Si bien la evaluación que se hace en lo que va de la campaña municipal es positiva, admiten que la normativa es difícil de aplicar en la práctica por la burocracia que conlleva. De allí que planteen que para conocer sus fallas habrá que esperar hasta después del 31 de octubre.
Las elecciones municipales de este domingo son muy distintas a las anteriores, por una serie de razones. Por un lado, porque los comicios comunales nunca habían sido tan disputados como ahora; pero también por motivos bastante más prácticos. En esta ocasión debutan dos normativas, la elección separada de alcaldes y concejales, por un lado, y la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, por el otro. Todo un reto.
Respecto de la segunda ley, en todos los sectores coinciden es que es burocrática y engorrosa, difícil de aplicar. Esto, aunque los partidos políticos participaron en su elaboración. En la oposición, el presidente de Renovación Nacional, Sergio Diez, pese a defender algunos aspectos de la normativa, reconoció que "el sistema que tiene es casi impracticable de fiscalizar en su totalidad".
De allí que, en su opinión, haya que esperar hasta después de que la iniciativa efectivamente sea estrenada para plantear las modificaciones que requiera. Estima, además, que el director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García, tendrá la primera palabra en ello, pues es quien comprobará in situ los problemas de la nueva legislación y también sus aspectos más positivos.
En Renovación Nacional estiman, sin embargo, que esta nueva ley ha cumplido, en lo que va de la campaña municipal, sus principales objetivos que apuntan, por una parte, a fijar el límite al gasto y, por la otra, financiar las campañas con aportes del Estado. Huelga decir que este aspecto fue bien recibido por los partidos políticos, pero no tanto por el electorado. Pese a ello, en la tienda de Diez plantean que gracias a ello han llegado recursos a las colectividades y también le llegarán, en su momento, a los candidatos.
En cuanto al límite del gasto, el secretario general de la colectividad, Cristián Monckeberg, asegura que, al menos en Renovación Nacional, los postulantes se han preocupado de cumplir con los límites al gasto, de obedecer esta exigencia y de llevar un registro. No obstante, aclara que para saber si efectivamente se cumplió con ello o no, sólo habrá que esperar hasta después de las elecciones.
Así, lo cierto es que al menos en esos aspectos la normativa ha cumplido su función, hasta ahora. Sin embargo, un poco más drástico que el timonel del partido, plantea que "tiene un montón de pifias que hay que arreglar". Pero éstas tienen que ver más bien con el sistema que se aplica en la ley para retribuir los recursos a los candidatos. A su juicio es engorroso, ya que los postulantes tendrán que dejar las facturas pendientes de pago hasta enero -explica- y que recién a esa altura el Servicio Electoral le pagará al proveedor. En este sentido, señaló que no será a través de un reembolso que los candidatos reciban los recursos estatales, lo que podría haber sido menos burocrático; "ese tipo de cosas hay que irlas mejorando", dice.
Esto, porque el "drama", asegura, se va a producir después del 31 de octubre, ya que "el responsable final es el tesorero nacional de cada partido, de las rendiciones del partido y de cada uno de los candidatos. Y cada candidato tiene que llevar su propia contabilidad y rendirla al partido y el partido presentarla (al Servicio Electoral), a la vez de lo que van a rendir ellos directamente. Y si no hay rendiciones como la gente, empiezan las multas. Y el problema va a ser con los candidatos que pierdan. ¿Usted cree que un candidato que pierda y que quede enojado va a ir a hacer una rendición al partido?. Ahí está el problema", grafica Monckeberg.
Sanción electoral
En todo caso, un aspecto de esta nueva ley que ya ha recibido críticas es el que dice relación con las sanciones que se reducen a multas en dinero, para el candidato o partido que no cumpla y rebase el límite de gasto establecido por la ley, y también existe el tema de los reclamos que pudieran presentarse después de la elección, que no tienen sanción electoral. Sobre esta materia, en opinión de Monckeberg, "la sanción verdadera y real, para que esta cuestión funcione, es la sanción electoral". Para el dirigente esa sería "la más efectiva", porque ante la amenaza de quitarle los votos, se asegura que el candidato cumpla.
A pesar de todo, el timonel de RN cree que no es conveniente anticiparse al análisis de los efectos de la ley "hasta no tener la experiencia completa de esta elección y no ver cuál es el resultado de la burocracia contable que crea la ley, en que está envuelto el director del Registro Electoral, los tesoreros de los partidos, los administradores de cada uno de los candidatos y las cuentas que cada uno de éstos tiene que rendir".
"Antes de dar una opinión sobre la ley, yo le diría que, en general, ha cumplido su finalidad básica, pero la forma de su funcionamiento hay que verla después y, sobre todo, después hay que oír la opinión del director del Registro Electoral, porque es él el que tiene que controlar todo (…) De manera que después que se concrete el sistema hay que ver dónde están las fallas. Porque el sistema es casi impracticable de fiscalizar en su totalidad", afirma el máximo dirigente de Renovación Nacional.
Mientras tanto, desde el interior del partido también existen críticas a los montos establecidos por el Estado. De hecho, el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, señaló que con los límites impuestos los candidatos pueden incurrir en un gasto mucho mayor, porque ahora será el Fisco el que pague las campañas.
Intervención gubernamental
En la UDI, en tanto, parten de la base de que hay que esperar la aplicación de la normativa antes de plantear qué es lo que se le debe modificar.
Sin embargo hay un aspecto de la nueva ley que siempre ha preocupado al gremialismo. Este es el dice relación con la intervención electoral de parte del Gobierno de turno. Aunque esta postura de la UDI no es nueva, ya que cuando se debatía la iniciativa manifestaron sus aprensiones en tal sentido.
Todo indica que durante esta campaña municipal sus temores se cobraron mayor fuerza, en base al accionar de la administración Lagos. Ello porque en la UDI estiman que el Gobierno ha intervenido «descaradamente» en este porceso, en beneficio de los candidatos oficialistas al municipio.
Tanto es así que ayer el presidente de la colectividad, senador Jovino Novoa, señaló que el Gobierno no puede usar su «poder» con fines partidistas, cosa que el gremialismo ha denunciado desde el inicio del proceso electoral, con miras a las elecciones municipales de este domingo. A juicio del timonel gremialista eso es lo que ha hecho la autoridad durante esta campaña, contraviniendo lo que se espera del Gobierno.
«Nunca, en la historia de Chile, se había producido una intervención electoral del Gobierno más descarada como la que hemos visto los últimos días. Nunca un presidente de todos los chilenos había hecho un llamado tan sectario, como es pedir no votar por una persona por elsólo hecho de no ser militante de su partido o de su colaición», sostuvo Novoa, aludiendo a la mención del Presidente Lagos de que votar por Pedro Sabat (RN) -alcalde de Ñuñoa- era votar en contra de su gobierno.
De allí que la aspiración de la UDI apunte más bien a agregar a la normativa medidas que apunten a evitar y sancionar, de ser necesario, la intervención electoral de parte del gobierno de turno.
Pese a ello, Novoa fue enfático en señalar no se debe cuestionar la ley cuando aún no se ha terminado de aplicar, pues sus defectos sólo se verán concluido el proceso eleccionario.
Entonces, habrá que esperar el resultado de la aplicación de la normativa para observar con argumentos concretos los aspectos positivos y negativos que conlleva y, a su vez, los ajustes que requiera.
