Con la normativa de regreso en el ministerio, se abre un nuevo escenario para que el Colegio de Profesores, la Asociación Chilena de Municipalidades y el ministerio de Educación, reactiven la mesa de trabajo »tripartita», que podría zanjar las diferencias en torno al controvertido documento.
La Contraloría General de la República resolvió rechazar el reglamento sobre evaluación docente enviado por el ministerio de Educación a comienzos de septiembre. La decisión fue adoptada el martes y en la práctica significa que el texto legal será "devuelto" a más tardar hoy al departamento jurídico de ese ministerio, sin la "toma de razón" respectiva, lo que constituye un serio revés para la cartera encabezada por Sergio Bitar.
Este nuevo escenario abre un flanco para que el Colegio de Profesores, la Asociación Chilena de Municipalidades y el ministerio de Educación, reactiven la mesa de trabajo "tripartita" que pueda zanjar las diferencias en torno al polémico documento, que según el Magisterio y los alcaldes no se ajusta a los acuerdos adoptados en junio de 2003 por esa instancia.
A principios de octubre, el presidente del Colegio de Profesores, Jorge Pavez, junto al representante de la Asociación Chilena de Municipalidades, Sadi Melo, manifestaron la necesidad de restaurar la mesa y continuar con el diálogo.
En la oportunidad, Pavez reiteró que "el ministerio no respetó el reglamento consensuado y envió uno distinto a la Contraloría. Lo que ha provocado una gran tensión al interior del Magisterio".
A su turno, Sadi Melo, alcalde de El Bosque, valoró la existencia de la evaluación docente, pero dijo que ni en la ley, ni en el reglamento se plantea claramente el tema del financiamiento del mismo, "lo que resulta preocupante".
Consideración a los argumentos de los profesores
La necesidad de contar con la reglamentación obedece a que la ley 19.961 sobre evaluación docente -publicada el 14 de agosto de 2004- contempla un plazo de 120 días para que se dicte una normativa que regule el proceso.
El texto fue ingresado el 3 de septiembre a Contraloría y se le asignó una fecha probable de salida el 24 del mismo mes. Sin embargo, el análisis ha tomado más tiempo del presupuestado, por lo que el reglamento seguirá en "trámite".
De acuerdo a la información obtenida por El Mostrador.cl la devolución del documento al departamento jurídico del ministerio, incluye una serie de "consultas", que vendrían a corroborar las aprehensiones que ha manifestado constantemente el Colegio de Profesores y que el gremio estampó en una carta dirigida al contralor el 8 de octubre.
En la misiva firmada por Jorge Pavez, se expresa que "nuestra institución está recibiendo constantes reclamos de docentes municipales del país, a quienes se está sometiendo a un proceso de evaluación, reglado por una normativa interna, elaborada por funcionarios del ministerio de Educación quienes han creado plazos, organismos, procedimientos, e incluso instancias de "apelación", sin el soporte reglamentario, correspondiente que el legislador ha dispuesto para ejecutar en la práctica".
Pavez argumenta que "el citado reglamento no puede, por la vía de la retroactividad, justificar la falta de oportunidad de su dictación y establecer la más amplia discrecionalidad administrativa, para el proceso de evaluación 2004, máxime si se generan con dichas actuaciones efectos jurídicos negativos para los afectados".
Al margen de las consideraciones anteriores los docentes han señalado que no se puede participar en el proceso hasta que los siguientes temas queden debidamente consignados en el reglamento: indemnización para aquellos educadores que sean catalogados como "insatisfactorios" luego de tres evaluaciones; el derecho a apelación, y las causales para eximirse de la evaluación".
Sólo un 20 por ciento
El sistema de evaluación al desempeño docente involucra sólo a los docentes que se desempeñan en el área municipal, donde al cabo de cuatro años el profesor puede ser ubicado en cuatro categorías que indican su nivel de desempeño: destacado, competente, básico o insatisfactorio.
Los docentes que registren un desempeño básico e insatisfactorio recibirán apoyo especial para que puedan superar, en el menor plazo posible, los puntos más críticos de su desempeño, de acuerdo a las recomendaciones que se les entreguen.
En tanto, quienes sean calificados en un nivel insatisfactorio deberán someterse a una nueva evaluación en un plazo de un año para constatar los avances.
Este año y según cifras entregadas por el ministro de Educación, Sergio Bitar, sólo un 20 por ciento de los profesores se sometió al sistema calificando la oposición del gremio como un «daño a la educación pública y una vergüenza nacional». Sin embargo, el proceso de este año era de carácter voluntario y sólo a partir de 2005 es obligatorio.
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