El retirado general, que presentó problemas respiratorios y que aseguró que su memoria se encuentra afectada, se desvinculó de cualquier responsabilidad en los delitos cometidos por los servicios de inteligencia de su régimen -que según él eran manejados por mandos medios-, precisando que sólo era informado de los problemas de seguridad nacional.
El general en retiro Augusto Pinochet Ugarte negó estar en conocimiento de la existencia de la Operación Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América Latina, y desligó cualquier responsabilidad en los servicios de inteligencia de su régimen.
«Yo era Presidente, no me iban a informar de cosas chicas. Me informaban de cosas grandes como lo de Argentina", dijo el ex militar, durante el interrogatorio al que fue sometido la mañana del sábado por el ministro de fuero Juan Guzmán.
Pinochet aseguró que el Servicio de Inteligencia de su régimen era de "mandos medios", y que en su calidad de Jefe de Estado sólo era informado de situaciones que afectaran a la seguridad nacional. En ese sentido, dijo que recordaba que los generales (R) Manuel Contreras y Humberto Gordon fueron los primeros en desempeñar esa función, pero que después no estaba al tanto.
«El Servicio de Inteligencia era un servicio de mandos medios. Yo era Presidente de la República y como Presidente de la República se me informaba de la seguridad nacional, no de la seguridad chica. Todos son subalternos cuando uno es Presidente de la República», afirmó.
Asimismo, dijo no recordar la existencia de la coordinación represiva de las dictaduras de América del Sur, a mediados de la década del setenta, destinada a reprimir y hacer desaparecer a sus opositores.
«No, no me acuerdo y no era problema mío. Yo era presidente y después estaban los servicios de inteligencia, eso era la cosa, me imagino de mandos medios. Ni Cóndor ni nada de eso era problema mío», agregó Pinochet en la diligencia, que se extendió por cerca de 30 minutos.
El ex militar, de 89 años, aseguró que sus encuentros con Contreras, entonces director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), giraban en torno al conflicto limítrofe que se vivía con Argentina, en 1978.
«Mire, me reunía con él para que me informara la situación limítrofe que se vivía con Argentina. Por eso me reunía con él para saber lo que había pasado. Esto lo sabíamos nosotros, no así los de más abajo. Cuando hablo de estas cosas me refiero a los ministros, y no a todos», le dijo a Guzmán.
Pinochet, que presentó problemas respiratorios durante el interrogatorio, aseguró que su comprensión y su memoria, tanto reciente como lejana, se encontraban afectadas. «A veces recuerdo bien a veces nada, no estoy normal. Tengo altas y bajas», dijo.
Esta semana el juez Guzmán ordenará la realización de exámenes médicos para el retirado militar y, eventualmente, podría someterlo a proceso, con lo que se transformaría en el primero de los ex gobernantes de los países de América del Sur que participaron en esa coordinación represiva en ser encausado.
Para ello ya existe un antecedente. En 2001 el ministro Guzmán interrogó por primera vez al ex militar y, después de esa diligencia, lo sometió a proceso como encubridor de los múltiples delitos cometidos por la Caravana de la Muerte, una comitiva militar que recorrió el país a fines de 1973.
No obstante, en 2002 la Corte Suprema resolvió sobreseerlo definitivamente por considerar que la demencia subcortical de leve a moderada que lo aqueja, le impedía enfrentar un juicio criminal.
Esa resolución le permitió sortear una serie de procesos, entre ellos, el llamado caso de Calle Conferencia, a través del cual la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) hizo desaparecer a la cúpula del Partido Comunista.
Sin embargo, el año pasado a raíz de una serie de apariciones públicas, entre ellas una entrevista a un canal de televisión de Miami, abogados de derechos humanos pidieron que los tribunales revisaran la supuesta inimputabilidad de Pinochet.
De esta manera, en mayo pasado la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió el fuero que tiene en su calidad de ex gobernante, resolución que en agosto fue ratificada por la Corte Suprema.
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