El ministro Alejandro Madrid buscaba a través de esa diligencia, saber qué tipo de especialistas, como médicos y veterinarios, estaban adscritos no sólo a la Inteligencia de la época, sino también al laboratorio de guerra bacteriológica que recientemente descubrió y que funcionaba en calle Carmen 339.
El Ejército se escudó en el artículo 144 del Código de Justicia Militar, referido a la seguridad del Estado y la Defensa Nacional, para no entregar el listado de agentes de la Dirección de Inteligencia de Ejército (DINE) desde mediados de los años 70 hasta 1982, al ministro en visita Alejandro Madrid, que sustancia el proceso por la misteriosa muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
Esta fue parte de las respuestas que la institución castrense brindó a los oficios enviados por el magistrado, quien pidió conocer esta relación de nombres, necesarios para desentrañar si especialistas tales como médicos, veterinarios, químicos y bioquímicos, estaban adscritos a la Inteligencia de la época y al mismo tiempo encuadrados en el secreto laboratorio de guerra bacteriológica que el Ejército tenía en calle Carmen 339.
Desde este lugar, se sospecha, pudo haber salido la toxina que habría envenenado a Frei. Sobre la existencia de este recinto, el Ejército aseguró no tener antecedentes.
La decisión del Ejército de no entregar los nombres de sus agentes, en todo caso, no es nueva, aun cuando está apegada al ya mencionado artículo que entrega la decisión al Comandante en Jefe de entregar o no dichos antecedentes. En este caso, el general Juan Emilio Cheyre.
"Sin embargo, si la autoridad requerida considera que su remisión puede afectar la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, podrá rehusarse a ella", reza el inciso segundo del artículo 144 del CJM.
Es tan dura esta norma para la labor de investigar de los jueces, que incluso si el Ejército se los hiciera llegar, Madrid debería armar un cuaderno secreto e incluso podría decretar que las audiencias donde se pudieran ventilar estos datos no fuera públicas.
Además, todas las personas que tomaron conocimiento de los antecedentes están obligados a mantener el secreto de su existencia y contenido, aún cuando exista una sentencia a firme y ejecutoriada en un proceso.
Pero no es el caso de Madrid, quien en todo caso podría elevar su solicitud a la Corte Suprema, entidad superior que debiera resolver si el Ejército debe o no entregar lo pedido por el ministro.
Sin embargo, éste tampoco es el camino elegido por el magistrado, dijeron fuentes ligadas a la investigación. Básicamente, porque la Suprema ya había resuelto sobre el particular, pero en el caso Tucapel Jiménez, cuando el entonces ministro en visita Sergio Muñoz, solicitó los mismos listados. Aunque Muñoz, el 2000, eligió otro camino. Pidió los listados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y junto a un grupo del Departamento Quinto de Investigaciones, comenzó a eliminar los nombres de las personas que no podían haber participado en la muerte del líder sindical.
Junto a este trabajo y las pruebas documentales, sumadas a las declaraciones de otros ex agentes de la DINE, el magistrado logró aclarar este episodio ocurrido la madrugada del 26 de febrero de 1982, poco más de un mes después de la muerte de Frei en la clínica Santa María.
Recordemos que hace un par de semanas, la senadora Carmen Frei, hija del ex Mandatario, pidió públicamente al Ejército, en una conferencia de prensa realizada en la Cancillería, que le ayudaran a esclarecer los hechos relacionados con la muerte de su padre. Lo mismo hizo su abogado, Alvaro Varela. Lo que va quedando claro es que el descubrimiento del ministro -es decir, el laboratorio de guerra bacteriológica de calle Carmen 339-, no produce sonrisas, sino más bien preocupación y negativas de parte del Ejército.
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