Después de un año con sucesivas derrotas judiciales para el empresario Claudio Spiniak -que van desde la ampliación de los delitos hasta las reiteradas negativas a su libertad-, su defensa optó por cambiar la estrategia usada en los estrados y deshacerse de algunos querellantes: la UDI, RN y el PPD.
Tras los sucesivos logros obtenidos por los distintos querellantes en el denominado caso Spiniak, la defensa del empresario optó por cambiar la estrategia: pidió al ministro en visita, Sergio Muñoz, sacar como querellantes a los partidos políticos que figuran en la causa.
Según el escrito presentado por el abogado Luis Hermosilla, las razones para sacar a la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional y Partido por la Democracia, se basan en que "el interponer querellas criminales y sostenerlas en el tiempo, no constituye una actividad propia de un partido político, de manera que, por más loables que pudieran ser los fines perseguidos con su ejercicio de la acción penal pública, ello simplemente les está vetado".
La estrategia de la defensa no extrañó a los querellantes, pues recordaron que fue a través de una querella por asociación ilícita -presentada por el PPD y acogida por el ministro y la Corte- que Claudio Spiniak podría pasar más de quince años tras las rejas, pues todos los delitos que se le imputaban hasta entonces al otrora empresario no sumaban más de 3 a 5 años de cárcel.
A esto se suman los reiterados rechazos del juez Muñoz a otorgar la libertad a Claudio Spiniak.
Hasta ayer viernes, el ministro aún no resolvía la petición de la defensa de Spiniak, aunque en todo caso en las colectividades sostuvieron que difícilmente la solicitud del empresario será acogida.
Los argumentos de Hermosilla
Pero más allá de los motivos que pudieron pesar para que la defensa de Claudio Spiniak solicitara la incompetencia de los partidos políticos en el caso, los argumentos presentados en el escrito sostienen que los partidos persiguen "objetivos políticos, orientados a legitimar el sistema democrático como forma de organización del Estado. Todos sus fines, en consecuencia, son de carácter general (orientados a la obtención del bien común) y, por lo mismo nunca podrán ser particulares".
A esto añaden que la Constitución delimita las actividades que pueden realizar los partidos políticos señalando que "no podrán intervenir en actividades ajenas a las que le sean propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana". A juicio de la defensa de Spiniak, "esta disposición constitucional, por la forma negativa en que está redactada, debe ser interpretada a contrario sensu, es decir, los partidos políticos sólo podrán intervenir en las actividades que le son propias".
"Por lo tanto, los partidos políticos sólo pueden desenvolverse o actuar en el ámbito que les es propio y que está legalmente definido, de modo que no se trata de una materia que es opinable, sino que por el contrario, perfectamente dilucidada", insiste la defensa.
Aludido responde
Uno de los aludidos por esta presentación, el Partido por la Democracia, decidió contestar el escrito de la defensa argumentando que esta petición debe ser rechazada debido a que no existe una prohibición especial para que un partido político participe de una acción penal pública.
El PPD hizo su defensa en base a principios jurídicos como, por ejemplo, que "si la ley no distingue, nosotros tampoco podemos distinguir", aludiendo así que no existe en ninguna parte una prohibición especial para que los partidos políticos no participen de una acción penal pública, como es el caso Spiniak.
A esto, agregan, que "las excepciones en derecho no se presumen" y que por lo tanto "no puede por la vía de una presunción, además de inexistente, antojadiza, privar a mi representada (la colectividad en cuestión) de su calidad de querellante".
En la defensa por continuar como querellante, el PPD señaló que el argumento de los representantes de Spiniak en el sentido de que "interponer querellas criminales y sostenerlas en el tiempo, no constituye una actividad propia de un partido político", la colectividad sostuvo que "la ley le impone a mi representada la carga de buscar el bien común, conteniendo en ese principio el de buscar la justicia y la recta y rigurosa aplicación de la ley".
