Abogado y con una larga gestión en la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dispi), Villalobos encarna la continuidad en materia de recopilación de información durante el gobierno de Lagos. Nuevo organismo tendrá amplias facultades para investigar, así como también para coordinar a la comunidad nacional de inteligencia.
El presidente Ricardo Lagos nombró al abogado Gustavo Villalobos Sepúlveda (55 años, casado, un hijo, titulado en la Universidad de Chile e hijo de un ingeniero de la Armada) como el nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), organismo cuya ley regulatoria apareció publicada el pasado sábado en el Diario Oficial.
Así lo aseguraron a El Mostrador.cl diversas fuentes vinculadas al mundo de la comunidad de inteligencia, lo que fue confirmado también por trascendidos emanados de La Moneda.
Hasta ahora sólo falta la firma de un decreto y La Moneda estrenará oficialmente a Villalobos en sociedad. Otros nombres que se barajaron para el cargo fueron los del ex subsecretario de Interior y embajador en Portugal, Belisario Velasco, el ex senador radical socialdemocrata Mario Papi y el ex subsecretario de Aviación, Isidro Solís, que salió en el reciente cambio de gabinete.
En todo caso, el personaje en cuestión no es nuevo en las lides de la inteligencia. De hecho es el actual director de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dispi) y estuvo vinculado durante los tiempos del régimen militar a la Vicaría de la Solidaridad. Como abogado de la Vicaría (fue jefe de su Departamento Jurídico) estuvo recluido en Capuchinos, junto al doctor Ramiro Olivares, por negarse a entregar al gobierno militar información que aparecía en las fichas de denunciantes de atropellos a los derechos humanos.
La Dispi -conocida a principios de los ’90 como «la Oficina»- fue creada después del atentado contra Jaime Guzmán, durante el gobierno de Aylwin, y su primer director fue otro abogado, Isidro Solís, quien fue sucedido en el cargo por Mario Papi, el antecesor de Villalobos, que asumió como su encargado en 2001.
Con el nombramiento de Villalobos comienza una nueva era en materia de inteligencia en Chile, y se produce un salto cualitativo en la relación que tendrá "la comunidad" con la ANI.
Espaldarazo
La decisión de Lagos, sin duda, es un espaldarazo a la labor de Villalobos en la Dispi, pero también marca una línea en lo que ha sido la recopilación de información durante su gobierno.
De hecho, la ANI ya tiene oficinas, ubicadas frente al Teatro Municipal, en pleno centro de Santiago.
Las tareas de la agencia serán: recopilar y procesar información del ámbito nacional e internacional que ayude a conservar la seguridad del Estado, elaborar informes periódicos para el Presidente de la República (muchos de los cuales serán confidenciales), requerir información y ayuda de los demás integrantes del Sistema de Inteligencia, proponer normas para proteger los sistemas de información critica del Estado y disponer las acciones necesarias para neutralizar acciones de grupos terroristas, narcotraficantes internacionales o crimen organizado.
El director de la ANI podrá durar hasta seis años en el cargo y es nombrado directamente por el Presidente de la República.
Todos los funcionarios que trabajen en la ANI, deberán guardar reserva de todo lo que supieron durante el ejercicio de sus funciones, aún cuando dejen de laborar en el organismo.
Al mismo tiempo, tampoco podrán revelar las identidades de sus fuentes de información, incluso cuando se les solicite por petición de algún magistrado, señala la ley.
Según el cuerpo legal, se entiende por inteligencia "el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de
información, cuya finalidad es producir conocimiento útil
para la toma de decisiones".
Atribuciones sin precedentes
Villalobos tendrá atribuciones inéditas y hasta ahora inexistentes, desde el punto de vista formal, en cualquier otro ente del Estado. La ANI podrá intervenir comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales, correspondencia, etcétera, con autorización de un ministro de Corte de Apelaciones.
El monitoreo a personas sospechosas de planificar atentados contra la seguridad del Estado o llevar a cabo «acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros», tendrá un plazo de 90 días, prorrogable sólo una vez por la misma cantidad de tiempo.
También podrá obtener antecedentes sujetos a reserva o bajo secreto bancario, y realizar operaciones en el extranjero sin límite de tiempo. Otra atribución nada desdeñable es que podrá emplear a agentes encubiertos entre funcionarios policiales o militares.
La ANI, según ha trascendido, contará con una planta de 125 funcionarios (bastante reducida si se la compara con los siete mil agentes de la SIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, en Argentina), y podrá realizar acciones «intrusivas» de vigilancia y recolección de información relevante.
La Agencia se encontrará completamente operativa en noviembre y su debut estará marcado por la cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico), a partir del 19 y hasta el 21 de noviembre, encuentro que obligará a un despliegue de seguridad sólo comparable al de la visita papal en 1987.
