La importancia de que una copia del sumario esté en Chile radica en la gran cantidad de información nueva que maneja desde ahora el juez Alejandro Madrid, sobre todo la vinculada a la colaboración que dieron los agentes uruguayos a sus pares de la DINE para mantener oculto a Berríos, como también para encubrir su muerte.
Tras once años de espera, la justicia uruguaya envió por fin a Chile una copia íntegra del expediente iniciado en la localidad de Pando, por la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, y que alcanza a poco más de las mil 500 fojas.
Este hecho revela el cambio de actitud en el país atlántico respecto a los oficiales de inteligencia que participaron en estos hechos -a saber, Eduardo Radaelli, Wellington Sarli y Tomás Casella-, como asimismo el nivel de cooperación que el juez Pedro Salazar logró con su par chileno, Alejandro Madrid, en momentos en que se tramita un juicio de extradición que busca traerlos a Chile para que sean notificados de su procesamiento por asociación ilícita y cumplan la pena.
La importancia de que una copia del sumario esté en Chile radica en la gran cantidad de detalles nuevos que maneja desde ahora el ministro Madrid, sobre todo los vinculados a la colaboración que dieron los agentes uruguayos a sus pares chilenos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) para mantener oculto a Berríos, y también para encubrir su muerte.
De acuerdo a los antecedentes recopilados por El Mostrador.cl, los suboficiales de inteligencia uruguayos entregaron una serie de detalles al juez que comenzó tramitando esta causa en 1993, Alejandro González, los que servirán al ministro Madrid para engrosar la convicción de que existió una asociación ilícita entre los ejércitos de ambos países para evitar que Berríos declarara en el caso Letelier, a principios de los 90.
Pero el ministro Madrid ha seguido recabando antecedentes para el proceso. Por eso es que incluyó en la causa el libro del general uruguayo, Oscar Pereira, titulado "Recuerdos de un Soldado Oriental del Uruguay", para conseguir mayores informaciones de lo que fue la operación vinculada a Berríos.
Paralelamente, ayer el ministerio de Relaciones Exteriores formalizó a través de la embajada de Chile de Uruguay, la contratación de un abogado para que represente los intereses del Estado chileno en el juicio de extradición que se tramita en ese país, contra los mencionados militares.
Historia y procesados
Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a través de Monte Aymond, en Punta Arenas, primero con destino a Argentina, desde donde luego fue trasladado a Montevideo, Uruguay. En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, cuando Berríos intentó escapar desde la casa en la que permaneció recluido en el balneario de Parque del Plata, cerca de la capital uruguaya. Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza.
Por estos hechos están encausadas las siguientes personas, casi todos ex miembros de la DINE:
Por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli.
Por el mismo delito fueron encausados también el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán.
En tanto, el ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli.
El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo (R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde el ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, estuvo secuestrado en Uruguay.
En tanto, le agregó un segundo delito a Eugenio Covarrubias, y le imputó el delito de secuestro con homicidio.
También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal -la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial en retiro Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial, Erika Silva.
Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y a Eugenio Covarrubias.
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