría en diciembre al Parlamento, las etiquetas de los alimentos advertirán cuando haya una diferencia nutricional entre un producto natural y otro genéticamente modificado, pero no dirán explícitamente si éste es transgénico o no. Conozca los detalles de la propuesta.
En una verdadera guerra promete convertirse el proyecto de ley sobre bioseguridad que el Ejecutivo planea enviar en diciembre al Parlamento. Una que tendrá como su principal campo de batalla el rotulado de alimentos modificados genéticamente.
La razón es que algo en apariencia tan sencillo como colocar o no una etiqueta "transgénico" en un producto, involucra intereses sanitarios, políticos, económicos y sociales difíciles de conciliar, incluso al interior del oficialismo.
El director del programa del Ministerio de Economía Chile Innova, Gonzalo Herrera, está consciente de ello. Como uno de los principales responsables de la elaboración de la propuesta gubernamental, no duda que el rotulado será "uno de los temas centrales de la discusión".
No obstante, confía en que el trabajo realizado interdisciplinariamente desde mediados del 2002 -a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología- y que a principios de este año derivó en la elaboración del proyecto de ley, contribuya a que la propuesta tenga una buena acogida entre los parlamentarios y otros sectores a los que la iniciativa será presentada antes de enviarla al Congreso.
Criterios en juego
La propuesta del Gobierno divide los rótulos para productos transgénicos en dos grupos. Gonzalo Herrera explica que "uno tiene que ver con temas sanitarios, vale decir, con la salud de la población y el otro más bien con la información que se entrega al consumidor".
Precisa que "desde el punto de vista sanitario vamos a hacer un análisis riguroso de la inocuidad de los alimentos que vayan a ser consumidos por los seres humanos y si los productos que se evalúen presentan peligros que desde el punto de vista social no estamos dispuestos a tolerar, entonces los vamos a prohibir. No vamos a etiquetarlos".
Una segunda posibilidad es que haya, por ejemplo, "un maíz o arroz que debido a su transformación genética tenga mayor contenido de una vitamina de tal tipo. Lo que se va a exigir como rotulación en esos casos es señalar las características diferentes de este alimento respecto de su homólogo convencional".
Este criterio de rotulación también será valido para los alimentos que provoquen reacciones alérgicas en las personas y para "cualquier otra característica relevante sanitariamente". En todos estos casos deberá distinguirse en la etiqueta la diferencia nutricional o alergénica, pero no será obligatorio colocar el rótulo de transgénico en el producto.
La tercera posibilidad es que un alimento transgénico sea igualmente inocuo que su homólogo tradicional. En esos casos "si se llega a la conclusión de que desde el punto de vista sanitario una solla transgénica es tan segura como la solla convencional, y si no hay tampoco diferencias nutricionales, no va a haber ningún tipo de obligación de etiquetado desde el punto de vista sanitario".
Esto en cuanto a las etiquetas sanitarias, ya que Herrera admite que "desde el punto de vista del rotulado informacional hay posiciones súper distintas", incluso dentro del Gobierno. Por esta razón, dice, optaron por no dejar fijo este punto en la ley y entregarle esta facultad a una comisión nacional de bioseguridad.
Esta comisión estará integrada por los ministros de Economía, Salud, Agricultura, Cancillería y Secretaría General de la Presidencia. Quienes deberán optar por rotular explícitamente todos los productos transgénicos, etiquetar sólo algunos alimentos o simplemente no hacerlo.
En pie de guerra
El presidente del Regional Santiago del Colegio Médico, Carlos Villarroel, tiene una posición definida sobre estos productos. "A lo que se debe aspirar es a que no haya transgénicos. (…) Y si se expenden productos genéticamente modificados en Chile, que por lo menos sean rotulados".
A esto agrega que así "ejercemos el derecho de elegir lo que comemos. Porque si yo escojo no ingerir alimentos transgénicos, pero no están rotulados, entonces no puedo elegir nada".
El diputado PPD Guido Girardi, por su parte, afirma que "si no se acepta la rotulación de los transgénicos, nosotros no vamos a aprobar ningún proyecto". A lo que añade que "nosotros queremos que los derechos ciudadanos queden establecidos en leyes y no a la discrecionalidad de ministros que no les interesan estos derechos".
"No está demostrado que estos productos sean cien por ciento inocuos. Tampoco hay evidencia de que puedan producir daños severos. Pero mientras no se demuestre que son inofensivos se actúa de acuerdo a un principio precautorio", resguardado a través del derecho a la información, asegura.
En términos sanitarios, el toxicólogo Andrei Tchernitchin resalta que si bien hay evidencia de que los transgénicos favorecen la resistencia de los cultivos a insectos, plagas y herbicidas; permiten aumentar la productividad, el control y la prevención de enfermedades; y además pueden ser útiles en la producción de fármacos, vacunas y anticuerpos, también hay estudios que los cuestionan.
En particular, advierten sobre algunos riesgos como la toxicidad del insecticida Bt (producidos por los genes de Bacillus thuringensis); la eventual generación de súper plagas resistentes a plaguicidas; así como algunos riesgos directos para la salud de la población, como reacciones alérgicas, resistencia a antibióticos y la pérdida de sustancias químicas que actúan como agentes protectores contra el cáncer.
Los pro y contra, según el Gobierno
Respecto del rotulado informativo, Gonzalo Herrera recalca que "nosotros como Gobierno no somos ni los abogados de los transgénicos ni los detractores. Lo que queremos dar como señal clara es nuestro interés en apoyar el desarrollo científico tecnológico de nuestro país y particularmente el desarrollo de la innovación en el ámbito productivo. Y, al mismo tiempo, queremos cumplir con nuestra función de resguardar la seguridad y salud de las personas el medioambiente".
Bajo ese supuesto acepta que un aspecto positivo de la rotulación informativa sería "que resguarda los derechos a la información y la libre elección de los consumidores, particularmente para los grupos de la población que tienen prevenciones o derechamente rechazo por este tipo de productos".
A lo que agrega que si eventualmente la imagen pública de los transgénicos mejora, la rotulación podría contribuir a reforzar estas marcas.
Ahora, desde un punto de vista negativo, advierte que "está el tema de los costos, porque cuando tú pones algo en una etiqueta tienes que asegurar que lo que dice es cierto y eso no es trivial", ya que, de acuerdo a los estudios internacionales consultados en el ministerio, la segregación de procesos productivos aumenta entre un 5 y un 15 por ciento el precio final del producto.
Además, dice, actualmente "transgénico no es una palabra neutra. Para mucha gente tiene una connotación valórica importante y hoy en día es probablemente más negativa que positiva", lo que podría incidir en una estigmatización de las marcas que comercialicen estos alimentos.
Como sea, el etiquetado no es la única preocupación del Ejecutivo en la ley de bioseguridad. Un aspecto no menospreciable es cuánto tiempo pasará la iniciativa en el Parlamento. El director de Chile Innova está consciente que "no va a ser un proyecto de tan corto despacho como el 17 de septiembre (…) pero por supuesto que nuestra pretensión es que no sea tan largo como la Ley de Bosque Nativo".
______________________________
Artículos relacionados:
Inician campaña para exigir etiquetado de transgénicos (26 de Mayo del 2004)
Acusan a Minsal de liberar producción de alimentos transgénicos (10 de Mayo del 2004)
Chile norma producción de productos transgénicos (1 de Marzo del 2004)
