Acusaciones contra ministros están a la orden del día y son quizás la mejor forma que han encontrado parlamentarios y grupos de interés para protestar contra el gobierno de Lagos. Este mes es el turno de los titulares de Salud, Agricultura y Justicia, quienes enfrentan diversas amenazas en su contra.
En menos de un mes, tres ministros del gabinete de Ricardo Lagos han sido cuestionados por su desempeño. El ministro de Justicia, Luis Bates, por la forma en que su cartera ha tramitado los indultos presidenciales. El titular de Agricultura, Jaime Campos, por haber incluido como indicación un polémico decreto que permite la tala de especies protegidas en el proyecto de ley de Bosque Nativo y el ministro de Salud, Pedro García, por la falta de "voluntad política" para llevar adelante el proyecto que restringe el consumo del tabaco en Chile.
Así, los diputados de RN y la UDI, tomaron respectivamente como "presa" a Luis Bates, contra quien presentarán una acusación constitucional la próxima semana. Los ambientalistas, representados por la Fiscalía del Medio Ambiente optaron, en tanto, por demandar en los tribunales a Campos. Y los diputados del PS, Fulvio Rossi y Enrique Accorsi, pese a pertenecer a la Concertación, señalaron que era factible presentar una acusación constitucional contra García.
Visión del Gobierno
Para el ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, todas estas situaciones son distintas. En el caso de Pedro García, plantea que las críticas más bien corresponden a los avatares de la "política" y a la forma que han escogido los parlamentarios para demostrar su descontento, que a cualquier otra cosa. "Esto es así y no hay que llorar por ello", sostiene.
Vidal señala que "en el mismo nivel o categoría" queda la demanda que grupos ambientalistas, encabezados por el abogado Fernando Dougnac, presentaron contra el ministro de Agricultura. Pero distinto es el caso del ministro de Justicia, Luis Bates, que sí será acusado formalmente.
En ese adverso escenario, explica que la primera estrategia para sobrellevar dicha carga es a través de una clara separación y deslinde entre los bandos en pugna.
"Como Gobierno, hay que tener una relación institucional con el parlamento, haciendo una desagregación. Donde una cosa son los parlamentarios de oposición que están haciendo su pega, fiscalizando o criticando. Y otra cosa son nuestros parlamentarios, donde debemos poner más empeño. Porque de lo que se trata, es de que en vez de llegar a una acusación constitucional o a una amenaza de ese tipo, la idea es tratar de dialogar con los diputados o con los partidos para que los problemas se resuelvan a tiempo", dijo Vidal, quien desestimó que las acusaciones contra los ministros constituyan un problema de envergadura para la Concertación.
La postura de Chile 21
Opinión distinta tiene el cientista político y militante socialista de la fundación Chile 21, Francisco Javier Díaz, quien sólo coincide con Vidal en que "es bueno separar y distinguir los casos de acusaciones". Puntualiza que "hay dos que son de la sociedad civil y uno que es absolutamente político".
Para Díaz el caso "político" sin duda es el del ministro Bates, que tiene su origen en que "la derecha vio que las cifras de la delincuencia no le estaban dando el rédito que pensaban. Sobre todo porque sus alcaldes han tenido los peores desempeños en esa materia, en circunstancias de que habían prometido acabar con el flagelo. Entonces se dan cuenta que la delincuencia necesita caras y que las caras no son las cifras y recurren al tema de los indultos".
Sobre los casos de Salud y Agricultura, hace una lectura conjunta. "Esos temas son distintos. Estamos viendo que desde 1996 a la fecha cada vez hay más gente -que incluso siendo de la Concertación- no tiene reparos en acusar al ministro respectivo por una falta grave. Eso lo veo más como fenómeno. Porque son grupos que muchas veces tienen mayor credibilidad que la de un político", asegura.
Este investigador de Chile 21 añade que los tiempos que se viven son muy distintos. "Hace ocho años el gobierno implementaba políticas y no invitaba a nadie a conversarlas. La primera voz de alerta en esa línea la dio Ralco".
Por ello y para anticiparse a los conflictos señala que es necesario un «llamado de atención» de parte del ministro del Interior, José Miguel Insulza, como jefe de gabinete. "Siempre es bueno exigir más rigurosidad y coordinación, es parte esencial de una coalición de gobierno" y agrega que frente a estos temas "existe la necesidad de profundizar la política de participación ciudadana, para fortalecer los mecanismos institucionales donde debe participar la sociedad civil".
Pero Díaz advierte que los grupos de la sociedad civil no pueden esperar que se les concedan todas sus demandas. "La autoridad no puede ser presa de los grupos de interés. Porque por muy legitima que pueda ser su demanda, a veces el bien común obliga a que se tomen medidas en detrimento de un grupo de interés dado. La participación tiene que estar balanceada. Hay que darle el efectivo cauce para que participen y opinen de manera vinculante, pero a la vez hay que resguardarse para no ser capturados en su beneficio personal".
Monckeberg: No están haciendo su tarea
Por su parte, el diputado de RN, Nicolás Monckeberg, quien se ha encargado de cuestionar al ministerio de Justicia por su rol en el tema de los indultos, señala que la única lectura que hace de las acusaciones contra los ministros es que "estos no están cumpliendo con sus tareas". Explica que cuando hay una acusación, como la que han anunciado, «es porque hay hechos graves que demuestran que los ministros no están cumpliendo con las leyes".
El diputado está conciente de que una acusación constitucional se gana por mayoría simple y que los votos que necesitan no están en la Cámara de Diputados donde la Concertación es mayoría. Sin embargo, cree que igual hay que "dar la pelea".
"Si cada vez que haya que hacer algo correcto, uno piensa que la Concertación va a votar en contra sin analizar el mérito de la acusación uno no podría hacer nada. Uno siempre tiene la esperanza que la gente de la Concertación no vote en bloque y no se deje llevar por sus asuntos políticos y vote de acuerdo al mérito. Votar en contra del ministro Bates es decir que estamos de acuerdo en la forma que el ministro ha indultado a los narcotraficantes", sostuvo el diputado.
Al cierre de esta nota, las declaraciones del parlamentario contra el ministro de Justicia subieron de tono. Luego que éste le bajara el perfil a la acusación calificándola como una acción de política «pequeña». El diputado de RN no dudó en enviarle una dura advertencia: «Le recomiendo que no intente bajar el perfil a la acusación, ni que tampoco esté tan tranquilo, porque lo que hizo fue infringir las leyes fundamentales que regulan el servicio público».
