El informe que recibirá en los próximos días el Presidente Lagos desecha la tesis que hace algunos días impusiera el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, en cuanto a que hubo «algunos mandos» que olvidaron la regla de cumplir con su deber. Al contrario, se trató de una política de Estado y permanente en el tiempo.
"La tortura fue una conducta regular durante el régimen militar". Esta es la principal conclusión del informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura que será entregado en los próximos días al Presidente Ricardo Lagos, y que fue terminado por los especialistas en el tema recién el pasado miércoles.
En otras palabras, los atropellos a los derechos humanos fueron una política institucional y no de hechos ejecutados por los mandos o "algunos mandos", como dijera el general Cheyre en su reciente discurso al cerrar el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), esta semana, como un estratégico avance para lo que se venía.
Este hecho implica un reconocimiento de parte del Estado y del gobierno de Ricardo Lagos a una realidad que, en todo caso, ha ido quedando plasmada en distintos procesos por violaciones a los derechos humanos y que fue la tesis sostenida durante toda la democracia y la dictadura militar por los abogados que defendían a personas que se veían afectadas o bien desaparecían por la acción de los servicios de seguridad.
Sin embargo, el hecho de que una comisión conformada por el gobierno entregue este tipo de información en un informe escrito, como lo fuera el informe Rettig durante el gobierno de Patricio Aylwin, a principios de los 90, tendrá directa relación en los juicios que se tramitan actualmente en los tribunales.
Entre ellos, la megaquerella por el delito de tortura contra más de un centenar de agentes de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), que sustancia la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic.
Pero no es lo único que contiene el informe. También habla del perfil de las personas que sufrieron con este tipo de hechos, en una división etárea, como también de sexos.
También los miembros de la comisión entregan descripciones detalladas y crudas del tipo de tortura que se aplicaban regularmente. Las más usadas fueron las palizas, como también la corriente eléctrica y las amenazas.
Recordemos que hasta antes del pasado miércoles los miembros de la comisión no tenían claro cómo y con qué tono se redactarían estas conclusiones en los puntos más sensibles, como por ejemplo, si fueron los mandos los que torturaron sin autorización o si bien se trató de una política institucionalizada. Finalmente, primó esta última, por la sencilla razón de que los testimonios de las más de 36 mil personas que llegaron hasta la comisión, así lo indicaban.
Ahora falta que el gobierno analice los pasos a seguir en términos de reparación a las víctimas y fije un día para darlo a conocer oficialmente.
La principal complicación del informe será para el Ejército, principal institución responsable de estos hechos, aunque el resto, como Carabineros, la Armada y la FACh, no se quedan tampoco atrás.
La conclusión del informe confirma de esta forma los argumentos esgrimidos por el abogado Luis Valentín Ferrada, ante la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema, en el marco de los alegatos en el caso del desaparecido del MIR, Miguel Angel Sandoval. En la oportunidad, el profesional dijo que su cliente, el brigadier (R) Miguel Krassnoff, había usado los métodos de tortura que aprendió en el Ejército, los que fueron finalmente validados por autoridades civiles y militares desde los 50 hasta los 70.
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Columna de opinión publicada el 05.11.04: De acuerdo, general, por Santiago Escobar, especialista en temas de Defensa (4-11-2004)
