Miembros de la comisión se reúnen este miércoles para decidir cómo enfrentarán esta crucial conclusión, aunque ya se habla de un «tono» conciliador, aunque no menos fuerte desde el punto de vista de las FFAA. Ayer, Cheyre se adelantó al texto y habló de la responsabilidad de los mandos en casos de DDHH.
Diferencias y contradicciones respecto a si la tortura fue una política institucional o sólo responsabilidad de los mandos, como también la forma y el "tono" que tendrá la redacción final del texto, es el último escollo que deben salvar los miembros de la Comisión Nacional sobre Política y Tortura -también llamada Comisión Valech- para definir las conclusiones del esperado informe sobre este conflictivo tema que recibirá y dará a conocer a la nación el Presidente Ricardo Lagos. Porque más allá de los trascendidos de prensa, en cuanto a que el documento está "listo" y "se mandó a imprimir", lo cierto es que sus integrantes recién terminarán esta labor el miércoles 2 de noviembre.
Una fuente que participa de este complejo proceso de elaboración, dijo a El Mostrador.cl que los integrantes aún no llegan a un acuerdo sobre este punto, que sin duda será crucial en la proyección política, histórica y jurídica de este documento que ya suena como el Informe Rettig 2.
Hasta ahora, de acuerdo a la fuente, lo más probable es que se use un lenguaje conciliador que tienda un puente entre ambas realidades; es decir, definir a la tortura como una política institucional -porque los patrones y rutas se repiten-, pero producto no de una doctrina oficial de las Fuerzas Armadas sino de la responsabilidad específico de ciertos mandos: en otras palabras, una retroalimentación.
Pero más allá del acuerdo al que lleguen o no los "cerebros" de la Comisión, el impacto judicial que podría tener este informe es un tema hasta ahora no tocado, aunque sí se han deslizado algunas líneas de acción entre los abogados de derechos humanos. Primero, porque este informe puede ser usado, por ejemplo, en distintas querellas que se tramitan en tribunales, tal como se ha hecho hasta ahora con el informe Rettig.
De hecho, el libelo más grande en esta materia lo sustancia la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, precisamente sobre el delito de tortura de varias decenas de personas en contra de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), y este caso podría ser el del estreno en sociedad de este documento.
En tanto, existe molestia entre miembros de la Comisión con el historiador Manuel Vicuña, quien fue el encargado de dar contexto histórico al documento, en relación con los testimonios que se fueron acumulando.
La situación surge porque Vicuña entregó detalles sobre el informe y adelantó conclusiones que aún no están totalmente redactadas en la última edición de la revista Qué Pasa, pero sobre todo por un compromiso de confidencialidad que adoptaron quienes han trabajado en él.
Originalmente se tenía previsto que el informe sería entregado a Lagos el lunes 8 de noviembre, pero el viaje del Mandatario a Brasil hará que este significativo acto se postergue por unos días .
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