Aunque el ministro Juan Guzmán, que investiga la Operación Cóndor, ya tiene en sus manos los tres informes médicos sobre el estado de salud de Augusto Pinochet, luego que esta tarde recibiera el elaborado por el perito Jorge Tapia, ha comenzado a cobrar relevancia la percepción que tuvo el juez Sergio Muñoz cuando interrogó al ex militar. Oscar Aitken, albacea del ex jefe militar, declaró el martes en la Brilac.
Pese a que el perito Jorge Tapia Illanes, designado por el ministro de fuero que investiga la Operación Cóndor, Juan Guzmán Tapia, entregó esta tarde su informe sobre la salud física y mental del general en retiro Augusto Pinochet Ugarte, comenzó a cobrar relevancia la afirmación hecha por el ministro Sergio Muñoz en la declaración que tomó al ex militar en el caso de las millonarias cuentas detectadas a su nombre en el banco Riggs de Estados Unidos.
Cuando Muñoz interrogó a Pinochet por las cuentas bancarias, a comienzos de agosto, observó que el estado de salud mental del ex militar es muy distinto al que evidenció ante el juez Guzmán en la indagatoria a la que lo sometió por su presunta responsabilidad en la Operación Cóndor.
«El tribunal estimó que el declarante se encontraba lúcido, recordando hechos en general, aunque no en detalle», escribió Muñoz en la última parte del testimonio que, entre otros detalles, reveló también que las millonarias cuentas eran producto de «ahorros de toda una vida de trabajo».
Aunque el plazo para que los tres peritos que examinaron a Pinochet entregaran sus informes vencía el viernes pasado, el juez Guzmán resolvió dar un plazo de una semana al perito Jorge Tapia, quien recomendó practicarle un escáner, entre otras pesquisas, al retirado militar.
Más allá de los informes que cada experto le debe entregar al ministro, éste último se reunirá con los tres especialistas para que alcancen un acuerdo y, sobre esa base, generar una conclusión común.
Al contrario, si no hubiese consenso entre los facultativos, Guzmán tiene preparadas ya citaciones para otros peritos, con el fin de poder contrastar opiniones. Con todo, el informe médico no es vinculante para las decisiones de un juez en esta materia, sino sólo una guía para resolver.
Avances en el caso Riggs
Pero más allá del resultado de los exámenes médicos, que podrían sellar el futuro procesal de Pinochet en la Operación Cóndor, en el Riggs las diligencias avanzan rápidamente.
El martes el albacea y abogado de confianza de Pinochet, Oscar Aitken Lavanchy, declaró por varias horas en la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones, ubicada en el cuartel central de la institución.
Fuentes cercanas a la investigación dijeron que Aitken declaró no sólo en el marco de la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el que está vinculado al fraude al tributario que se le imputa a Pinochet, sino también a raíz de una orden dada por el propio Muñoz.
Básicamente los puntos que tocó Aitken en su testimonio fueron la labor que le cupo en la creación de empresas en paraísos fiscales donde Pinochet ocultó sus bienes para evitar que el juez español Baltasar Garzón se los embargara en 1998, cuando estuvo detenido en Londres, como también al tratar de establecer los orígenes de esos fondos.
Este último punto es crucial en la investigación, porque la tesis del CDE, que es parte denunciante en el juicio, sostiene que dichos activos provendrían por comisiones de compra y venta de armas, cuestión que podría complicar el escenario jurídico de Pinochet y su familia, pues le podría otorgar una agravante al delito de fraude tributario que le imputa el SII.
Un documento elaborado por el Senado estadounidense precisó que Pinochet depositó durante ocho años hasta US$ 8 millones en el banco Riggs, el cual además le permitió transferir US$ 1,6 millones desde cuentas congeladas, mientras estaba detenido en Londres.
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